Los más recientes hechos consumados en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo confirman el devastador entramado de corrupción predominante en la Nación. La entidad pareciera estar pensada a la medida de la voracidad de quienes ofician como actores de sus operaciones, que son fuente caudalosa de enriquecimiento ilícito.
No hay como ocultar o negar los problemas colombianos. Y no son pocos ni de liviana magnitud. Afectan considerablemente la vida de todos y se han acumulado con peso devastador.
En Colombia los indicadores de cuanto entra en el funcionamiento de la nación son negativos. Casi todos están en déficit. Esa ha sido una constante, a pesar de los avances de que da cuenta la propaganda oficial.
La historia de Colombia está marcada por la violencia. Esta ha sido una constante, con actores que privilegian la muerte como si les dejara rédito de riqueza y de poder. Desde la acción de conquista por los españoles que se adueñaron del territorio hasta estos nuevos tiempos no ha faltado la pasión criminal para el exterminio por motivaciones partidistas, o de despojo de tierras, o de discriminación clasista o de represión a los defensores de derechos. Para la ejecución de tan repudiables actos letales no han faltado los sicarios adiestrados y toda esa pandilla de atroces asesinos.
Al conflicto armado colombiano propiamente dicho, que tiene más de medio siglo sin interrupción, con guerrillas combatientes, se han agregado otros grupos generadores de violencia de diversas formas, extendidos por el territorio nacional. Unos y otros actúan con beligerancia criminal, mediante el homicidio, el paro armado, el secuestro, la extorsión, el desplazamiento forzado, el despojo de tierras, el reclutamiento de menores, el ultraje sexual, la desaparición, la incineración de víctimas, la amenaza sistemática y el hostigamiento recurrente a las comunidades vulnerables y los atentados a instalaciones productivas y a vehículos de transporte. Todas las atrocidades posibles, a sangre y fuego, destinadas a buscar el sometimiento, imponer el miedo y aplicar la soga de la intimidación.
A pesar de su origen democrático, dado que sus miembros son de elección popular, el Congreso de Colombia legisla a contravía del interés público. Las leyes que aprueba generalmente no consultan las prioridades de la nación.
La función prioritaria del periodista es informar. Y esta responsabilidad tiene diferentes facetas. Y en todas predomina el rigor de la certeza de cuanto se dice. Fue esa la visión de Albert Camus al sentenciar que “el periodismo es el oficio más bello del mundo”.
