A pesar de que no se conoce la cifra exacta de la cantidad de dinero que se lava en la ciudad al año, ni en qué sectores económicos o actividad específica se desarrolla, la realidad es que el delito aún es protagonista en esta capital.

El pasado 22 de febrero, Juan Ricardo Ortega, director de la Dirección Nacional de Aduanas Nacionales (Dian), durante un visita a Ibagué, atizó de nuevo el tema y dejó en claro que en la economía regional estarían circulando recursos de origen ilícito.

Ese día, en una reunión a puerta cerrada con representantes de la Cámara de Comercio de Ibagué y varios empresarios representativos de la ciudad, Ortega informó de algunas operaciones “sospechosas”.

Una fuente que estuvo presente, le contó a EL NUEVO DÍA que, por un lado, el Director informó de sospechosas compras de propiedades de alto valor que se estarían efectuando con dinero en efectivo en la ciudad.

Y por el otro, habría advertido que en zonas rurales grupos al margen de la ley, con un listado de fincas en mano, estarían comercializando insumos agropecuarios, insecticidas, entre otros productos, que serían de contrabando y que provendrían de Venezuela. Ese sería otro caso de lavado.

Aparte de que el Director habló de “bandas” o “grupos armados”, que sin duda agravan la situación, ante los medios locales recordó el papel del contrabando en Ibagué y el Tolima.

Según estimaciones de la Dian, el contrabando representa el 90 por ciento del lavado de activos que existe en el país y lava alrededor de 12 billones de pesos al año.

Entonces, al haber contrabando en el Tolima por ende existe lavado, y eso no es solo una simple deducción, sino también una premisa de la Unidad de Información de Análisis Financiero (Uiaf), que fue consultada por esta redacción.

Para la Unidad, que se encarga de detectar y prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, mediante la intervención en la economía del Estado, la corrupción y el contrabando son delitos conexos del lavado de activos.

Y Ortega fue enfático en decir que el contrabando le “pega muy duro” al sector textil y de la confección, y al arrocero en el Departamento.

Así las cosas, ambos delitos están presentes en el Tolima y aunque Ortega no entregó cifras acerca de los impactos sobre la economía local, la Uiaf en el ámbito nacional las tiene claras.

El lavado en el país es de 18 billones de pesos al año, una cifra que corresponde al tres por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), según informó en octubre de 2013, el director de la Uiaf, Luis Edmundo Suárez ante un medio nacional.

Con lo anterior y a pesar de las serias declaraciones del Director de la Dian el tema no causó mucho revuelo en la ciudad, por lo que esta redacción intentó analizar con más detalle las implicaciones del campanazo de alerta emitido por Ortega.

Seguimiento al LA

Gloria Yaneth García, directora de la Dian Seccional Ibagué, informó que entre las competencias de su despacho, está la de reportar las denominadas operaciones sospechosas ante la Uiaf.

La Ejecutiva explicó que existe otro tipo de operación que corresponde al movimiento de capitales sospechosos: las inusuales, también relacionadas con el lavado de activos.

“Si llegamos a detectar o ver operaciones inusuales u operaciones sospechosas tenemos que hacer los reportes.

“Una operación inusual es una situación que uno ve en un ciudadano, y que es diferente a su comportamiento normal, es algo inusual pero no necesariamente sospechoso”, aseguró.

No obstante, “la operación sospechosa es ese comportamiento que siendo inusual se relaciona de alguna manera con algún tipo de investigación o de listas de control que se encuentren en el momento”.

García puso el ejemplo de una operación inusual: un ama de casa en Ibagué que nunca ha declarado, que por primera vez expide su RUT y al año siguiente reporta declaraciones de renta con un patrimonio superior a mil millones de pesos.

Entre tanto, una operación sospechosa, según la Directora, podría ser la detección de nexos comerciales entre un ciudadano y una empresa que está reportada por presuntos vínculos con actividades ilegales y que es investigada. En ese caso el ciudadano es reportado ante la Uiaf.

La Unidad, a su vez, recibe el caso desde la Dian y de manera posterior lo analiza con el fin de determinar si en efecto hay un posible caso de lavado de activos o de financiación del terrorismo. De haberlo, es reportado a la Fiscalía.

García recordó que la denuncia de cualquier caso es una deber ciudadano. “Todos debemos estar en la capacidad de poder reportar si vemos casos inusuales o casos sospechosos”. 

De hecho, la Uiaf, aparte de hacer llamados a la ciudadanía para que informen y denuncien, entre sus funciones capacita a las empresas y entidades que hacen parte de los sectores donde se registran los mayores riesgos de lavado de activos.     

En la actualidad existen 16 tipos de reportes, y ocho mil 629 entidades en el país entregan información a la Uiaf. Este año el número de sectores que reportan se ampliará en nueve.

Los mayores reportantes de la Unidad son la Dian, la Superintendencia de Puertos y Transportes, de Notariado y Registro, la Supersalud, la Superfinanciera, entre otros organismos. 

El sector financiero, cambiario, asegurador, bursátil, solidario, juegos de azar, transportadores de carga terrestre, compra y venta de vehículos, entre otros, son los que reportan ante la Uiaf.

Sector automotor

Aunque no fue mencionado por el Director de la Dian, el sector automotor ha sido blanco de los lavadores de dinero y las mafias en el país. Desde 2007 es uno de los principales reportantes ante la Uiaf.

La incursión de organizaciones al margen de la ley en Ibagué y otras ciudades volvieron célebres a los vehículos de alto costo o del segmento Premium como las recordadas ‘burbujas’ usadas por las mafias.

EL NUEVO DÍA visitó cuatro concesionarios de la ciudad que distribuyen vehículos de alta gama, con precios entre 95 y 300 millones de pesos, para conocer qué tan fácil es lavar dinero mediante la compra de esos bienes.

Y de manera similar al sector constructor, se encontró que pese a los indicadores de la economía local, autos importados de fabricantes alemanes y japoneses se venden muy bien.

Por ejemplo, el representante de un concesionario que distribuye una reconocida marca europea, afirmó que se venden entre cinco y seis vehículos al mes, cada uno con precios que oscilan entre los 95 y los 125 millones de pesos, pero hay otros que cuestan más de 150 millones de pesos.

En los otros la dinámica de ventas es parecida. Solo en un establecimiento se informó que en promedio se venden de 15 a 18 camionetas al mes, con precios entre los 89 y los 114 millones de pesos.

Son solo dos ejemplos que indican que en la ciudad existen compradores con un alto poder adquisitivo, sin embargo, ¿Esos indicios podrían demostrar la presencia de lavado de activos en el sector?

De acuerdo con dos gerentes consultados, no. Uno de ellos informó que cada concesionario debe reportar ante la Uiaf toda venta superior a 10 millones de pesos, por lo que se le hace seguimiento a los compradores y a las ventas, así se efectúen en efectivo.

Asimismo, otro de los ejecutivos indicó que todo vehículo desde que llega a puerto tiene un control y un costo, y su venta debe ser reportada ante distintas entidades como la Dian.

“Las operaciones no pueden quedar por fuera del sistema financiero”, señaló, y agregó que más del 90 por ciento de las compras en su concesionario se efectúan con financiación, lo cual para él, reduce la posibilidad de ilícitos.

Asimismo, los dos coincidieron, en que la mayoría de los clientes que adquieren vehículos Premium, son reconocidos en la ciudad, y pertenecen a distinguidos círculos empresariales o al sector público.

“Un modelo de vehículo de 95 millones de pesos es adquirido en su gran mayoría por médicos cirujanos o especialistas de la ciudad”, indicó una asesora comercial de uno de los concesionarios y señaló que los clientes que compran en esa gama son bien conocidos.

Pocas pistas

El lavado de activos, que en su término más simple consiste en dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito, es un delito de cifras inciertas en el Departamento.

Solo la Fiscalía General de la Nación informó que durante 2012 y 2013, en Ibagué se reportaron al menos 13 casos de lavado de activos. La mayoría se encuentra en etapa de indagación.

Las cifras dan cuenta de que el delito está presente en Ibagué, sin embargo sin una referencia o punto de comparación, 13 casos pueden ser poco o mucho, por lo que sus implicaciones y su magnitud en la dinámica económica de la ciudad se desconocen.

Es tal la reserva en las investigaciones, que tanto la Dian como la Uiaf, entidades que reportan la información de operaciones sospechosas a la Fiscalía, están impedidas para otorgar mayores detalles.

“(...) La Uiaf, por sus facultades como organismo de inteligencia financiera del Estado, no puede entregar información que recaude en desarrollo de sus funciones”, respondió a EL NUEVO DÍA la Unidad.

Y la Dian por su parte señaló en su respuesta que su deber es “entregar a la Uiaf, la información sobre operaciones sospechosas reportadas y documentadas en las investigaciones realizadas por las dependencias de la Entidad”.

‘Blancos’ del lavado de activos

Uno de los sectores que fue señalado por Ortega como ‘blanco’ de las operaciones sospechosas en Ibagué, es el de la construcción.

La actividad edificadora está en el sexto lugar de los sectores que generan empleo formal en Ibagué, según el Dane.

Durante el trimestre móvil noviembre 2013 - enero 2014, generó, según esa entidad, alrededor de 15 mil empleos directos, el 6.1 por ciento del total de ocupados que existen en la ciudad.

Para conocer parte de la dinámica del sector y en específico contrastarla con lo dicho por el Director de la Dian, EL NUEVO DÍA adelantó un recorrido por algunas constructoras para conocer sus proyectos.

Se analizaron en total ocho de ellos que contienen viviendas nuevas tipo apartamento con precios, en promedio, entre los 140 y los 240 millones de pesos. Todos están situados en sectores exclusivos de la ciudad.

La mayoría de los representantes de las constructoras que fueron consultados, coincidieron en que las ventas presentan una dinámica positiva y ningún proyecto se ha estancado.

Las respuestas indican que “en la ciudad habitan per sonas con la capacidad económica para adquirir los inmuebles, aunque es alto el número de compradores e inversionistas que provienen de Bogotá”, dijo uno de los representantes quien pidió no ser nombrado.

No obstante, el buen comportamiento de las ventas de los inmuebles de alto valor contrasta con algunos indicadores económicos de la ciudad.

Ibagué en la actualidad presenta un alto índice de desempleo: 14 por ciento en enero de 2014, lejos aún de la tasa nacional que para el mismo período se ubicó en 11.1 por ciento.

Además registra un índice de pobreza monetaria de 18.6 por ciento. Según el Dane unos 96 mil ibaguereños son pobres, mientras que un 2.5 por ciento, es decir, unos 14 mil ciudadanos están en condición de pobreza extrema.

Aunque las cifras de empleo y pobreza no parecieran ser los de una ciudad con una dinámica edificadora pujante como la de Ibagué, representantes gremiales tienen sus propios análisis sobre la situación.

Descartan que dineros ilícitos estén jalonando el sector constructor de la ciudad y atribuyen su buen momento al óptimo comportamiento que presentan los indicadores en el ámbito nacional.

Y es que la actividad jalonó la expansión del PIB en 2013 con un crecimiento del 9.8 por ciento, y según Camacol aportó el 6.4 por ciento del total de empleos en el país durante ese período.

Para Félix García Motta, presidente de Camacol seccional Tolima, las compras en efectivo de propiedades de alto valor no son indicio de irregularidades ni la presencia de lavado de activos.

Dijo que muchos ciudadanos pagan en efectivo para evitar impuestos del sistema financiero como el 4X1.000.

Y agregó que el obligar a los ciudadanos a pagar a través del sistema financiero es ilegal, “porque constitucionalmente el peso es un medio de pago”.

No obstante, reconoció que en el sector “(...) sí puede ocurrir lavado pero especialmente en las propiedades de estratos muy altos y en centros comerciales de alto costo”, aunque no hizo alusión a Ibagué o al Tolima.

Por su parte, Sandra Forero, presidenta Ejecutiva de Camacol, dijo que existen portafolios de inversión y de acciones (CDT, entre otros) “que están perdiendo mucha fuerza” por lo que los ciudadanos prefieren retirar su dinero e invertir en la compra de vivienda.

“(...) Puede ser seguramente que haya una serie de recursos que salen de estos portafolios y pasan a ser usados para adquisición de vivienda, sin necesariamente pasar por un crédito hipotecario”, explicó Forero.

Ambos líderes gremiales coincidieron en decir que no conocen ningún caso relacionado con la situación que fue descrita por Juan Ricardo Ortega, e instaron al Director a denunciar los casos ante las autoridades.

Entre tanto, un representante del sector inmobiliario de la ciudad, quien solicitó la reserva de su nombre, opinó que las dificultades de construir en Bogotá y en otras ciudades han generado la llegada de personas con grandes recursos económicos a Ibagué.

Según él, escogen ciudades intermedias como Ibagué que son vistas como lugares con opción de compra o de inversión.

También dijo que conoce casos en los que varias personas de otras ciudades, sin ser constructores, se asocian para desarrollar proyectos de vivienda en la ciudad con el fin de obtener altas rentabilidades.

Así también resaltó la llegada de personas que reciben grandes mesadas pensionales, que han adquirido más de una propiedad en la ciudad.

Sin embargo, reconoció que en medio de esa dinámica que denominó como legal y formal es posible que “se presente gente que tenga otros intereses particulares, que estén tratando de lavar dinero (...)”.

Posición del sector empresarial

Silverio Gómez, presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué y quien estuvo presente en la reunión con Ortega, aseguró que lo afirmado por el Director “es muy grave y hay que ponerle toda la atención”.

“El lavado de dinero y el contraban do está siendo facilitado por la dolarización en Ecuador y la crisis cambiaria de Venezuela. No hay que ser ingenuos: las mafias encuentran sectores como el agro y la construcción para hacer las operaciones ilícitas.

“Ambos sectores son importantes en la economía del Tolima y esa es la preocupación del director de la Dian, quien sospecha que si el Tolima aporta el dos por ciento del PIB debería estar recaudando la misma proporción de 100 billones de pesos que son los recaudos, o sea dos billones. Y solo está recaudando 200 mil millones”. Gómez opinó a su vez, que “la solución planteada es clara: bajarle a la utilización del efectivo y usar el sistema financiero al cual se le puede hacer rastreo. Esto es válido en la construcción de vivienda”. Y agregó que las “mafias que venden insumos a los agricultores” significan una competencia desleal para el comercio formal.

Enfrentando el delito

El principal reto que tienen instituciones en Ibagué como la Dian es hacerle frente a delitos como el lavado de activos, y otros conexos como el contrabando y la corrupción.

Entre las funciones de los 150 funcionarios que tiene la entidad en la ciudad está el coadyuvar con la prevención del delito y, a su vez, con la detección y reporte de casos sospechosos. La Dian en la ciudad ha llevado a cabo varios cambios de tipo organizacional como el de la Dirección y se están consolidando grupos élites para hacerle seguimiento a los dineros ilícitos, según informó Juan Ricardo Ortega.

Por su parte, la Uiaf ha sido enfática en la importancia de la participación ciudadana para prevenir esos delitos. “Los ciudadanos, particularmente en su forma de emprender negocios o en general cualquier actividad económica, deben prevenirse de entrar en negocios sobre los cuales tengan dudas sobre su legalidad, conocer los antecedentes de sus clientes o socios, obrar conforme a la ley en cada trámite, para evitar ser utilizados para lavar activos”, afirmó la Unidad.