Los integrantes de esta coalición emitieron el documento teniendo en cuenta la grave coyuntura actual, e indicaron que es necesario “poner en marcha un contundente y agresivo Plan de Emergencia Social que debe surgir de ese amplio diálogo social y que incluya como mínimo una Renta Básica de Emergencia, la extensión y ampliación del PAEF, matrícula cero en las Universidades Públicas, entre otras medidas para enfrentar la pobreza que llega a niveles de hace una década”.

Asimismo, afirmaron que “hay que atender primero la situación social y luego la situación fiscal, con una señal a los mercados de la intención de garantizar en el futuro la sostenibilidad de las finanzas públicas.”

En este sentido la Coalición de la Esperanza le propone al presidente Duque que: “desde el punto de vista del ajuste fiscal, es urgente que el gobierno desmonte las gabelas que le dio al sector empresarial en la reforma tributaria de 2019” entre las se encuentran la devolución del ICA, el aplazar reducción de tarifa de renta a empresas, el Impuesto al patrimonio y el IVA a consumo de lujo, control al gasto y la evasión. Que, según la ANDI, esto le representaría al gobierno recursos por $15.4 billones.

A su vez, el aplazamiento de la devolución del IVA por compra de bienes de capital y la eliminación de los tres días sin IVA, generarían un recaudo adicional de $1.5 billones de pesos para el país.

En otro de los puntos indican que: “Es urgente también que el gobierno muestre austeridad en el gasto público sin relación con la pandemia, que aumentó en 2020 2,6% del PIB (mientras que el gasto asociado con la pandemia sólo aumentó 1,7% del PIB), y que pretendía aumentar más en 2022.”

Así como suspender de inmediato la compra de aviones militares por más de 14 billones de pesos, que resulta inaudita en la actual coyuntura social y fiscal y además revisar el enorme aumento en los gastos de inversión previsto para este año (66%), pues no es claro en qué se van a gastar $34 billones en un año electoral.

Finalmente indican que es indispensable que el gobierno muestre austeridad en el gasto como vía para ajustar el déficit fiscal y que estas propuestas son alternativas que no afectan el consumo ni “la inversión privada, de manera que no tienen efecto recesivo”, además, no repercutirá en el bolsillo de los más pobres, ni de la clase media. 

Este es el documento: