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La Ley de Seguridad Ciudadana está a una firma del presidente Duque de ser realidad, después de haber pasado la conciliación final en el Congreso.
Sin embargo, la aparente falta de tecnicismo en el documento ha provocado críticas en contra de los ministerios del Interior, Justicia y Defensa, promotores del texto.
Los ministros de Defensa, Diego Molano, e Interior, Daniel Palacios, defendieron la iniciativa como necesaria para darles a los jueces instrumentos para combatir la delincuencia.
“Esta ley va dirigida al ciudadano de a pie, y lo que busca es dar más instrumentos al Estado para que haya más seguridad, más convivencia y más justicia (...) y poder seguir trabajando en defensa de los colombianos y sin tregua contra los delincuentes”, aseguró Molano.
Frente al tema de la legítima defensa privilegiada, Palacios señaló, en declaraciones a emisoras de radio, que lo que se busca es simplemente proteger a quienes son atacados en su domicilio y presumir que si repelen ese ataque lo están haciendo en defensa propia.
“La legítima defensa en Colombia existe ya en el código penal. En el texto conciliado se limita mucho más la legítima defensa privilegiada y queda circunscrita a solo dos lugares, la habitación, es decir la residencia, y el vehículo. Se presume la legítima defensa y será el fiscal quien tiene que demostrar que no es así. En ninguna parte se está autorizando que la gente dispare de manera indiscriminada en las calles”, manifestó Palacios.
Hay que tener en cuenta que la Ley de Seguridad Ciudadana deberá superar el escollo de la Corte Constitucional, donde hace dos años se hundió una iniciativa similar aprobada a instancias de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez.
Algunos penalistas como Francisco Bernate e Iván Cancino coinciden en que un reflejo de las falencias que detectan en el proyecto de ley tiene que ver con que el Gobierno no consultó a la academia ni a expertos para la creación del texto.
De otra parte, Cancino está seguro de que en unos meses, al notar que los índices de criminalidad no bajan, el Gobierno se dará cuenta de que no sirvió.
Voz de experto
Para David Murillo, docente de Derecho de la Universidad Libre, la Ley de Seguridad Ciudadana, al contrario de lo que dice el Ministro de Defensa, Diego Molano, en el sentido que es para la protección de todos los ciudadanos, “es una ley basada en el peligrosismo penal, se restringen libertades ciudadanas y se presume que las personas podrán perturbar el orden público”.
Además, “en el caso de la legítima defensa, responde al populismo penal, porque al eliminar el requisito de la proporcionalidad no sólo permitirá abusos del derecho sino que promoverá la justicia por mano propia, situación que ya conocimos en el pasado y que degeneró en el fenómeno del paramilitarismo”.
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