La psicóloga Johanna Dignore Rodríguez Olaya, directora de la fundación Peces Vivos, fue detenida junto a su mamá y otras ocho personas, todos empleados de ella. En la sede ubicada en el barrio La Pola capturaron a algunas personas.

La operación la adelantó la Policía Metropolitana en coordinación con la Fiscalía 66 local de Ibagué, al ejecutar la operación ‘Einfaimpac218’, que dejó como resultado la captura de 10 personas que fueron requeridas por tortura, concierto para delinquir y ocultamiento, alteración o destrucción de evidencias.

El coronel Jorge Hernando Morales Villamizar, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, indicó: “Se recibió una información de una fuente humana (el testigo clave fue un exfuncionario) desde junio y se inició la investigación”.

El pasado 1 de junio inició la recolección de evidencias para judicializar a los funcionarios que presuntamente maltrataron a varios menores con discapacidad cognitiva.

El coronel Morales agregó: “Tenemos información concreta que les lanzaban la sopa en la cara a los niños y tenemos otros elementos de prueba que están consolidados. Además, la organización vulneró toda clase de derechos humanos a nuestros niños, niñas y adolescentes”.

Por su parte, Mario Gómez, fiscal delegado para la violencia de niños y niñas, adscrito al despacho del Fiscal General de la Nación, dijo que: “Las 10 personas prestaban supuestos servicios de atención y protección a un número importante de niños y niñas a lo largo de un año y seis meses. Los menores con discapacidad cognitiva fueron objeto de torturas, tratos inhumanos y degradantes sancionados penalmente por las leyes colombianas y reguladas por los tratados internacionales”.

El funcionario reveló que los menores eran amarrados a sus camas: “Se les suministró droga para facilitar un control supuestamente terapéutico sobre ellos y evitar actos de indisciplina. Fueron sometidos a doctrinas militares, ante cualquier circunstancia, como no comer o comerse las uñas y los obligaban hacer sus necesidades fisiológicas mientras estaban atados”.

Peces Vivos tenía un convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf: “Mediante el cual trataba a estas personas bajo las circunstancia antes expuestas. Había niños y niñas y jóvenes mayores de 18 años que habían obtenido la declaratoria de adoptabilidad días antes de cumplir la mayoría de edad”.

Al preguntarle al fiscal Moreno quién auditaba el convenio del Icbf y Peces Vivos y por qué no descubrieron antes las irregularidades, respondió: “Es una de las tareas que debe ser objeto de investigación por el mismo Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Lo que podemos decir es que en relación con el comportamiento institucional de la Fiscalía se van a imputar cargos a algunos miembros de las defensorías de familia que no obraron aparentemente con la diligencia adecuada”.

“La casa del terror”

Un residente del barrio La Pola comentó que la casa donde estaba la fundación Peces Vivos era conocida como “la casa del terror, porque los niños gritaban en las noches y madrugadas pidiendo que no fueran maltratados”.

Algunos habitantes ya habían pedido al Icbf intervención, pero, según ellos, no hicieron nada.

Otros contratos de la directora

Johanna Dignore Rodríguez Olaya celebró contratos en la administración de Luis H. Rodríguez, en el programa ‘La Incapacidad no es discapacidad’.

En 2016 se expidió un contrato con la Gobernación del Tolima y el ordenador del gasto fue Adriana Magaly Matiz Vargas, quien era la secretaria de Inclusión Social Poblacional.

Matiz y Rodríguez firmaron el convenio por 12 millones para la atención integral de población en condición de discapacidad mental psicosocial y física.

Cifra

11 niños fueron víctimas, pero la Fundación tenía cupo para 40.

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8 mujeres y dos hombres fueron detenidos