El 4 de mayo de 2009, el uniformado se desempeñaba como receptor de denuncias y quejas del comando de Policía, cuando, en el momento en que se encontraba en el lugar donde se almacenaban los explosivos incautados, murió víctima de una explosión, pues el personal de esta institución manipuló este material y ocasionó el hecho.

Tras lo ocurrido, la familia del uniformado demandó a la nación y a la Policía nacional y aseguraron que hubo una falla en el servicio.

La Institución, en su defensa, confirmó que los hechos ocurrieron como la familia lo describió, pero consideró que lo ocurrido fue producto de un caso fortuito y no por negligencia de la Institución y que reconocieron pensión de víctima de sobrevivientes a la esposa e hijo de la víctima.

El 15 de noviembre de 2012 el Tribunal Administrativo del Cesar concedió parcialmente la demanda a la familia, al estimar que no había prueba directa que indicara el lugar y la cantidad exacta de explosivos, pero que sí se sabía que había más de tres kilos de pólvora lo cual era suficiente para ocasionar los daños.

En ese momento, el Tribunal consideró que la Policía fue negligente porque no impidió que el personal no autorizado pudiese colocar cualquier artefacto explosivo en las instalaciones y por eso reconoció una indemnización a los familiares de la víctima.