EL NUEVO DÍA dialogó con Lucía Hernández Restrepo, directora de Entidades Intervenidas y en Liquidación de la Superservicios, para conocer en qué condiciones fue devuelta la Empresa.

Recordó que, cuando se hizo la entrega ya habían sido superadas las causales de originaron la medida, entre ellas, deficiencia en la prestación del servicio asociada con la continuidad, falta de reportes de información ante la Superintendencia y obligaciones financieras pendientes.

“Cuando se levanta una toma de posesión, lo más importante, es que legalmente solo puede hacerse cuando esas causales se dan por superadas y efectivamente, durante todo el proceso de intervención, se adelantaron las gestiones, tanto es así que en 2017 se había superado de una manera importante la situación financiera de la compañía, entregándola con superávit y adicionalmente con un acuerdo a acreedores”, precisó.

La funcionaria expuso que cuando se hizo la intervención, tenía un patrimonio negativo y para el 2016, último corte realizado, las cifras eran positivas por encima de $30 mil millones, igualmente, comentó que antes de la llegada de la Superintendencia el recaudo alcanzaba el 81%, después se logró un recaudo tarifario por encima del 95%.

Hernández Restrepo, resaltó que entre las inversiones adelantadas por la Superservicios estuvo la optimización de la planta de Chicoral, que permitió mejorar la prestación del servicio.

Otra de las precisiones hechas por la Directora, fue que la empresa se entregó sin personal de planta “una de las actuaciones fue adelantar un plan de retiro voluntario con los empleados que tenía la empresa, años antes a que se levantara el proceso de intervención y la operación venía siendo realizada con un operador que tenía 95 personas.

“Entonces al momento de la entrega, lo que existía era el contrato (el cual) se terminó a los dos meses siguientes al que se levantó la toma de posesión, por lo tanto todos los empleados con que cuenta la empresa hoy, fueron vinculados con posterioridad a la intervención de la Superintendencia”.

Hernández Restrepo enfatizó en que no es cierto que se haya entregado una planta de personal con cerca de 100 trabajadores.

Análisis de posible déficit en 2019

La directora de Entidades Intervenidas y en Liquidación de la Superservicios, enfatizó en que desde la entrega de la empresa en 2017 transcurrieron tres años y “en ese sentido se pueden haber presentado una serie de situaciones durante este periodo, que sean de las que puede estar hablando el Alcalde, pero durante el periodo de intervención el panorama es el que estoy informando”.

La funcionaria agregó que la Superintendencia Delegada para Acueducto y Alcantarillado, viene adelantando un análisis de la situación financiera con corte a 2019, “porque se han evidenciado algunas situaciones que es importante revisar como la utilidad, algunos reportes de información en materia de pasivos, costos y gastos y en ese sentido la Superintendencia le hizo un requerimiento en octubre a la empresa, donde le pidió información sobre la situación financiera, la cual ya fue recibida”.

Los datos actualmente están siendo analizados, para tener un panorama claro de la Empresa de Servicios Públicos del Espinal.

“En el marco de vigilancia y control se han venido realizando los análisis correspondientes ante unas inquietudes que se presentaron al cierre de los Estados Financieros de 2019 y efectivamente, la Superintendencia evidencia algunos aspectos que es importante revisar”.

Las inquietudes estarían relacionadas con un aparente déficit al cierre de 2019 “hay una preocupación por los gastos de operación de la empresa es algo que se debe revisar y que debe la empresa del municipio, enfocar sus esfuerzos para que esta se mantenga dentro de unas referencias de eficiencia, para no afectar financieramente la compañía (…).

“A cierre de 2017 los gastos operacionales de la empresa se encontraban en 4 mil millones de pesos y para el 2019 lo que se evidencia es que fueron en el orden de $7 mil millones, entonces en la medida en que los gastos operacionales tengan aumento considerable, el ejercicio financiero de la compañía se puede ver afectado”.

Acuerdos logrados

Tras la intervención quedó vigente un programa de gestión con la empresa, el cual incluye componentes técnicos, financieros y comerciales como mejorar el recaudo y varios compromisos como mantener los indicadores de cobertura y un plan de obras e inversiones. Para ello, la empresa debe apoyarse con los ingresos que están asociados a las tarifas.

En el caso de las acreencias tras la toma de la Superintendencia se llegó a acuerdos favorables con los acreedores. “Las deudas pre-toma estaban por mil 757 millones de pesos, se logró hacer pago de 280 millones de pesos y la diferencia se incluyó en los acuerdos de pago con los acreedores”.

En el caso de las deudas con entidades privadas, se habría acordado un pago único con un descuento del 30%. Mientras que con los acreedores públicos, se decidió hacer pago por cuotas entre el 2018 y 2021.

“Estos son el tipo de medidas que se adaptaron para efectos de que la empresa no tuviera un impacto financiero al momento de levantarse la intervención”.