La determinación del alto tribunal se registró luego de estudiar el recurso de súplica que elevó el Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Minas, luego de que la corporación, en noviembre, suspendió provisionalmente los actos administrativos por medio de los cuales se fijaron los criterios para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales.

En ese entonces, el magistrado Ramiro Pazos anunció que la decisión se da porque la aplicación del Fracking puede acarrear una grave afectación al medio ambiente y a la salud humana.

“La medida cautelar es la suspensión de los actos administrativos mientras se decide el proceso de nulidad de forma definitiva, ya que es una medida que define suspender los efectos de las disposiciones del Gobierno nacional, el cual no podría ejecutar las resoluciones hasta cuando no se decida a fondo el asunto a través de una sentencia”, expresó Pazos en su momento.

El integrante de la Alianza Colombia Libre de Fracking, Carlos Andrés Santiago, había considerado previó a la decisión que “no hay hechos nuevos que modifiquen la situación que los llevó a expedir la medida cautelar y lleve a pensar que no debe aplicarse el principio de precaución, por lo que debe mantenerse la suspensión y exigirse al Gobierno que cumpla las decisiones judiciales”.