En Armero – Guayabal se desarrolló ‘atípica’ audiencia ambiental

Crédito: Hélmer Parra - EL NUEVO DÍAEn la audiencia ambiental de Cortolima se tuvo más de 100 personas inscritas, sin embargo, no todas participaron.
En medio de cuestionamientos al Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero que busca adelantar Carsa Gold en zona rural y acusaciones de un posible caso de desplazamiento forzado, se cumplió con la audiencia que hace parte del trámite de solicitud para explotación de materiales de arrastre y oro.
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En Armero – Guayabal se desarrolló la audiencia pública que hace parte del trámite de licencia ambiental que adelanta Carsa Gold Compañía Minera Colombiana S.A.S. para el proyecto de explotación de materiales de construcción gravas y cantera, minerales de oro y sus concentrados en la vereda Maracaibo y el corregimiento de Méndez.

A pesar de los argumentos del representante legal de la empresa, la mayoría de los asistentes e intervinientes, le solicitaron a Cortolima no entregar el permiso, pues consideran que habrá afectación a la quebrada Jabonera y el río Sabandija, también, en área de bosque seco tropical.

En la jornada que se adelantó en el auditorio de la Asociación Colombiana de Jóvenes, estuvieron presentes Olga Lucía Alfonso Lannini, directora de la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima; el alcalde Medardo Ortega; Daniel Rubio, procurador Judicial, Ambiental y Agrario para el Tolima; el personero Fabián Barrera; concejales, veedores y comunidad en general.

De entrada, Alfonso Lannini explicó que, “todo lo que ustedes van a plantear acá, todas las ponencias y documentos que nos entreguen por supuesto serán tenidos en cuenta al momento de la evaluación. Debo manifestar que la Corporación no ha iniciado el trámite de esta evaluación”.

Y aunque el documento mediante el cual se solicitó la audiencia fue firmado por más de 100 personas, los designados como ponentes no asistieron.

El procurador Rubio en su intervención recordó que por Constitución la ciudadanía tiene derecho a la participación ambiental, acceder a información clara, completa y oportuna. Igualmente, hizo énfasis en que el polígono de concesión minera, hace parte del ecosistema de bosque seco tropical.

En una obra del Instituto Alexander von Humboldt se señaló que de “bosque seco tropical en Colombia, existía hace unos años 9 millones de hectáreas y que a 2014 solo quedaba el 8% (…)”. El delegado del Ministerio Público agregó que uno de los planteamientos del estudio, es que este tipo de ecosistema está expuesto a amenazas.

Rubio comentó que teniendo en cuenta que es un trámite ambiental que apenas inicia, solicitó a la CAR remitir a la Procuraduría el acta mediante el cual se solicitará por única vez información adicional, de la misma forma, el acto administrativo que declare reunida toda la información requerida “y los conceptos técnicos de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental que se emitan”.

Por su parte, el mandatario Medardo Ortega le solicitó a la autoridad ‘pensar bien’ sobre esta licencia, igualmente, explicó que en 2020 se adelantó una reunión con la Agencia Nacional de Minería para hablar sobre el tipo de actividad que se hace en su territorio, “pero en ningún momento, en esa reunión dice que la Administración o el alcalde, apoya la minería como lo dicen algunas personas”.

Agregó, que no está de acuerdo con el proyecto y lo que busca es apoyar a los agricultores, al igual que, los ganaderos, por lo que dice no a la minería en su municipio.

El personero Fabián Barrera dijo que recientemente visitó la vereda Maracaibo junto a miembros del Comité Ambiental, para verificar lo expresado por la comunidad en la reunión informativa y pudo evidenciar que la quebrada Jabonera en diferentes tramos está seca.

“Caminamos por donde supuestamente debe pasar la quebrada, escuchamos a la comunidad y nos indican que la vocación de ellos es netamente agrícola y ganadera, no es vocación minera”.

Otro de los cuestionamientos de Barrera es que la operación sería por el método de aluvión “cómo lo van hacer con retroexcavadoras, el aluvión es a la orilla de los ríos, entonces la sedimentación va a ser grande, la afectación en todos los aspectos del ecosistema se nos va a presentar”.

En búsqueda de estrategias de empleabilidad

El mandatario Medardo Ortega indicó que las comunidades tanto en zona rural como en el área urbana defienden el agua, porque hay una notoria escasez, reiteró que indiscutiblemente la principal actividad económica es agropecuaria, “nosotros venimos luchando con el acueducto de Maracaibo, presentando un proyecto ante la Edat para poder favorecer a los campesinos.

“Me reuní con el presidente de Junta de Méndez (se le informo) que le presentamos un proyecto a la Edat y al Gobernador por $2 mil 800 millones para la planta de tratamiento de agua, es triste que en pleno siglo XXI, nuestros mendunos no consumen agua potable, ellos captan el líquido del río Sabandija”.

Al consultarle al mandatario cuáles son sus propuestas para la generación de empleo, indicó que le está apostando a que Armero – Guayabal sea un destino de turismo religioso, actualmente, ya se hace parte de la estrategia Geoparque, “hemos venido luchando y trabajando, pero no es fácil, nosotros tenemos que apuntarle al turismo, que es lo que está generando empleo en muchos municipios”. 

Lo que expone la empresa

Alirio Barbosa Peña, representante legal de Carsa Gold, explicó que es el primer proyecto minero en el que participa y lo hizo porque ve la posibilidad de crear “modelos donde la comunidad se haga partícipe de la minería y no solamente se beneficien del empleo, sino que se beneficien de las utilidades que llegara a generar el proyecto”.

Añadió que las comunidades participarán también ayudando a cuidar la zona, “proteger la naturaleza y vigilar que las cosas se hagan bien (…) a la comunidad de Armero, a la mesa de Cortolima, le deseo que se rodeen de sabiduría y apoyen este proyecto minero”.

Igualmente, mencionó que es una oportunidad para que los habitantes puedan adquirir participación en la propuesta y así evitar que “una multinacional o una empresa, se llene los bolsillos, solo piensan sacar los utilidades dejando los daños ecológicos”.

Según Barbosa Peña la idea es incluir a las comunidades a través de un crowdfunding “que ayuda a los emprendedores y a las empresas que tienen una idea novedosa a crear un propósito bonito para desarrollar proyectos”.

Y aunque la jornada se tornó tranquila, los ánimos se alteraron cuando el representante legal indicó que la propuesta si fue socializada entre las comunidades directamente impactadas y comentó que “mucha gente sí tiene el deseo y las ganas de hacer minería”, a lo que las mayorías de los asistentes entre rechiflas respondió que era “mentiras”.

En el tema del uso de agua, Barbosa Peña explicó que “no se va usar toda esa (cantidad) de agua de la que están hablando ustedes, nosotros tenemos lagos propios en donde podemos hacer nuestra propia necesidad de agua y la podemos usar sin (tocar) siquiera la de los pozos, porque es un proceso en seco, pero después se va a usar agua que es reciclable”.

Asimismo, mencionó que la empresa podría traer el agua de afuera “y no tocar el agua de la zona, lo podemos hacer”.

En cuanto a la explotación, el hombre precisó que la principal actividad sería explotación de gravas y arenas “el oro es el residual de las gravas, es un proceso natural que se saca con agua, no vamos a usar cianuro, ni ningún producto químico y lo deben decir los estudios, todo es demostrable”, dijo Barbosa Peña y agregó que no tocaría el río Sabandija.

Las proyecciones en volumen, de acuerdo a la presentación de Carsa Gold es de 208 mil 800 metros cúbicos (M3) al año de gravas y arenas de cantera, gravas y arenas a través de terrazas bajas es de 31 mil 200 M3, arcillas micelaceas 16 mil 800 toneladas al año y oro de origen aluvial 22 mil 464 gramos anualmente.

Concejales en ‘sintonía’ con las comunidades

10 concejales de 11, sentaron una posición unánime de negativa con el proyecto de Carsa Gold, por ello, firmaron un documento en el que hacen un llamado, en medio de la emergencia climática del departamento y municipio, a proteger el derecho de las generaciones venideras a disfrutar de un ambiente sano.

“Consideramos que este proyecto minero no está ajustado a la vocación que desde hace más de 50 años llevan a cabo todos los maracibunos y mendunos, ni se encuentra ajustado al Esquema de Ordenamiento Territorial del municipio”, se precisa en el oficio entregado a la CAR.

El cabildante José Yesid Fernández Ocampo contó la iniciativa de tener una “postura como Corporación ante este proyecto minero, en donde 10 concejales la firmaron ratificando justamente la vocación de nuestro territorio que es agrario”.

Agregó, que también se está trabajando en un proyecto de acuerdo que permita declarar al río Sabandija como sujeto de derechos.

Otra de las preocupaciones que quedaron en evidencia en la audiencia fue la falta de fuentes de empleo, sobre ello, el concejal Diego Martínez, indicó que la Corporación está en disposición de aprobar los proyectos de acuerdo que estén encaminados a brindar alternativas laborales.

Comentó que se ha estado hablando de la posibilidad de que en Armero – Guayabal se empiece a producir aceite de aguacate, frutal que es uno de los fuertes del municipio. “No hay fuentes de empleo (formal), sino informal y obviamente, esto perjudica a toda nuestra gente”.

El concejal William Olaya habló sobre la falta de agua potable en Méndez y Maracaibo, recordó que hace un tiempo la Gobernación del Tolima aprobó un proyecto para fortalecer y mejorar el acueducto de Maracaibo, “no tenemos agua en ese sector y el hecho que se sigan generando ese tipo de proyectos hídricos, lógicamente va a desarrollar a la comunidad”.

Por su parte, el cabildante John Fredy Mahecha señaló que en la audiencia pública quedó demostrado que en Méndez y Maracaibo la “opción de ellos no es la minería, ellos tienen un potencial muy importante que debemos seguir apoyando que es la ganadería y la agricultura, donde proyectos beneficiosos que junto con el Concejo y el mandatario de turno podemos adelantar nuevas opciones laborales”.

Mientras que el concejal Mauricio Bulla expresó que es gratificante ver la postura del campesinado de la población, por lo que “tenemos un gran reto y es seguir acá en adelante en la lucha contra esto, que por supuesto vamos a acompañar a Méndez y Maracaibo en contra del proyecto”.

Y el cabildante Carlos Villarraga opinó que es necesario que la Administración municipal asigne más recursos al sector agropecuario, pues según el presupuesto de esta vigencia solo fueron asignados $53 millones, “para un municipio que es netamente agrícola y ganadero, es irrisorio y triste para el campo”.  

Prohibición por EOT

Por parte del distrito de riego Asomaracaibo, participó Luis Eduardo Montoya Medina, quien representó también a la Asociación Femenina de Maracaibo, Asofema; la Asociación Comunal de la vereda de Maracaibo y el presidente de la Junta de Acción Comunal de Méndez.

En su intervención recordó que en Armero – Guayabal, la minería está prohibida en gran parte del territorio según el Esquema de Ordenamiento Territorial, EOT, a excepción del corregimiento de San Pedro, “en Maracaibo y los demás no, porque son de tradición agropecuaria”.

Igualmente, trajo a colación que en su momento Cortolima fue consejero de Armero – Guayabal para el EOT, “entonces estaría sin razones válidas yéndose en contra de unos conceptos, que otras personas, pero con las mismas leyes y los mismos actos”, aprobaron dijo Montoya Medina.

El veedor Benjamín Williams Castañeda cuestionó varios aspectos como que algunos de los consultores de la empresa indicaron ser profesionales en especialidades que no existirían, “Miguel Oswaldo Montealegre Gómez él se dice ser en la presentación ingeniero hidrogeólogo especialista en ambiente, no existe esa ingeniería”.

Asimismo, pidió a Cortolima investigar si realmente existe o no el Laboratorio Ensayos de Geotécnica – Entorno Ambiental, pues según Williams Castañeda “no se encuentra registrado a nivel departamental ni a nivel nacional”.

Igualmente, cuestionó que en el Estudio de Impacto Ambiental no se explica claramente cuál es el impacto al que se expone la vereda Maracaibo.

Don Aníbal Camargo indicó que teme que los desplacen de Maracaibo y recordó las grandes dificultades que tienen para acceder a agua, “pertenezco a Asomaracaibo, llevamos 17 años (intentando) llevar un agua y todavía no se ha podido terminar y eso que es para producir comida, para dar vida. Ustedes no se han interesado como Cortolima”. 

Entre pros y contras

José Hernando Osorio Jiménez en su intervención opinó que siendo oriundo de esta población ha podido evidenciar que no ha avanzado, tampoco, hay oportunidades para los jóvenes para seguir estudiando ni para laborar, por lo que invitó a los habitantes a escuchar la propuesta. 

“Aquí se habló que somos un pueblo agrícola y voy a la plaza de Guayabal a buscar un racimo de plátanos y no lo encuentro, voy a buscar el lechero y tampoco”.

Ángela Rojas hizo énfasis en el bosque seco tropical, asimismo, en los paisajes de Maracaibo y Méndez, “estuve en la finca en donde se (va a desarrollar) el proyecto, bellísima, bellísimo los bosques, no es posible que lo poco que hay de agua escorrentía de lluvias se lo lleven”. Asimismo, esta zona sería paso de aves migratorias, sin olvidar que existen cultivos de productos como maní y algodón.

Y Juan Pablo Ramírez quien intervino en representación a la Corporación Jóvenes Independientes y al Concejo Municipal de Juventud, cuestionó que al parecer hubo “falsedad en información” en algunos de los formatos reportados por la empresa.

Y puso como ejemplo, que una caracterización en la que se preguntaba a la comunidad, si estaba de acuerdo con el proyecto minero 70 personas habrían dicho si, “pero les presento estas que hizo la Corporación Jóvenes Independientes donde dice ¿está usted de acuerdo con el proyecto minero? La comunidad dijo no, entonces de dónde sacaron estos datos”.

Durante la audiencia varias personas hicieron intervenciones a favor del proyecto, pues consideran que es una opción laboral en un municipio en el que las alternativas de empleabilidad son escasas.

Sin embargo, a los habitantes de Maracaibo les preocupa más la falta de agua potable y los bajos niveles de las fuentes hídricas de las que dependen para su consumo.  

Denuncias de presuntos desplazamientos

En medio de la audiencia, se hicieron graves acusaciones pues según Carlos Alberto Salazar Ospina, él era el propietario original de Carsa Gold y “en los terrenos me hicieron desplazamiento forzoso, acá están las personas que me hicieron desplazamiento forzoso y lo hizo el señor Alirio Barbosa y Rafael Pedraza, entonces es un proyecto que nació muerto”, añadió que la investigación está radicado en la Fiscalía.

Según algunas versiones que corren por las calles de Armero – Guayabal, Barbosa y Salazar en algún momento fueron socios, relación que terminó con fuertes conflictos y denuncias de desplazamiento de fincas.

Participación de dirigencia política

A la audiencia también asistió Martha Lisbeth Alfonso, líder ambientalista y electa a la Cámara de Representantes, expresó que entiende a aquellos que consideran que la minería es un alternativa económica en un municipio “devastado como la mayoría de los del departamento, que viven de la agricultura”.

No obstante, hizo referencia a la producción de carbón en el Cerrejón, ubicado en La Guajira, lugar en la que se sacan millones de toneladas de dicho mineral al año “quisiera que ustedes investiguen cuáles son las condiciones en las que vive la población, que está alrededor de esa zona.

“La minería por lo general trae pobreza, destrucción, contaminación, hambre, entendemos la situación, pero no es la alternativa (…)”, expresó.

Y en lo que respecta al EIA, la ambientalista comentó que existirían vicios de procedimiento, entre ellos, que hay firmas traslapadas una sobre la otra “y no se logra entender quién es el responsable de ese estudio”, además las fechas del documento son de 2018 y 2019, pero fue presentando en esta vigencia para el trámite de la licencia.

También participó la electa representante a la Cámara, Olga Beatriz González Correa, indicó que en la actualidad es difícil entregar una licencia para minería, pues se termina rompiendo la dinámica de la fauna y flora del territorio, “pienso que tenemos que luchar por un planeta verde, (…)”.

En cuanto a la falta de empleabilidad indicó que comprende que Armero – Guayabal tiene bastantes necesidades y le falta inversión, “pero el desempleo no lo vamos organizar abriendo nuevas minerías, el empleo lo vamos a organizar con inversión social y obras públicas, con inversión de empresas dedicadas a otros menesteres distintos a la minería (…)”.

González Correa concluyó su intervención señalando que está de acuerdo con la minería artesanal que no es contaminante y solicitándole a la Directora de Cortolima, escuchar los argumentos de la comunidad y tomar una decisión en pro del medio ambiente.

Y el diputado Renzo García coincidió que el EIA tiene serias falencias que no pueden ser pasadas por alto, “de la misma manera estamos viendo que en una audiencia pública, el titular del proyecto minero no presentó como se debe el diagnóstico, ni los componentes de suelos, agua, aire, flora, fauna, del componente hidrológico, cómo se va a desarrollar el proyecto, lo cual no le permite a la comunidad entender cuáles pueden ser sus posibles afectaciones”.

Coincidió que la extracción se haría en área de bosque seco tropical, “ecosistema más amenazado del mundo e incluso la Corporación en la misma vereda Maracaibo, ha hecho incorporaciones, liberación y seguimiento de tití gris, morrocoy y otras especies desde hace varios años, no entiendo por qué se quiere desconocer este asunto en el Estudio de Impacto Ambiental”. 

 

 

Redacción Tolima

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