En el oficio sancionatorio, se explica que Sandra Milena Vergaño y José Heladio Quintero, instauraron una querella ante el Ministerio de Trabajo por el no pago de honorarios por el servicio prestado como enfermera auxiliar y médico de servicio social respectivamente.

Igualmente, se hablaba de una posible tercerización de “actividades misionales permanentes”.

Ante la queja, el Ministerio precisó que no podía intervenir porque no existía una vinculación mediante contrato de trabajo.

No obstante, se pronunció con respecto a la contratación.

Para el caso de Vergaño, fue contratada entre 2015 y 2016 bajo la modalidad de órdenes de prestación de servicio en algunas ocasiones y en otras a través de Profuturo S.A.S., empresa que le quedó debiendo salarios y prestaciones sociales.

Dicha intermediación, al parecer se mantiene con la contratación de personal de enfermería.

Según el abogado Nestor Gregory Díaz, hubo una violación a la normatividad debido a que se vinculó personal de labores misionales por prestación de servicios cuando la ley lo prohibe y dicta que se debe adelantar la contratación de manera temporal, mientras se convoca a un concurso de méritos.

“Y menos como acontece en Piedras a través de una empresa que se llamaba Profuturo S.A.S., contratan con ellos cuando a conciencia y con conocimiento público saben que esa modalidad está totalmente prohibida”, explicó Díaz.

En el resuelve del Auto del 19 de enero de 2018, se precisa que se da un plazo de 15 días para que se rindan descargos y aporten pruebas conforme a lo señalado, igualmente, se advierte que contra la decisión de formulación de cargos no procede recurso alguno.

Hallazgos de la Contraloría

Además de ello, el hospital que es representado por Leidy Johana Vallejo, también habría arrojado de forma preliminar, tras indagaciones de la Contraloría del Tolima de la vigencia 2016, dos hallazgos con alcance fiscal cuantificados por $40 millones 56 mil y dos de orden penal.

Situación que fue puesta en conocimiento del Concejo de Piedras, la Fiscalía la Junta Directiva del centro hospitalario y la Procuraduría.