La Organización Internacional del Trabajo define el salario mínimo como “la cuantía mínima de remuneración que un empleador está obligado a pagar a sus asalariados por el trabajo que estos hayan efectuado durante un período determinado, cuantía que no puede ser rebajada ni en virtud de un convenio colectivo ni de un acuerdo individual”.

El Banco de la República, además prevé que “se utiliza como referencia salarial y base para determinar auxilios, pagos mínimos para cotizar a seguridad social y otros”.

En Colombia, para 2020 el mínimo se fijó en 877.803 pesos, lo que significó un incremento de 6 % frente a 2019, misma proporción en que subió el auxilio de transporte que alcanzó los 102.853 pesos.

El viernes pasado las centrales obreras unificaron su propuesta anticipadamente para 2021 en un valor de un millón de pesos, más un auxilio de transporte de 120.000 pesos, que significa que los aumentos solicitados por los trabajadores superan en 13,92 % el mínimo y 16,67 % el subsidio de transporte actuales.

La iniciativa fue calificada “poco coherente con la realidad”, por Rosmery Quintero, presidenta de la Asociación de las micro, pequeñas y medianas empresas (Acopi), y “desorbitada aún en un año normal”, por Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco).

Precios y productividad

“Lo más importantes es entender que no es una situación normal. La incertidumbre lleva ante esta crisis de demanda y oferta a pensar en doble sentido. Las firmas necesitan que el salario mínimo no esté muy por encima de la inflación”, aseguró Maribel Castillo, directora de la carrera de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali.

“Desde la demanda, un salario mínimo muy alto es una brecha para una posible formalidad del empleo”, agregó Castillo. El aumento del salario en la última década ha tenido un promedio de 5,31 %, mientras el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ha comportado en el mismo periodo en 3,85 %, según datos del Banco de la República y del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Iván Jaramillo, miembro del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, por su parte, aseguró que “históricamente el aumento del salario mínimo ha tenido inconvenientes que derivan de la exclusión de criterios como la productividad laboral, el IPC, que han determinado la pérdida de poder adquisitivo”.

Esto, además, teniendo en cuenta que ha sido prevalentemente elegido por el Gobierno pues “solo se ha fijado por concertación en siete oportunidades en 24 años de funcionamiento de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales”.

Finalmente, Óscar Manco, Ph D. en Economía y consultor, dijo que es fundamental que “cuando comiencen las negociaciones se reconozca la medida adecuada para que no se desborde la liquidez en la economía, más aún en estos escenarios de inflación baja. También hay otra discusión y es cómo las personas pueden subsanar la difícil situación de este año para 2021. El aumento debería estar más alineado con la variación del IPC”.

¿Qué sigue?

“Como lo hemos anotado este año debemos ser muy prudentes y cautelosos con el aumento de los salarios, ha sido un año atípico que requiere analizar muy bien lo que le conviene al país, no solo a los empleados sino preocuparnos por los desempleados y definir la prioridad del país”, sostuvo Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco. Por su parte, Rosmery Quintero, presidenta de Acopi, agregó que “hay que respetar la actualización del IPC y el factor de productividad, que seguramente será negativo; diría que hoy prima generar las condiciones para que el sector empresarial siga recuperando puestos de trabajo”. La Andi, pese a ser consultada, prefirió no pronunciarse.