pequeños mineros de San Luis y Valle de San Juan arribaron a las instalaciones de Cortolima para protestar por lo que sería una ‘persecución oficial’, esto teniendo en cuenta que a pesar de tener tradición y que varios poseen títulos desde hace 30 años, actualmente se les estaría desconociendo sus derechos, para darle paso, según a ellos, a una empresa que no es de la región.

El caso fue expuesto desde la Asociación de Mineros de San Luis y Valle de San Juan, Asomisanva, conformada por pequeños mineros que se dedican a la producción de carbonato de calcio.

“En 1994 hicimos la primera solicitud de legalización en la cual algunos fuimos legalizados en la parte minera, pero en la parte ambiental el Estado (financió) todos los planes de manejo en esa época que eran 49 planes para los pequeños mineros, pero a ninguno nos entregaron documento ni resolución”, narró María Yolanda Olaya Fajardo, integrante de la asociación.

La mujer llamó la atención en que con el paso de los años y tras haber hecho las respectivas solicitudes, la autoridad ambiental a la final no los legalizó, motivo por el cual procedió hacer cierre de títulos junto a la Agencia Nacional de Minería, ANM.

“Se inicia un desplazamiento por los entes de control, las personas que trabajan allá son dueñas de sus tierras, han desarrollado la pequeña minería desde sus ancestros, abuelos y padres, pero hoy en día los desconocen totalmente”, señaló Olaya Fajardo.

Otro de los argumentos de reclamo de la Asociación surge porque mientras ellos perdieron legitimidad minera, a la Sociedad Portland Mining Ltda que sería de Bogotá, le otorgaron desde hace varios años la concesión GAL 154 que está ubicado en San Luis y es para exploración y explotación de un yacimiento de roca o piedra caliza, mármol, entre otros, se explica en documento de la Agencia Nacional de Minería, ANM.

“Han desconocido nuestro derecho, a parte de eso nos han tratado como delincuentes como mineros ilegales, a eso veníamos hoy aquí (Cortolima) que nos respeten como mineros porque somos gente de bien, trabajadora, generamos una industria en donde se mueven más o menos 500 familias de la región”, agregó.

Añadió que prácticamente les informaron que no podrían trabajar en sus predios, porque estaban dentro de un título otorgado. “Hoy llegan a cerrarle sin tener en cuenta que es su finca, es su tierra. El señor no hizo exploración en otra parte, sino únicamente en los sitios que es área de los pequeños mineros, no tiene otro lado”.

En cuanto al área en que adelantan actividad minera, la mujer explicó que algunos están en las veredas Salitre, la Resaca y el Porvenir, allí extraen carbonato de calcio y sería el único yacimiento en la región. Dicho producto es usado para la cadena alimentaria avícola, porcícola, abonos, entre otros.

De la misma forma, los afectados expresaron que también les preocupa el hecho que en el área de la concesión están ubicados los afluentes que abastecen al corregimiento Payandé y el casco urbano de San Luis.  

¿Omisión a la ley?

A través de un derecho de petición firmado por presidentes de Junta de Acción Comunal, JAC, y mineros tradicionales se expone a la Agencia Nacional de Minería, oficina regional de Ibagué y a Cortolima el panorama de lo que se está viviendo actualmente en la zona.

De la misma forma, se manifiesta que en este caso las autoridades habrían desconoció la Ley de Minería pues allí se especifica que quienes solicitan concesiones deben “señalar si dentro del área solicitada existe algún tipo de explotación minera, indicando su ubicación y metodología utilizada para conocer la existencia o no de dicha minería”, el no hacerlo genera sanciones. 

A lo que María Yolanda Olaya Fajardo agregó que los mineros de hecho tienen por derecho propio “su tierra y espacio, eso lo contempla el código de minas, pero han hecho caso omiso a la ley”. El oficio también será enviado a entidades del orden nacional que tienen injerencia en el tema  y a los entes de control.

Tras la manifestación hecha en las instalaciones de la Corporación, aunque los protestantes no fueron atendidos, lograron el agendamiento de una reunión el próximo 15 de septiembre con tres delegados de la Asociación.

DATO

El contrato de concesión GAL 154 sería sobre aproximadamente 467 hectáreas aproximadamente y según los afectados ya cuenta con licencia ambiental para un proyecto de mediana minería.