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Como parte del paquete de medidas adoptadas para enfrentar la pandemia del Covid-19, las entidades de salud del país, tanto públicas como privadas, tuvieron la posibilidad de acceder a millonarios recursos a través del Ministerio de Salud para mantener vacías las camas en unidades de cuidados intensivos e intermedios.
Este pago, que hace parte de los 13 servicios que conforman las llamadas ‘canastas covid’, es manejado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) y busca incentivar económicamente a las instituciones que reportaran disponibilidad o capacidad de las camas.
Para el caso del Tolima, entre junio y noviembre de 2020, la Adres giró a hospitales y clínicas de 13 municipios la suma de $5.680 millones, de los cuales $4.175 millones (73.5% de los recursos) llegaron a manos de entidades privadas. Naturalmente, la mayoría de las entidades prestadoras están ubicadas en Ibagué.
Por monto, la lista de centros de salud beneficiados está liderada por el hospital Federico Lleras Acosta ($1.140 millones), Clínica Traumanorte S.A.S ($1.128 millones), Clínica Ibagué ($660 millones), Sharon Medical Group S.A.S. ($585 millones), Medicina Intensiva del Tolima ($582 millones) y Critical Care Group IPS ($405 millones).
A nivel nacional, la Adres transfirió $366.385 millones a entidades de salud, pero, según un informe del portal Cuestión Pública, el impacto del incentivo fue mínimo en el sur y el oriente, e incluso en los departamentos con mayor número de entidades beneficiadas, los recursos se concentraron en los centros poblados y capitales como Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín, entre otras.
Opiniones encontradas
En su página web, la Adres explica que los desembolsos corresponden a los ‘anticipos por disponibilidad’ establecidos en el Decreto Legislativo 800 del 2020 como un mecanismo para apoyar el sostenimiento y mantenimiento de las unidades de cuidado intensivo e intermedio, y facilitar la disponibilidad de camas en estos servicios durante la emergencia sanitaria que vive el país.
La medida tiene varios peros. Por ejemplo, Francisco Castellanos, director de la Organización para la Defensa del Paciente, advirtió en su momento los riesgos de un posible panorama de inequidad y corrupción. Al respecto, según refiere el portal periodístico, en todo el país las entidades de salud públicas habían recibido 1 peso por cada 2.7 pesos destinados a las privadas.
Esta desigualdad, acotó el medio, podría deberse a que la resolución 1161 de 2020 (que regula el pago del anticipo por disponibilidad de camas vacías) no considera la desproporción entre entidades públicas y privadas del sector salud. Y es que de 9.823 entidades de salud activas en Colombia, 8.867 son de carácter privado.
Para Castellanos, estos recursos habrían podido ayudar a mitigar la emergencia de forma más eficaz si, en vez de costear las camas UCI e intermedias, se hubiera contratado mejor “al personal salud garantizando su salario y condiciones de trabajo dignas (…), también se hubiesen podido dotar mejor las instalaciones que necesitan adecuaciones o mejoras en infraestructura (…) o se hubieran podido construir hospitales donde no los tienen”.
Por su parte, el médico tolimense Wilson Cediel, miembro de la Junta Directiva de la Federación Médica Colombiana (FMC), consideró que la medida fue acertada porque cumplió el propósito de duplicar la capacidad de las camas UCI, cuando la facturación de los centros de salud se desplomaron más de un 30%.
“Tanto en públicos como privados, los hospitales dejaron de facturar por consulta externa, cirugías programadas, procedimientos ambulatorios. Los ingresos de toda la red cayeron. Entonces, cómo se les iba a pedir que abrieran servicios costosos si estaban pasando por una situación financiera difícil. Era necesario un estímulo y apoyo del Gobierno”, dijo.
Y aunque cree que el Gobierno pudo haber brindado un mayor apoyo al sector público en camas UCI, tecnología y nóminas, aseguró que ante la urgencia era apremiante respaldar a los privados, pues con la disponibilidad de los centros públicos no hubiera sido posible enfrentar los momentos más críticos de la pandemia.
“La realidad que tenemos hoy es que la mayoría de los prestadores son privados. En ese sentido, el Gobierno tenía que ayudarlos, así como a los públicos, para que fortalecieran la capacidad de UCI. Creo que la medida es positiva, porque es una cuestión de vida o muerte para la gente”, comentó.
¿Qué dice la resolución?
Mediante la resolución 1161 del 2020, el Gobierno nacional adoptó los contenidos y tipos de canastas de servicios asociados al diagnóstico y la atención de Covid-19, que serán reconocidos por la Adres en la medida que la unidad de pago por capitación (UPC) y los presupuestos máximos sean insuficientes, de acuerdo con la frecuencia de uso de los servicios.
En dicha resolución, en la que también se establecen los servicios y tecnologías en salud que integran las canastas para la atención del coronavirus, el Ministerio reguló el pago anticipado por la disponibilidad que tengan las IPS (hospitales y clínicas) de camas de unidad de cuidado intensivo e intermedio.
Sobre este incentivo económico de pago anticipado por la disponibilidad, el artículo 6 de la resolución indica que será calculado por la Adres teniendo como base los valores diarios de $456.482 por camas de unidad de cuidado intensivo y $347.538 por unidad de cuidado intermedio.
Para el pago de los recursos el representante legal de la IPS deberá certificar a la Adres la disponibilidad diaria de camas de UCI y cuidados intermedios, la cual debe corresponder a los reportes efectuados en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (Reps).
Distribución de recursos en hospitales y clínicas del Tolima
Entidad de salud Carácter Monto Municipio
Hospital Federico Lleras Acosta Público $1.140.305.428 Ibagué
Sharon Medical Group S.A.S. Privado $585.830.818 Ibagué
Clínica Tolima S.A. Privado $281.418.778 Ibagué
Clínica Ibagué S.A. Privado $660.564.502 Ibagué
Clínica Asotrauma S.A.S. Privado $159.711.046 Ibagué
Medicádiz S.A.S Privado $372.156.116 Ibagué
Clinica Traumanorte S.A.S Privado $1.128.322.344 Mariquita
Medicina Intensiva del Tolima Privado $582.191.690 Honda
Hospital San Juan de Dios Público $91.280.158 Honda
Critical Care Group IPS Privado $405.418.134 Espinal
Hospital Alfonso Jaramillo Salazar Público $181.124.288 Líbano
Hospital San Juan Bautista Público $35.605.596 Chaparral
Hospital Reina Sofía de España Público $54.035.938 Lérida
Privados: $4.175.613.428 (73.5%) Públicos: $1.505.351.408 (26.5%) Total: $5.680.964.836
DATO:
En el país, la entidad de salud privada que más recursos recibió por mantener camas de UCI y cuidado intermedio desocupadas fue Dumian Medical S.A.S., con $8.249 millones. Por su parte, la institución pública más beneficiada fue Servicios de Salud Norte (Bogotá), que cobró $7.324 millones.
DATO:
Con los $366.385 millones que la Adres reporta haber pagado por camas libres en las entidades de salud a hoy, se hubiera costeado la construcción de 20 hospitales transitorios de esa envergadura en otras regiones del país, señaló Cuestión Pública.
CIFRA:
73% de los $366.385 millones que giró la Adres a clínicas y hospitales del país terminaron en manos de entidades privadas.
Francisco Castellanos, director de la Organización para la Defensa del Paciente, y Wilson Cediel, miembro de la Junta Directiva de la Federación Médica Colombiana.
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