El fenómeno se generaliza en los demás países de la región donde los resultados son similares: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, Uruguay, El Salvador, Jamaica y México también califican a sus colectividades como las más corruptas. Mientras tanto, solo Paraguay y Colombia califican a su sistema legislativo como víctima de este fenómeno. 

Para Marcela Escandón, analista del Observatorio Legislativo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría, hay un desconocimiento de los ciudadanos de cuál es la labor del legislativo en una democracia, pero también hay un desprestigio justificado de su labor. 

“Hay que admitir que conocemos muy poco la labor de esa institución. Por eso, los políticos generan dinámicas inadecuadas porque les exigen cosas por las que no pueden responder. Si bien hay una responsabilidad de los políticos que actúan de manera deplorable ante la sociedad, el pueblo no usa los mecanismos de participación, ni tampoco ejecuta los procesos de rendición de cuentas necesarios en sistemas democráticos como el colombiano”, dijo Escandón. 

Y agregó que en Colombia el pueblo debería saber diferenciar la institución del congresista. “Por supuesto, hay legisladores implicados en fenómenos de corrupción, pero los ciudadanos también nos debemos dedicar a fortalecer la institución que es necesaria para toda democracia”. 

En el concepto de Escandón, los congresos en el mundo son, por lo general, las instituciones más desprestigiadas porque, entre otras cosas, no tienen una figura relevante en los medios de comunicación. “En el caso de los congresistas colombianos, ni siquiera la mitad son conocidos por la gente”. 

Sin embargo, enfatiza en que ese fenómeno, que, según ella, está alimentado por el propio sistema, no significa que se acepte la corrupción en el legislativo.

“Eso no es una justificación para que no se le haga seguimiento a la labor del congresista, ni que tampoco se les haga rendir cuentas”, explica. 

Una ciudadanía activa  

Para los colombianos, las siguientes instituciones permeadas por este fenómeno son el sistema judicial, los servicios médicos y las fuerzas militares. 

En diversas ocasiones, el presidente del Congreso, Roy Barreras Montealegre, ha recalcado que hay un fenómeno mundial de desprestigio de los legislativos. “Está de moda patear el Congreso, como un balón viejo. Pero todos deben recordar que sin balón no hay partido y sin Congreso no hay democracia”. 

El promedio internacional de la encuesta daría la razón al saliente presidente del Legislativo, pues según la encuesta, no solo en Colombia, sino, también, en el resto del mundo, los partidos políticos son las instituciones más desprestigiadas. 

Se destaca que el 97 por ciento de los encuestados afirma estar dispuesto a involucrarse activamente en la lucha contra la corrupción. Esta cifra es 18 puntos porcentuales más alta que la reportada en 2010. 

“Las opiniones sobre la ineficiencia de las medidas del Gobierno para combatir la corrupción, dato obtenido del 56 por ciento de los encuestados, y la percepción de la gravedad del problema en el sector público por parte de un 62 por ciento de los encuestados, parecen ‘activar’ la corresponsabilidad de los ciudadanos”, reza el estudio. 

Según los encuestados, las distintas formas de actuar contra la corrupción son la presión social y el activismo digital. Por otro lado, se destaca el interés en reportar hechos de corrupción. Para el caso de Colombia, en 2010 el 86 por ciento de los encuestados afirmó estar dispuesto a hacerlo, y en 2013 este porcentaje se elevó a 91.

Tras el estudio se revela que los encuestados creen en que la presión de los medios de comunicación en la lucha contra la corrupción es fundamental. Según el estudio, el 33 por ciento que conociera un hecho de corrupción denunciaría ante los medios, mientras que un 21 por ciento recurriría directamente a la institución pública, o a una línea de atención del Gobierno. 

Para Elisabeth Ungar, directora ejecutiva de Transparencia por Colombia, estas cifras revelan, además de la importancia de los medios en la lucha contra la corrupción, “la necesidad urgente de desarrollar políticas, mecanismos y canales expeditos para recibir y procesar las denuncias ciudadanas sobre hechos de corrupción y mecanismos de protección a denunciantes. Sin esto, esa voluntad ciudadana se perderá”. 

El pago de sobornos 

“En Colombia -sostiene la encuesta- las prácticas de corrupción parecen estar más asociadas a la incidencia indebida de intereses corporativos en el Gobierno, que al soborno para acceder a servicios públicos. El 32 por ciento de los colombianos encuestados cree que un número reducido de grupos de interés incide “totalmente” en el Gobierno para su propio beneficio, mientras que el porcentaje de personas que pagan soborno representa sólo el 22 por ciento de los encuestado”. 

Para los encuestados, los sobornos en Colombia van el 27 por ciento a la Policía, el 19 a la justicia y el 16 a los servicios de registro y permisos. “Entre las principales motivaciones para pagar sobornos están la necesidad de acelerar el proceso o trámite con un 49 por ciento y que es la única manera de obtener el servicio con un 36 por ciento”, señala el estudio. 

Frente a estos resultados, Ungar agrega que “la captura del Estado por parte de actores ilegales y corporaciones, sumado al pago de sobornos para acceder servicios y bienes prestados por entidades públicas, tan solo ha contribuido a profundizar la problemática de exclusión y débil garantía de derechos para un número muy importante de colombianos”. 

Para Armando Estrada Villa, es lamentable que los dos pilares fundamentales del ejercicio democrático y la participación ciudadana, los partidos políticos y el Congreso de la República, tengan una imagen tan desfavorable ante la opinión pública. 

Este académico asegura que hay que reclamar por parte de los partidos un ejercicio ético. “La verdad sea dicha, los directivos de los partidos hacen muy poco. Si las personas piden aval, ellos lo dan sin investigación y análisis. Eso hay que acabarlo”. 

Estrada Villa considera que la mejor manera de combatir la corrupción es acabar con el clientelismo, que es el causante del descredito de las instituciones.

“El intercambio de favores políticos en Colombia y en Latinoamérica es un elemento que ayuda al crecimiento de la corrupción”, sostiene. 

La encuesta 

El Barómetro Global de la Corrupción elaborado por Transparency International es la única encuesta mundial de opinión pública que revela las perspectivas y experiencias relacionadas con la corrupción. 

El estudio global encuestó a 114 mil personas en 107 países. En Colombia fueron 1001 encuestados en ciudades grandes, medianas y pequeñas por departamento. 

En el Barómetro se indaga, de forma general, la opinión de las personas acerca de la corrupción en su país, y en qué instituciones este problema se manifiesta de manera más grave. También mide si las personas se tuvieron que enfrentar al soborno durante el último año. 

La encuesta pregunta a las personas cuál consideran que ha sido el grado de eficacia del Gobierno en las medidas aplicadas para detener la corrupción, y sondea también su interés en participar personalmente en la lucha contra la corrupción. 

El Barómetro Global de la Corrupción 2013 se elaboró a pedido de Transparency International por la empresa encuestadora WIN/GIA, una red global de encuestadoras. 

El cuestionario es revisado por el Comité Asesor de Índices de Transparency International, integrado por destacados especialistas internacionales en temas de corrupción, metodologías de investigación, econometría y estadística. 

WIN/GIA verifica los datos a nivel central y efectúa un control de calidad. Los resultados de la encuesta son calculados por el Departamento de Investigación de la Secretaría de Transparency International en Berlín y luego verificados por un especialista en encuestas independiente.