Tras dos días de una larga jornada de la audiencia concentrada, el Juez Sexto Penal de Control de Garantías de Ibagué decidió anoche dar medida de aseguramiento intramural contra Jorge Alberto Pérez Díaz, secretario de Infraestructura de Ibagué durante la administración de Luis H. Rodríguez y los abogados Raúl Navarro Jaramillo y Leonardo Bastidas Mahecha, y el administrador financiero Jhon James Perdomo.

A Pérez le imputaron concusión, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

Al financiero Jhon James Perdomo, quien en la actualidad estaba vinculado con la Secretaría de Hacienda de Ibagué en la unidad de cobro coactivo, le achacaron los delitos de concusión como coautor, interés indebida en la celebración de contratos en la calidad de coautor.

El abogado Leonardo Bastidas Mahecha: concusión en calidad de coautor, interés indebido en la celebración de contratos en la calidad de coautor.

Y a Raúl Navarro Jaramillo, concusión, interés indebida en la celebración de contratos y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, los tres punibles en calidad de coautor. Ninguno aceptó la imputación hecha por el ente acusador.

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En medio del llanto de sus familiares los imputados fueron llevados por los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, al búnker de la Fiscalía en la Zona Industrial ‘El Papayo’ donde estarán hasta que sean recibidos en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué, Picaleña, Coiba.

Más detalles de la audiencia de imputación

Los tres profesionales, Navarro, Bastidas y Perdomo durante el concurso de mérito 026 de 2013, habrían enviado información a través del correo electrónico Fernandorojas599@gmail.com, el cual fue creado para compartir datos entre ellos y otras personas interesadas.

La defensa de Perdomo aseguró que dicha cuenta fue creada por Rugeles. No obstante, otro de los abogados defensores, en la sustentación, indicó que el policía judicial dijo que no sabía quién creo el correo: “no hay evidencia”.

Según la Fiscalía, a través de dicha cuenta electrónica entregaron información privilegiada a Rigoberto Rugeles Bernal, consistente en el informe de evaluación del comité evaluador de ofertas para el concurso de mérito 026 de 2013 para los diseños del estadio Manuel Murillo Toro a fin de que pudiera conocer por adelantado los pormenores del proceso del cual sólo se publicó el 11 julio de 2013.

Por el mismo medio le remitieron observaciones jurídicas y técnicas al informe de evaluación presentada por el oferente Juan Carlos de León Naranjo para que Rugeles tuviera los datos de primera mano, los cuales no fueron publicados en el Secop, para que conociera la defensa de la otra parte y con posterioridad, por esa misma vía, le enviaron otro archivo del acta de respuesta de las observaciones jurídicas y técnicas al proceso de consultoría de diseños del Estadio.

El oferente pidió más plata

Posteriormente ya en la inclusión del contrato, el contratista mediante oficio radicado el 2 de febrero de 2014 en la Alcaldía de Ibagué, planteó la necesidad de adicionar al contrato, apoyado en el oficio 0011044 del 19 de diciembre de 2013 emanado por Coldeportes.

Rugeles presentó unas contrataciones con relación a las actividades que debía adicionarse y es cuando, nuevamente Jorge Alberto Pérez Díaz le exigió otro dinero para darle viabilidad a la adición, que se concretó en la suma de 30 millones de pesos.

De manera que Rugeles le entregó al exsecretario de Infraestructura, 70 millones de pesos en su mayoría en efectivo que le entregó entre enero y mayo de 2014. La última entrega se dio mediante el cheque número 000359 girado el 21 de mayo de 2014 al contador por valor de 38 millones 500 mil pesos de la cuenta 419009584 del banco BBVA, de la cual es titular Rigoberto Rugeles Bernal.

El cheque fue cobrado por William Javier Prieto Fajardo, subgerente de banca de empresas e instituciones de Ibagué del banco BBVA, a quien Jorge Alberto Pérez le endosó dicho documento y le pidió el favor que se lo cambiara, porque no podía ir por temas de trabajo. Además, ambos eran muy cercanos porque la esposa de Prieto Fajardo, es Sandra Patricia Pérez Palacio, prima de Pérez Díaz. Una vez cambiado fue entregado el exsecretario.

Otra adición al contrato

El 3 de septiembre de 2014 se adicionó al contrato 242 millones pesos y se prorrogó por 45 días con base en el acta de justificación que suscribió Jorge Alberto Pérez en calidad de supervisor y el contratista, acta que no corresponde a la realidad de la propuesta en cuanto a sus valores, pues al contrastar el acta contra las cotizaciones que reposan en la Alcaldía municipal, los investigadores descubrieron que no coincide la información que se consignó con los valores plasmados en cada una de ellas.

Pero las actividades sí las pagó el municipio al contratista con previo visto bueno de Pérez Díaz. Dicho dinero, no fue invertido en las actividades que fueron objeto de la adición por un valor final de 117 millones.

Bastidas, buscó ayuda política

En la solicitud de medida de aseguramiento, la Fiscal Cuarta Delegada ante el Tribunal reveló unos audios de interceptaciones telefónicas con los que buscó sustentarle al Juez el por qué, el abogado Leonardo Bastidas Mahecha, era un peligro ya que podría manipular o pedir ayuda a través de contactos políticos. En los audios, Bastidas se comunicó con un amigo a quien le comentó que lo había requerido la Fiscalía para audiencia de imputación y su conocido le dijo: “hay posibilidad de parar eso para que no lo vayan a pegar”.

Luego, el conocido de Bastidas mencionó que Chalarca, era cuota de un compañero. Chalarca es la fiscal 22 Seccional, quien adelanta las investigaciones de las obras de los Juegos Nacionales.

El abogado Bastidas le pidió a su amigo: “debería hablar usted también” y la respuesta fue “voy a llamar a Edward”.

En otra conversación, días previos a la primera audiencia que tenía Bastidas el 21 de julio del presente año, el amigo a quien identificaron como ‘Diego’, le dijo: “hablé con este ‘huevón’ y me dice que no le dice nada a ella, porque ella es complicada”. Pero le sugiere a Bastidas que vaya a la oficina de la Fiscal.

En otra conversación, con una mujer Bastidas le comenta lo ocurrido con ‘Diego’ y esta le aseguró que lo iba a recomendar y él le preguntó con quién, y ella le dijo que con Jesica Paola Ortiz, quien era muy amiga de Chalarca.

Sin embargo, Bastidas le manifestó: “no pero, no quiero que se enfurezca esa señora. Ella también es del grupo de Carlos Edward, del grupo mío político”.

De otra parte, en días pasados EL NUEVO DÍA hizo público que dos tíos de Chalarca son cercanos a Carlos Edward Osorio y al exalcalde de Ibagué Jorge Tulio Rodríguez, además, que Chalarca lleva las investigaci ones de los ejidos en los que aparece involucrada Aída Rodríguez Díaz, como representante legal de la firma contratista, mientras su hermano, el exalcalde Rodríguez Díaz, ha sido salpicado en el escándalo de los Juegos Nacionales.

Hojas de vida adulteradas

En la ejecución del contrato, Rugeles Bernal cambió el personal especializado mínimo requerido que había ofrecido como requisito habilitante para ser adjudicatario del contrato, sin adelantar el trámite establecido, es decir, sin que fuera autorizado por el ordenador del gasto, el interventor y supervisor de la Secretaría de Infraestructura o el secretario de despacho. Situación que conoció Pérez Díaz y no hizo ninguna observación ni reparto, máximo cuando se cambió la mayoría del personal que no cumplía con las exigencias requeridas en el pliego de condiciones y cuyas hojas de vida también fueron adulteradas o falseadas en su contenido.

De Igual forma, durante la ejecución del contrato, al contratista Rugeles Bernal, por medio de Jorge Alberto Pérez, supervisor, se le efectuaron sugerencias con relación a personas naturales y jurídicas a quienes debía darles las cotizaciones de la grama, cubierta y silletería.