Cierre en la producción de C.P. Company agrava el desempleo en Ibagué

HÉLMER PARRA - EL NUEVO DÍA
Los diferentes estamentos de la sociedad reclaman al Gobierno Nacional, viabilizar cuanto antes las medidas adoptadas por el Congreso de la República en el PND.

Con más de 30 años siendo referente de la moda y el sector textil local y nacional, C.P. Company, dice adiós a la maquila y diseño de sus prendas. Así lo dio a conocer Jader Zuleta, propietario de la compañía, quien culpó al presidente Iván Duque Márquez, de haber incumplido lo pactado y promovido en su campaña rumbo a la Casa de Nariño.

El empresario señaló, entre otras cosas, que el Gobierno Nacional ha dilatado la ejecución de los artículos 274 y 275 aprobados por el Congreso de la República en el Plan Nacional de Desarrollo, situación que ha sido aprovechada por los importadores para abastecerse de productos que serán comercializados a final de este año y primer semestre de 2020.

“Es una decisión muy dolorosa, pero es una realidad que tenemos que afrontar nosotros los empresarios cuando ya no podemos sostener una empresa, una carga laboral e impositiva. Las medidas que está implementando el Gobierno favorecen la importación de prendas. La decisión es una consecuencia de que el Gobierno Nacional no nos apoyó y no cumplió con lo pactado, con unas condiciones que se comprometió a dar”, recalcó Zuleta.

Con el cierre de las plantas de producción de C.P. Company son cerca de 250 personas empleadas directamente las que se quedan sin trabajo y cerca de 400 empleos indirectos los perjudicados. Empleos que en su mayoría eran ocupados por madres cabeza de hogar y víctimas del conflicto armado.

El cierre de las plantas de producción, comunicó Zuleta, se ha dado progresivamente y, hasta ayer, se dio el despido de la última persona del área de diseño y moda de C.P. Company.

“Tenemos maquinaria que quedará guardada, tendremos que abrirle venta. Esperamos que el Gobierno Nacional tome medidas urgentes, así consideraremos el volver a producir”, puntualizó el empresario.

Zuleta hizo la claridad que el área de comercialización no se afectará por el momento, sin embargo, manifestó que iniciará con la compra de prendas de vestir, producidas en otras regiones del país e incluso como opción, se tiene la importación de las mismas.

 

Reacciones

El senador Miguel Barrero, uno de los congresistas que ha liderado la lucha para la implementación del articulado en el PND, señaló: “Es lamentable que una empresa como C.P. Company que cuenta con tanta trayectoria en el Tolima, cierre su producción por falta de solidaridad del Gobierno Nacional. Yo creo que es hora que el Presidente y los ministros entiendan que aquí se trata de gobernar para Colombia.

“Vemos cómo algunos gremios como la Andi y Analdex, están más interesados en beneficiar la industria asiática que proteger la nacional, que genera empleo”, manifestó.

El congresista conservador añadió: “Necesitamos que se cumplan los dos decretos aprobados en el PND. Que se intensifique la lucha con el contrabando. El presidente Duque se comprometió en campaña, lo habló, pero hoy las consecuencias y decisiones del Gobierno Nacional han llevado a que muchas empresas del país cierren su producción. Cuántos empleos más tenemos que sacrificar para que el Gobierno le de solución”.

De igual manera, el senador Jorge Enrique Robledo, condenó la postura del presidente Duque, quien para él, sigue gobernando para la empresa extranjera por encima del empleo nacional.

“Lo primero es lamentar que se pierdan ese número de empleos en Ibagué. Esto no solo golpea a la ciudad, sino la región y el país. Lo segundo que hay que decir, es que esta es otra prueba más de que tenemos la razón cuando decimos que hay proteger al sector textil de las importaciones ilegales que están entrando a Colombia de países asiáticos”, aseveró Robledo.

El senador anexó: “Ahora no queda sino la movilización reclamándole al Gobierno. Lo principal, es que los industriales colombianos necesitan una organización fuerte que los defienda. Otro tema que hay que resaltar es que el Gobierno se equivoca cuando se moviliza en la Corte Constitucional para que hunda la ley que aprobamos para proteger el sector textil y confección. El problema existe y el Gobierno no está a disposición de solucionarlo”.

Sobre la posibilidad de dejar de producir e iniciar a importar planteada por Zuleta, Robledo manifestó: “Eso es a lo que están induciendo al final. Que los fabricantes se conviertan en importadores, por esa vía se destruye a Colombia. Si hay una cosa mentirosa en la política nacional desde hace muchos años, es meter el cuento que lo que importa en la economía es importar cosas baratas, esa es la destrucción del país. Ningún país serio en el mundo, que haya tenido éxito en el desarrollo, lo ha logrado sobre la base de destruir su industria y su agro”, formuló.

 

¿Qué se debe hacer ahora?

Aurelio Suárez, economista experto en política económica nacional e internacional advirtió que el cierre de la producción de C.P. Company debe servir de insumo para que los magistrados de la Corte Constitucional evalúen la importancia de darle garantías a la producción nacional.

“Es una gran lástima y debe servir de ejemplo, ahora que ciertos gremios han denunciado ante la Corte Constitucional los artículos del PND. Esto debe ser tenido en cuenta por los magistrados para que se vea si el país toma la decisión de fomentar el empleo en otros países o en Colombia y, especialmente, teniendo en cuenta que el sector textil es empleador de la mano de obra femenina y madres cabeza de hogar”.

Sobre la falta de agilidad en la ejecución del articulado del PND que alza los aranceles a las importaciones, Aurelio Suárez concluyó: “Sin duda que, así como hicieron con la fórmula de los combustibles, el Gobierno viene desacatando toda las medidas que no le convengan a su política económica. Le cabe al Ministerio de Comercio Exterior una decisión de desacato por incumplimiento de lo acordado en el Plan Nacional de Desarrollo”.

 

¿Qué dice el Gobierno?

EL NUEVO DÍA se comunicó con el Viceministerio de Empleo para conocer la situación laboral de las 250 personas que quedarían cesantes. La cartera señaló: “Después de hacer las respectivas revisiones y de acuerdo con la información suministrada por la Dirección Territorial de Tolima, ante el Ministerio del Trabajo no se ha presentado solicitud para autorización de despido colectivo por parte de la empresa C.P. Company. La Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo va a comisionar a un inspector del trabajo para que se desplace a la compañía a fin de constatar la legalidad de la disminución de la planta de trabajadores”.

 

Ante políticas nacionales, no podemos hacer

nada: Alcalde

 El alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, también se refirió sobre el tema expresando que “Es supremamente triste que una empresa como C.P. Company esté cerrando su producción, primero porque es una empresa de mucha tradición, segundo porque genera una cifra importante de empleos para la ciudad. Siempre hemos tratado de tener una cadena algodón – textil – confección, pero desafortunadamente por políticas de Estado, los últimos Mohicanos como yo llamo a los confeccionistas, están viéndose afectados. Es decir, se quebró la producción algodonera, se cerraron las textileras como Texespinal y Fibratolima y, ahora que debían apoyar al los confeccionistas con el control del contrabando, no lo hacen, situación que viene afectando a un sector que es supremamente importante para nosotros”, dijo el burgomaestre.

Jaramilló añadió: “Esta situación es grave. No solo golpea a Ibagué, sino que a Bucaramanga y Medellín. Los colombianos deben entender que esto no es un problema de un presidente, ni de un Gobierno, lo que sucede es que hemos creído en los TLC, pero golpeamos a la industria nacional por no negociar mejor. Este es un problema que se viene dando desde la época de César Gaviria con su apertura económica”.

El mandatario local enfatizó que problemas del orden nacional como la salud, la falta de garantías en la salud, entre otros, son en gran parte heredados del Gobierno Nacional y llamó a la unión para exigirle al Estado políticas que beneficien el empleo en la ciudad, la región y por ende el país.

“Ante políticas nacionales, nosotros no podemos hacer nada. Lo que sucede con el sector confección, también pasa con la salud, donde las EPS no pagan los servicios a la IPS, ello conlleva a despidos masivos, cierres de operaciones o reducciones de personal. Nosotros v enimos trabajando en lo que podemos, pero desafortunadamente se vienen generando unas políticas erráticas desde el Gobierno Nacional que está afectando a Ibagué. Esto es un problema que no solo debe enfrentarlo la Alcaldía, es un problema que debemos abordar todos, para exigirle al Gobierno nacional que invierta en el bienestar de la ciudad”, finalizó Jaramillo.

 

Dato

Según la Policía, cerca del 70% de las aprehensiones en Colombia en términos de contrabando, corresponde a artículos de la confección, textil y calzado.

 

Cifra

3 mil millones de dólares anuales le cuesta al país, el contrabando de textiles.

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