El procurador general, Fernando Carrillo, ordenó desplegar acciones preventivas en todo el país para vigilar que las entidades de los sectores de salud, prosperidad social, educación, defensa y todas aquellas que contraten el suministro de bienes, prestación de servicios o ejecución de obras para la atención de la población afectada, lo hagan de la manera inmediata, oportuna y transparente.

También habrá monitoreo y vigilancia del uso eficiente de los recursos públicos destinados a atender y contener los efectos del Covid-19, para evitar posibles actos de corrupción de funcionarios y o particulares, incluyendo a proveedores del mercado.

La Procuraduría dará especial apoyo a entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), que atiende a 1.750.000 niños y niñas de Primera Infancia en el país, para detectar estructuras inescrupulosas de operadores y prestadores servicios, que ante la emergencia pretendan manipular la información y aprovecharse de la necesidad de la niñez colombiana.