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Así mismo, deben poner en conocimiento de la respectiva Cámara las situaciones de carácter moral o económico que los inhiban para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su consideración. Cuando algunos no estén a la altura de su investidura deben ser sancionados por sus electores, negándoles la reelección, o exponiéndose a que el Consejo de Estado decrete la perdida de la misma, como ha venido ocurriendo en los últimos años, sentándose no solo un precedente legal sino moral donde se ratifica la importancia de la inclusión del régimen de inhabilidades e incompatibilidades en nuestra Carta.
Estas iniciales reflexiones deberán tenerse en cuenta por todas las bancadas que han acudido sin pero alguno a hacer parte del Acuerdo Nacional. Por ende, el Congreso debe estar atento a volver por sus fueros como organización primordial de nuestro régimen. Con sus actuaciones está obligado a demostrar que debe constituirse en el fiel de la balanza, y en factor de equilibrio del poder político, a pesar de que se hayan entregado al nuevo gobierno. Recordemos que durante el periodo republicano que vivió Roma, los legisladores tenían reservados los mayores poderes del Estado. El senado y el pueblo eran las máximas autoridades. La grandeza de Roma la identifica la historia con sus instituciones. Así quisiéramos los colombianos asimilarnos a esta Asamblea.
El cúmulo de tareas que puede desarrollar el Congreso por atribución constitucional permite a los legisladores ejercer un liderazgo nacional en todos los niveles de la actividad pública, también en el ámbito ético donde es prioritario que se asuma una vocería a través de las comisiones creadas en el seno de las Cámaras para prescindir de elementos que afectan la imagen de la Corporación.
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