La Corte estudió varias tutelas presentadas por padres de menores en situación con discapacidad y llegó a la conclusión de que no existe un modelo adecuado para hacer mediciones sobre esta educación, ya que actualmente solo se basa en las pruebas Saber, que no tienen en cuenta las discapacidades.

“La Sala considera que el método de evaluación de los planteles carece de índices que tengan en cuenta la calidad de educación inclusiva. Sin replantear la forma de medición de conocimiento de las pruebas Saber, se observa que estas se enfocan a cierto tipo de habilidades, e incluso, de áreas. Por lo tanto, omitir otros factores relevantes para evaluar los planteles inclusivos puede desconocer el trabajo de calidad que ejecutan”, se lee en el fallo.

De acuerdo con la Corte, las pruebas Saber no son un método adecuado para valorar el conocimiento de personas con diferencias de aprendizaje, algo que de forma indirecta premia que no se incluyan a estos estudiantes en las instituciones regulares.

Además, dice la Corte, eventualmente puede generar también que las instituciones que tengan servicio educativo adecuado, de calidad y apto para abordar la educación de los niños y las niñas en situación de discapacidad, no podrían ser contratadas por no tener un nivel determinado en las pruebas estatales.

“El problema radica en que algunos aspectos esenciales para evaluar la calidad de la educación inclusiva no son tenidos en cuenta. Por ello, se considera que factores como la idoneidad de la planta docente y la prestación del servicio de educación inclusiva también deben ser tenidas en cuenta por el Ministerio de Educación a fin de evaluar los colegios a los que podrían acceder personas en situación de capacidad que requieran de ajustes razonables para su educación”, agrega.

En la misma decisión, el tribunal constitucional instó al Ministerio a implementar un diálogo más eficaz con quienes tienen la responsabilidad de la educación a este sector de la población.