Los cargos tienen que ver con el incumplimiento a un requerimiento impartido por la Superintendencia en octubre pasado, en el que se les exigía a las directivas de Supercundi suministrar información no financiera, que les permitiera a las autoridades determinar si la firma contaba o no con mecanismos exigidos para evitar que sirviera como vehículo para cometer esos delitos.

“La compañía requerida no ha dado respuesta sobre la implementación del sistema antilavado, ni ha ofrecido explicaciones que sustenten el incumplimiento de esta obligación”, explicó el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes.

El Superintendente aseguró que Supercundi ha estado en la mira al considerar que se encontraba entre los sectores de riesgo susceptibles al lavado de activos y financiación del terrorismo.

En ese sentido, Reyes explicó que las directivas de Supercundi S.A. tienen cinco días hábiles para presentar sus descargos. De incumplir con este requerimiento podrían acarrear las sanciones que contempla la Ley 222 de 1995, como multas de hasta de 200 salarios mínimos legales mensuales, es decir que de ser encontrados responsables por los cargos la multa económica podría superar los $150 millones.

Cifra

7 supermercados de esa cadena tienen presencia en Tolima. Tres en Melgar y uno en  Guamo, Espinal, Saldaña y Lérida.