En el Juzgado Séptimo Penal con Función de Control de Garantías de Ibagué se desarrollaron las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos, en esta última se le atribuyó a la Directora de la Fundación, la Coordinadora y a una psicóloga presunta tortura agravada, concierto para delinquir y ocultamiento de evidencias, mientras que a los formadores y enfermeras se les señaló de posibles hechos de tortura agravada.

Estas acusaciones no fueron aceptadas por ninguno de los sindicados.

Enrique Arango, defensor de tres de los funcionarios, indicó que la Fiscalía basó sus argumentos en las evidencias entregadas por denuncias de los habitantes de La Pola y en los testimonios de los menores.

“Son pruebas ilegales, porque, primero, no fueron legalmente recogidas y porque los niños al ser incapaces no pueden declarar o sus declaraciones no tendrían valor. Está dentro del ambiente de que la ilegalidad puede llevar hacia el futuro a una posible nulidad de la imputación y de la medida de aseguramiento”, precisó el litigante.

Defensa justificó que se seguían protocolos de atención

Mientras que la Policía Metropolitana y la Fiscalía aseguraron que este caso involucra a 11 víctimas cuyo rango de edad va entre los siete y 17 años, y que además son niños con discapacidad cognitiva, la defensa argumentó que los tratos que son vistos por el ente acusador como hechos de maltrato y tortura hacen parte de un tratamiento que se brinda a pacientes dementes, esquizofrénicos, bipolares y que registran desorden de conducta sexual.

Del mismo modo, David Palacio, defensa de uno de los formadores, expresó que falta sustento científico de la Fiscalía y que se creó “una cacería de brujas”, también que es normal que sean amarrados para evitar que se autoflagelen y, a la vez, proteger a las demás personas.

Insistió en que es un procedimiento que estaría avalado por la Organización Mundial de la Salud en el marco de una crisis grave de salud mental.

Entre las pruebas que presentó la defensa estarían las historias clínicas y las órdenes de un siquiatra que avalaba el tratamiento; asimismo, existiría una bitácora de la Fundación en la que habría quedado consignado el acompañamiento diario que hizo el Icbf durante agosto y septiembre, tiempo en el que evidenciaron cómo se atendía a los niños.

En cuanto a las marcas expuestas por un dictamen de Medicina Legal como lesiones, la defensa argumentó que corresponderían a aquellos menores que fueron amarrados de muñecas y tobillos cuando entraban en crisis.

“Al hacer ellos fuerza las bandas dejaban marcas, pero ellos no tienen hematomas o la boca reventada, no tienen otra clase de marcas en su cuerpo más que las bandas que cumplen con los requisitos legales psiquiátricos para amarrarlos”, precisó Palacio.

Ayer en la tarde se conoció que la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento intramural para las 10 personas sindicadas, por lo que hacia las 6 p.m. los abogados defensores empezaron a debatir dicha petición.

Defensores de familia se pronunciaron

Ante los hechos, los defensores de Familia del Icbf regional Tolima, emitieron su desacuerdo con las declaraciones del Fiscal delegado para los Niños, Niñas y Adolescentes, e indicaron que su trabajo es acorde a la normatividad vigente y a los lineamientos aprobados por Bienestar Familiar. Asimismo, explicaron que su trabajo se limita al restablecimiento de los derechos de los menores y que no tiene injerencia en el proceso de selección o contratación de operadores.

“Hacemos un llamado al Ministerio Público para que actúe activamente en los procesos administrativos e inste a las demás autoridades que hacen parte del sistema nacional de Bienestar Familiar a que corresponsablemente garanticen los derechos de la infancia y adolescencia del Departamento”, indicaron.

Alcaldía de Ibagué solicitó cierre de la Fundación

El mandatario Guillermo Alfonso Jaramillo dijo que en 2016 solicitaron el cierre de la institución, porque el uso del suelo no corresponde al tipo de actividad de la Fundación, a lo que se le suma que el bien es considerado de interés cultural: “El 10 de agosto empezamos a hacer las primeras visitas para mirar qué estaba pasando y se le otorgó un término de 30 días para que no tuvieran ese tipo de actividades ahí.

“El 5 de octubre de 2016 expedimos la resolución 335, en que se ordenó el cierre definitivo del establecimiento fundación Peces Vivos por todas las cosas que pudimos detectar”, comentó Jaramillo.

Pero el 21 de octubre de ese mismo mes, la representante legal de la Fundación presentó una revocatoria directa en que sustentaba que la misma no era una entidad comercial, y en febrero de 2017, una inspección de Policía terminó dando la razón a Peces Vivos.