En manos de un juez de Garantías de Bogotá está la suerte de Luis Fernando Sáchica, quien como Subdirector de Bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) -en liquidación-, habría incurrido en delitos como celebración indebida de contratos, peculado, falsedad en documento público, peculado y concierto para delinquir.

Las presuntas irregularidades en las que habría incurrido Sáchica están relacionadas con la entrega de varias estaciones de servicio (gasolina) de la familia Alvarado (Gerardo Antonio Alvarado y Carlos Alvarado), empresarios del Tolima.

Según Alejandro Carranza, abogado representante de las víctimas (Alvarado), los cuestionamientos contra Sáchica están sustentados en la firma que él dio en enero de 2010 sobre un acta en la que entrega las 11 bombas de gasolina, “aún sin existir en contra de esos bienes alguna acción penal”, dice el abogado Carranza.

Esta es, precisamente, una de las dudas que los abogados de la familia Alvarado tienen, pues no entienden cómo, de manera “inexplicable”, tres meses después de que Sáchica suscribiera la referida acta, apareció un proceso penal contra la familia Alvarado.

“El señor Luis Fernando Sáchica de manera premonitoria supo el 10 de enero de 2010 lo que iba a pasar tres meses más tarde en la Fiscalía (23 de marzo)”, cuestiona Carranza quien, de paso, reprocha el proceder de los fiscales de Extinción de Dominio Yolanda Sepúlveda y Ricardo Bustamante, quienes ordenaron la captura de alrededor de 20 empresarios tolimenses, y la incautación de todos sus bienes, para quedar en manos de Luis Fernando Sáchica.

Según el abogado de las víctimas, los operativos contra los bienes de los empresarios de Ibagué los originaron testimonios entregados por el exguerrillero de las Farc ‘Olivo Saldaña’, recordado por sus testimonios en la desmovilización del ‘bloque Cacica Gaitana’ de ese grupo subversivo. Según ‘Saldaña’, estos empresarios eran auxiliadores de la guerrilla.

“El peculado que se cometió y el perjuicio económico con la familia Alvarado podría calcularse en cerca de 650 millones de pesos mensuales, durante 17 meses”, dice Carranza, quien añade que todo el proceso que rodea los “falsos testimonios” contra los empresarios del Huila y el Tolima es millonario y están dirigidas contra el Estado.

Las suspicacias que rodean este caso que enloda el nombre de Luis Fernando Sáchica, y por las que según los abogados de las familias afectadas, es que la justicia no ha procedido contra del ex Subdirector de Bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes, es que este es hermano de la magistrada (e) de la Corte Constitucional Martha Victoria Sáchica.

En la actualidad los implicados en el proceso abierto en razón de las declaración es de ‘Olivo Saldaña’, fue precluido tras comprobarse que los señalamientos no tenían razón de ser, por lo que los demandantes hacen referencia a este caso como un “falso positivo construido -dicen los demandantes- por Sáchica y los dos fiscales”.

La investigación contra Sáchica se dio por cuenta de una orden impartida en una tutela que ampara los derechos de los demandantes quienes cuestionaron, mediante ese mecanismo, el proceder de Luis Fernando Sáchica para quien ayer en horas de la mañana reclamaran la detención preventiva, mientras se conoce la suerte del proceso.