Hoy se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Esta no es solo una fecha importante para los periodistas y los medios de comunicación, sino también para las sociedades y los gobiernos. Si se viola la libertad de prensa también se está vulnerando el derecho que tienen los ciudadanos de estar informados.
El ejercicio periodístico en Colombia es un riesgo permanente. Uno de los mayores enemigos de la libertad de prensa es la desinformación: la creación de contenidos intencionalmente falsos, engañosos o inexactos para distorsionar la realidad e influir en las personas. Los infundios circulan mayormente a través de las redes sociales, lo cual dificulta rastrear su origen y los fines de tales publicaciones.
Algunos periodistas en Colombia tratan de combatirlos con la verificación de estos contenidos, pero es tal el volumen de falsedades que es prácticamente imposible contrastarlas todas. Esta es, en realidad, una amenaza para la democracia, pues afecta a los gobiernos, a las comunidades y hace crecer la desconfianza en los medios de comunicación y en las instituciones.
La vida de los periodistas también está en riesgo. De acuerdo con Reporteros sin Fronteras (RSF), en los primeros cuatro meses de este año han sido asesinados 12 periodistas en el mundo, dos de ellos en Colombia. El 24 de enero, en San Pedro (Sucre) fue asesinado el periodista Mardonio Mejía, y el 14 de abril, en Cúcuta, fue ultimado el periodista Jaime Vásquez, al parecer, por su trabajo relacionado con investigaciones sobre corrupción. Esos homicidios intimidan a los demás periodistas que se autocensuran y no publican investigaciones por temor a represalias.
La semana pasada, además, el periodista Juan Alejandro Loaiza fue secuestrado en Algeciras (Huila) porque se negó a publicar información de un grupo armado. Las comunidades, entonces, quedan sin el derecho a la información completa y veraz.
Otra táctica para silenciar a la prensa se efectúa a través de los señalamientos y estigmatización a los medios de comunicación y a los periodistas. Las agresiones provienen de funcionarios públicos y líderes políticos que de esta forma ponen en peligro la vida de los periodistas.
Finalmente, se halla el uso de la pauta oficial como mecanismo de control a los medios. De acuerdo con el informe “El costo del ruido”, publicado por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), el pasado 9 de febrero, las principales gobernaciones y alcaldías gastaron más de 650.000 millones de pesos en publicidad en el cuatrienio que concluyó en diciembre de 2023. “La presión económica, consecuencia de la dependencia de la pauta oficial, es uno de los mayores factores de censura en el país”, señala la publicación.
Para enfrentar las amenazas, es imperativo que los periodistas tengan garantías para desempeñar su trabajo con independencia, responsabilidad y sin presiones, y teniendo claro que su único compromiso es con las comunidades y la sociedad.
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