El modelo de financiación del sistema escolar en Colombia (Sistema General de Participaciones) está en crisis y debe ser reformado. Es un tema en que se comprometió el actual gobierno, en el acuerdo final con Fecode, para dar por terminado el paro nacional de junio.

Las cifras nos dicen que las transferencias que hace la nación para el gasto educativo en las entidades territoriales certificadas, escasamente cubren los costos salariales y prestacionales del personal docente y administrativo, si tenemos en cuenta que los giros para calidad educativa apenas equivalen al 6 u 8 por ciento.

Una manifestación de la crisis financiera en del sector es la reducción paulatina de los presupuestos para educación hasta el punto de que gobernadores y alcaldes ya comenzaron a reclamar transferencias para, por lo menos, pagar la nómina en los meses finales de 2017.

“Los municipios y departamentos dejaron de recibir, solo entre 2002 y 2016, cerca de 138 billones de pesos (a precios constantes de 2017), de los que 73 billones eran para financiar el sistema educativo público. Las transferencias cayeron vertiginosamente en el Presupuesto General de la Nación, pasando de representar 40.5% de los Ingresos Corrientes de la Nación en 2001 a solo 26.7%, reduciéndose casi a la mitad de la participación... La situación financiera de la educación pública está en una profunda crisis”, reza un comunicado de Fecode del 25 de junio pasado.

Para el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, la comparación es un poco distinta: en 2002 la distribución de los ingresos corrientes de la Nación equivalía al 40.6% para educación y pasó a ser del 28.37% en 2012.

El hecho de que en 15 años los recursos financieros para educación hayan decrecido en 13.8 puntos porcentuales es un dato alarmante, que no se puede ocultar diciendo que el presupuesto para el gasto educativo en el país supera el de las Fuerzas Armadas.

Según el acuerdo de Fecode con el Gobierno, antes de junio de 2018, se presentará al Congreso una propuesta de reforma al Sistema General de Participaciones vigente, lo que implica una reforma constitucional que tendrá un recorrido largo, antes de ser aprobada.

“Reforma estructural del SGP que permita garantizar de manera progresiva los recursos necesarios para seguir cerrando las brechas relacionadas con el acceso universal, la canasta educativa y la jornada única”, establece el acuerdo.

¿Cómo está el gasto en educación en Colombia? Hay suficientes estudios que dan respuesta a este interrogante. Andrés Vergara Ballén (2014) nos dice que el gasto público en educación equivalía al 5% del Producto Interno Bruto, en 2014; y según esta cifra nos superaban México, Brasil y Chile, países que igualmente aventajan a Colombia en el desempeño de sus estudiantes, en las pruebas internacionales de evaluación del rendimiento académico.

Cuba hace un gasto en educación bastante alto. Era del 14.06 % sobre el PIB en 2008, en Colombia equivalía al 4.93% en 2013, pero está el caso de Costa Rica, donde este gasto equivalía al 23.1% en 2014.

La conclusión es, entonces, que en Colombia el Estado no está invirtiendo en educación los recursos requeridos para ser “la mejor educada”, como lo pregona el gobierno nacional de Juan Manuel Santos.

Porque fue precisamente Santos quien, siendo Ministro de Hacienda del presidente Andrés Pastrana, desmontó el Situado Fiscal establecido por la Ley 60 de 1993, que era más generoso con la educación.

La situación financiera de la educación en Tolima

Antes de seguir adelante, es pertinente decir que es la Nación la responsable central del financiamiento del sistema escolar estatal en Colombia, con la participación poco importante de las entidades territoriales (departamentos y municipios).

La distribución inicial del presupuesto para educación en el Tolima, para 2017, según el SGP, es de 582 mil millones de pesos, de ellos 400 mil millones para los 46 municipios no certificados y 182 mil millones para Ibagué, transferencias que se destinan para el gasto de nómina y prestaciones sociales del personal, principalmente, como ya queda dicho.

Son cifras iniciales para 2007, ligeramente inferiores a las de 2016. Para los 46 municipios no certificados implicó aproximadamente 10 mil millones de pesos menos; para Ibagué, cerca de seis mil millones de pesos más., con la advertencia de que hacia septiembre la Nación gira un “complemento a la población atendida”, con el que generalmente se completan los gastos requeridos para los pagos salariales.

Las transferencias para calidad educativa

Cada tesorería municipal recibe transferencias del SGP de la Nación para gastos en calidad educativa e incluye las transferencias para gratuidad educativa que llegan a la tesorería de cada Fondo de Servicios Educativos de las instituciones educativas oficiales.

En 2016, Ibagué recibió cinco mil 243 millones de pesos para gastos de calidad educativa, y Espinal mil 38 millones de pesos, recursos que se pueden gastar en mantenimiento y reparaciones de la planta física de los establecimientos, compra de equipos y materiales requeridos para la enseñanza, conectividad y otros gastos que son aprobados por los consejos directivos de cada institución con la ordenación del gasto de cada rector. Ibagué comenzó 2017 con la asignación de cerca de $2 mil millones.

Es pertinente decir que Ibagué es uno de los pocos municipios que hacen aportes para educación de sus recursos propios. Hacia septiembre de 2016, el presupuesto para educación llegaba a 273 mil 812 millones de pesos, de los que 11 mil 914 millones eran aportes de recursos del Municipio; 65 mil millones recursos de crédito para Jornada Única y fortalecimiento de la plataforma tecnológica. Se le suman 188 mil 897 millones que correspondían a transferencias del SGP.