Los motivos están expresados en las 19 peticiones que el 26 de febrero pasado fueron dadas a la ministra de Educación, Gina Parody D’echeona, nueve de ellas solicitando que se cumplan mandatos legales ya establecidos; cinco “solicitudes de prestaciones económicas” y cinco más, “solicitudes de iniciativas legislativas y/o reglamentarias”.

¿Se justifica que el magisterio estatal colombiano haga un paro indefinido? Comienzo por decir que muchas de las peticiones que hace Fecode en representación de más de 330 mil docentes estatales son justas y razonables. En el fondo se justifican en la poca atención que en nuestro país se da a la educación, así en los discursos de campaña se grite que la educación es prioritaria para el desarrollo económico y social. El docente, siendo factor esencial para lograr la calidad educativa, no ejerce su labor formativa en condiciones laborales satisfactorias.

En el pliego, en primer lugar está la “nivelación salarial”, que el presidente Santos acordó con la organización sindical; luego, está la relacionada con aspectos de la carrera docente para que los vinculados al nuevo estatuto del decreto 1278 de 2002, tengan derecho a ascensos en el escalafón sin la aprobación de la “evaluación de competencias”, que fue objeto del paro de 2014; establecer un incentivo salarial para los educadores que llegan al grado 14, el más alto, en el escalafón establecido por el decreto ley 2277 de 1979.

Son reivindicaciones salariales que desde luego tienen implicaciones financieras que se supone deben ser objeto de estudio del Gobierno, en momentos en que la economía del país no es la mejor. Pero es justo que los docentes tengan salarios mensuales, por lo menos al nivel del que devengan profesionales de otras disciplinas. Porque según estudios al respecto, la diferencia de salarios mensuales de un docente con título profesional puede estar entre siete y 18 por ciento, por debajo del que devenga un profesional de otras disciplinas. “Sólo 37 por ciento tiene un salario básico que supera los dos millones 351 mil 63 pesos”, siendo que el 40 por ciento tiene título de postgrado, principalmente del nivel de especializaciones (Chamorro, 2011, Observatorio de la Educación, UT).

Política educativa

Sobre la implantación de la Jornada Única que se plantea en el plan nacional de desarrollo, Fecode no se opone radicalmente a ella y sería aceptada por el magisterio si está “acorde con lo preceptuado en la ley 115 de 1994”, si paralelamente se mejora la infraestructura escolar actual, se construye nuevos establecimientos, se respetan las relaciones de alumno por docente para evitar el hacinamiento en las aulas; se incrementan los aportes para transporteescolar, alimentación para los estudiantes y no se aplica la “tercerización” que actualmente se cumple mediante la contratación del servicio educativo a través de los “bancos de oferentes”.

Fecode pide que el nivel de educación preescolar sea de tres grados (prejardín, jardín y transición), como establece la ley general de educación. “Se engaña a la población con la jornada única”, dice.

En este tercer punto se pide al Gobierno que los recursos financieros para el gasto educativo sean equivalentes al 7.5 por ciento del Producto Interno Bruto.

Pago de las deudas

El magisterio pide, a través de Fecode, que se pague las deudas que el Estado tiene con el magisterio por diferentes conceptos salariales, entre otras: ascensos en el escalafón, bonificaciones por concepto de zonas de difícil acceso, primas de servicios y otras.

Se pide “la preservación y respeto del Régimen Pensional y Prestacional del magisterio”, la integración de una comisión que estudie la viabilidad de un convenio interadministrativo para utilizar las cesantías como ahorro inicial para la adquisición de vivienda nueva o usada.

¿Legal o ilegal?

¿El paro indefinido del magisterio, en caso de cumplirse, será legal o ilegal? ¿Habrá la orden de que se suspenda los pagos de salarios a quienes participen el paro, como ya ha ocurrido en otras ocasiones? Son preguntas que los docentes se hacen frente a la decisión de participar o no en esta protesta pública y masiva de los maestros.

Al respecto es pertinente decir que el magisterio, a través de Fecode, siempre ha ganado reivindicaciones nuevas cada vez que ha promovido un paro. Porque se trata de la organización sindical que integra y moviliza al mayor número de servidores públicos, y es una organización con entronques políticos, que tiene gran poder informal sobre el sistema escolar, poder que muchas veces supera el poder formal del Estado, en la prestación del “servicio educativo”, como lo califica la Constitución.

Fecode tiene el derecho de presentar pliegos de peticiones y negociar su satisfacción. El paro es un acto de fuerza, una protesta colectiva que se realiza para buscar beneficios para el gremio de maestros. No se califica como huelga, porque ello tendría implicaciones distintas. Se recuerda que en el paro de 2007, el Gobierno nacional, en tiempos de Uribe, por decreto ordenó el no pago de salarios a quienes participaran en el paro, sin embargo los descuentos salariales que se ejecutaron debieron ser devueltos a los docentes, después del paro.

En las actuales circunstancias, estamos en una etapa electoral y varios sindicatos, entre ellos Fecode, esperan convertir esto en una oportunidad para ganar puntos del pliego de peticiones. Ya hay paro de trabajadores de la Universidad Nacional y se anuncian los de la Fiscalía, los del sector petrolero y los de Cerromatoso.

Salud y bienestar, cumplimiento de acuerdos previos

Tal como lo ha venido reclamando el magisterio a través de movilizaciones masivas y paros de 24 horas, se pide “un servicio de salud digno” y en cuanto a bienestar son reclamados recursos financieros para la construcción de la sede de Fecode en Bogotá, garantizar la realización anual de los juegos nacionales del magisterio y “garantías sindicales”.

El listado de peticiones relacionadas con el cumplimiento de acuerdos pactados en otros momentos, incluye aspectos laborales, protección de la vida de los educadores y reivindicaciones laborales y salariales.

Se pide que continúe la negociación de un “Estatuto Único de la Profesión Docente” a través de la comisión tripartita que se ha constituido para el efecto, estatuto que deberá llegar al Congreso para su aprobación. Se pide, igualmente, la “suspensión o congelamiento de las políticas de privatización de la educación” y, en consecuencia, implicaría que no se siga con la contratación del servicio educativo a través de los denominados “bancos de oferentes”, cuando la planta de personal estable no alcance para satisfacer la demanda de matrícula, que tampoco se proceda a la modalidad de colegios en concesión.

En cuanto a la protección de los derechos humanos y la vida de los docentes, se pide el cumplimiento de normas vigentes sobre docentes amenazados, extorsionados y desplazados.