Lo que las autoridades estaban evitando a toda costa, pasó. O al menos así lo asegura la Defensoría Pueblo: los grupos al margen de la ley de los que se escuchaba en Valle del Cauca, Bajo Cauca Antioqueño, Caquetá, Meta, Guaviare, la Costa colombiana y Antioquia, están haciendo presencia en la capital de país.

El informe dice que presuntos miembros de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), las Águilas Negras, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) también conocida como el ‘Clan del Golfo’, ‘Los Rastrojos’, ‘Los Costeños’, ‘Los Paisas’, El Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc, están en Bogotá.

De acuerdo con la información, estas estructuras están en zonas como Arborizadora, Ismael Perdomo, Jerusalén, El Tesoro, San Francisco y Lucero (Ciudad Bolívar); en Timiza, Calandaima, Corabastos, Patio Bonito, Gran Britalia, Las Margaritas (Kennedy); y en Apogeo, Bosa Occidental, Bosa Central, El Porvenir, Tintal Sur (Bosa), todos ubicados en el sur de la ciudad.

Lo que preocupa al órgano defensor es que las amenazas provenientes de los supuestos miembros de las estructuras al margen de la ley ponen en riesgo a 364.946 hombres y 383.160 mujeres en Ciudad Bolívar.

En Bosa, al menos 367.160 hombres y 386.336 mujeres están atemorizados por las acciones delictivas, mientras que en Kennedy, población que resulta ser más grande, tiene en vilo por su seguridad a 600.825 hombres y 629.715 mujeres.

¿Por qué son tan apetecidas estas zonas?

El informe dice que la ubicación geográfica de las tres localidades, que están en mayor riesgo, genera una ruta de entrada y salida del narcotráfico dentro y fuera de Bogotá, esto teniendo en cuenta que los lugares hacen parte de la zona limítrofe distrital que colinda con los municipios de Mosquera y de Soacha (Cundinamarca).

“Las características geográficas de estas localidades suponen unas dinámicas de dispersión del centro urbano de Bogotá. Las tres montañas que componen la localidad de Ciudad Bolívar, más la ronda del río Tunjuelo y el río Bogotá, son sectores que se han caracterizado por presentar altos casos de violencia, desapariciones forzadas, delincuencia y presencia de bandas, pandillas y redes de criminalidad organizada que luchan territorialmente entre sí por el control del tráfico de estupefacientes”, dice el documento y añade que esto se registra debido a la baja presencia estatal.

Para la Defensoría está claro que la presencia de las montañas en esta localidad y su potencial minero, pueden eventualmente atraer los intereses de financiación de grupos armados ilegales, por medio de la extorsión y cobros por seguridad.

Lo que preocupa al órgano defensor es que tales situaciones componen un escenario de riesgo para la población que habita en las zonas periféricas de la ciudad, dentro de quienes se encuentran campesinos, afrodescendientes e indígenas, en su mayoría víctimas del desplazamiento forzado.

¿Quiénes y a qué llegaron?

Luego de que se desmovilizaran las Autodefensas Unidas de Colombia en la costa colombiana, Chocó, Meta, Santander, entre otros departamentos, muchos de los que enlistaban esas filas se reorganizaron en las filas de otras estructuras y otros tomaron rumbo aparte.

En este caso, el rumbo que tomaron algunos de ellos fue la capital del país. Su objetivo: generar amenazas, extorsiones, desplazamientos intraurbanos y homicidios sobre la población joven de las tres localidades.

Según el informe, los desmovilizados que están en Bogotá buscan aumentar la venta de estupefacientes y el control en el territorio, además de ello se han apropiado de manera ilegal de tierras y viviendas con el fin de venderlas en reiteradas ocasiones, aumentando así la presencia de los llamados ‘Tierreros’ y por ende, factores de riesgo y de vulnerabilidad para la población.

Dichas prácticas se realizan entre los límites y las fronteras invisibles entre el sur de Bogotá y Soacha. Tales acciones no tendrían otro objetivo que controlar la venta de drogas, de armas y evitar la presencia de otras bandas y pandillas con las que se mantienen disputas.

Sobre el ‘Clan del Golfo’, conocido por tener su actuar delictivo en el Bajo Cauca Antioqueño y la región de Urabá, la Defensoría dice que las dinámicas de violencia de esta estructura están relacionadas con la intimidación y las amenazas hacia líderes.

“Dentro de su repertorio de violencia en las tres localidades se han identificado acciones contra líderes, indígenas y afrodescendientes desplazados del Chocó y miembros del pueblo Rrom. A este repertorio se sumaría un interés en el control de mercados ilegales, en asocio con estructuras de crimen organizado y otras expresiones locales de violencia”, dice el documento.

Prueba de lo que dice el órgano defensor sobre la presencia del ‘Clan del Golfo’ en Bogotá es un comunicado que emitió el grupo el pasado diciembre en el cual especificaron que, debido al incremento de la delincuencia común en las principales ciudades del país, debían reforzar sus esfuerzos para garantizar “la vida y bienes de sus asociados”.

“Redoblaremos los esfuerzos para hacer presencia política, social y militar en todas las ciudades capitales, con el fin de darle tranquilidad, seguridad y protección a la comunidades de los sectores populares y los gremios de la producción económica”, dice el texto que redactó ese grupo ilegal.

Lo que preocupa a la entidad es que esta ‘oferta’ de seguridad para las comunidades de los sectores populares, “advierte un posible incremento de homicidios selectivos y exterminio social por parte de este grupo armado ilegal”.

Por otro lado, el reporte también reseña a las Águilas Negras como una amenaza latente en la capital del país. El grupo paramilitar que inicialmente apareció en Norte de Santander y que expandió su actuar delictivo a Santander, Antioquia y Caquetá, hoy es el presunto autor de la mayor parte de las amenazas vía panfleto en contra de líderes en Bogotá.

Las estructuras más temidas

Lo que parecía solo un inconveniente en zonas alejadas del país también se está convirtiendo en un dolor de cabeza para la capital colombiana. Según la Defensoría, los disidentes de las Farc ya están en Bogotá. Así lo demostró una denuncia hecha en julio de 2018 que alertaba el reclutamiento forzado a niños, adolescentes y jóvenes afro en las localidades de Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar.

En dichas denuncias se establecía que a los jóvenes afro de entre 15 y 25 años, se les estaba ofreciendo una suma de dos millones de pesos para que se involucraran en el expendio de drogas.

Según la entidad, en la misma fecha en la que fue denunciado el grupo al margen de la ley, este señala que efectivamente se encuentra haciendo presencia en la capital del país con un mensaje muy claro: “Los milicianos, guerrilleros, comandos urbanos y demás unidades que operan en las diferentes localidades de Bogotá, le extendemos un cordial, revolucionario y combativo saludo a todo el pueblo colombiano; así como manifestamos a toda la opinión pública nacional e internacional que continuaremos nuestra lucha armada como única vía para salir de esta encrucijada en la que nos puso el gobierno al burlarse de la voluntad y el anhelo de paz del pueblo colombiano”.

Del mismo modo, lo que estimó la entidad es que esta agrupación continúa con el desarrollo de sus actividades ilegales en términos de cobros de extorsiones a la población civil en las localidades de Ciudad Bolívar y Bosa.

Por último, y no menos importante la Defensoría señaló que el Eln por medio de células urbanas del Frente de Guerra Urbano Nacional está presente en diferentes zonas de la ciudad. “En este caso, se sabe que este grupo está presuntamente en la localidad de Ciudad Bolívar y su trabajo se dirige hacia la presión política, el reclutamiento, la extorsión, y apoyo logístico a las estructuras rurales”.

De acuerdo con la Defensoría, la manera en la que el Eln ha concentrado su forma de lucha urbana es por medio de artefactos explosivos, como se pudo constatar con el último atentado con explosivos contra la Escuela de Cadetes General Santander el pasado 17 de enero que dejó más de 20 personas muertas.

EL S.O.S. DE LA DEFENSORÍA AL GOBIERNO

Pese a que en cada una de las localidades hay presencia de entidades estatales de orden distrital y nacional, además de la presencia de la Policía, de organizaciones sociales y de cooperación internacional, las acciones que estas adelantan siguen teniendo enormes vacíos en la garantía de los derechos de las comunidades.

Así las cosas, para la Defensoría resultó importante solicitar al Ministerio del Interior tramitar dicha alerta para que se adopten las medidas urgentes de prevención y protección para las localidades.

Así mismo, solicitó a la cartera política promover acciones de fortalecimiento de la capacidad operativa de la policía en Bogotá, reforzando los componentes de inteligencia y policía judicial, que permitan prevenir la violencia en los barrios mencionados.

Del mismo modo, le solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP), a la Policía nacional y a la Alcaldía de Bogotá, implementar las medidas necesarias para garantizar la protección y seguridad de los colectivos y de los líderes sociales que se encuentran en riesgo en las localidades.

Igualmente, le solicitó a la Fiscalía y a los organismos de Policía Judicial, presentar un informe detallado del estado de las investigaciones realizadas frente a los hechos descritos en el informe, esto incluye las intimidaciones a líderes sociales, la utilización de métodos para generar terror en la población como panfletos, homicidios, amenazas, atentados, entre otros.

Por otro lado, solicitó a la Dirección General de la Policía poner en marcha el nuevo Cuerpo Élite con enfoque multidimensional para desmantelar las organizaciones criminales responsables de tales hechos en la capital del país.