Tutelan Concejo de Ortega por ‘hundir’ consulta popular

ARCHIVO - EL NUEVO DÍA
Una acción de tutela en contra del concejo de Ortega es una de las medidas que adelantó el comité ambiental ‘El agua es vida’, para revivir la consulta popular en contra la explotación minera y la extracción de crudo.

Jhon James Ducuara, demandante y vocero del comité promotor, explicó que la acción se interpuso ante el Tribunal Administrativo del Tolima el 19 de enero y que se fundamenta en “la violación al derecho fundamental al debido proceso y a la participación ciudadana, teniendo en cuenta que la consulta es una iniciativa por firmas”.

 

Argumentos

En lo que corresponde a la participación ciudadana, el ambientalista recordó que el censo electoral en Ortega es de 24 mil ciudadanos y que en firmas recogieron más del 20 por ciento, por lo que la Corporación debía adelantar los trámites necesarios para que la consulta se llevara a cabo.

“Estamos diciendo jurídicamente que el concejo violó el debido proceso y no debió nunca haber hundido la consulta popular”.

Y en cuanto a participación ciudadana, Ducuara agregó que es un derecho que está constitucionalmente reglamentado.

Sobre la pregunta que no pasó, el ambientalista indicó que por ley deben ser generales y que así ha quedado en los municipios en donde se hizo dicho ejercicio democrático.

“En el caso de la minería era una pregunta que se acomodaba a lo que el Tribunal ha dejado en los otros municipios, o sea, que estamos actuando de acuerdo con lo establecido en la ley”.

En cuanto a las actuales preocupaciones ambientales que tienen las comunidades campesinas e indígenas, además de las operaciones continuas de Hocol, está el hecho de que Anglogold Ashanti tendría cuatro concesiones mineras en territorio orteguno.

 

Denunciados

De manera paralela, se denunció ante la Justicia Especial Indígena a los cabildantes Abel Yate y Camilo Montoya, ambos pertenecientes al partido Liberal e integrantes del Crit.

Según el ambientalista, el caso fue expuesto ante el Tribunal Indígena del Tolima, “aunque sean concejales, son indígenas y deben obedecer unas leyes, pero las violaron al momento de votar en contra”.

Igualmente, se denunció al alcalde, Benjamín Aponte, por traición al proceso organizativo.

Credito
EL NUEVO DÍA

Comentarios