ALEJANDRA BONILLA MORA

BOGOTÁ, COLPRENSA

Ese término se empieza a cumplir este año y, en consecuencia, algunos exjefes de las estructuras de las Autodefensas y sus subordinados, podrán empezar a solicitar sus libertades.

De hecho, por pena cumplida y sin ser condenado, quedó libre hace apenas unos días el exparamilitar John Jairo Álvarez Manco, alias ‘El Mono’, desmovilizado del Bloque Bananero; pero hacia marzo y principalmente junio podrían salir de prisión comandantes como Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’, y Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’, del bloque Central Bolívar.

Igualmente, Jesús Ignacio Pérez Roldán, alias ‘Monoleche’, de la Casa Castaño; Jorge Iván Laverde Zapata, alias ‘El Iguano’, del Bloque Catatumbo; Édgar Ignacio Fierro Flórez, alias ‘Don Antonio’, del Bloque Norte; Ramón María Isaza, alias ‘El Viejo’, de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio.

En la lista que contiene 63 nombres, resalta, además, Úber Enrique Banquez Martínez, alias ‘Juancho Dique’, señalado responsable de las más cruentas masacres que vivieron los habitantes de los Montes de María, así como Edwar Cobos Téllez, alias Diego Vecino’. Ambos, son dos de los pocos máximos responsables que han sido condenados dentro del marco de Justicia y Paz.

El proceso, desde que empezó, ha dejado 14 sentencias, en medio de críticas por el esquema que dispuso la Ley que hasta hace poco seguía haciendo imputaciones hecho por hecho, víctima por víctima, en un modelo de justicia transicional que seguía teniendo elementos de un proceso ordinario.

Ahora bien, las condiciones para que queden en libertad son que hayan cumplido ocho años en prisión contados desde cuando fueron postulados y no desde que entregaron los armas, y desde que estuvieron a disposición de un centro de reclusión controlado por el Inpec.

Además, en cada caso particular, el magistrado de Justicia y Paz que resuelva la petición deberá analizar si en efecto han contribuido en el proceso, han asistido a las versiones, han aportado la verdad que conocen, han entregado los bienes para la reparación, entre otros.

Su libertad, no obstante, no significa que salgan de Justicia y Paz, pues, además, deben cumplir con requisitos como acudir a las citaciones a las que sea requerido hasta que se emita sentencia.

Si no lo hacen, corren el riesgo de ser excluidos de Justicia y Paz y afrontar hasta 40 años de cárcel en un proceso ordinario.

El dilema

La directora del Centro Internacional para la Justicia Transicional, (ICTJ por sus siglas en inglés), Camila Moreno, señaló que este es uno de los primeros retos de paz que tienen los colombianos este año, pues el Estado Colombiano debe honrar el compromiso adquirido, más si se está negociando con las Farc en La Habana, Cuba.

“En el estricto sentido, la responsabilidad de que después de ocho años los postulados no tengan sentencia, no es de los postulados sino del sistema judicial, del diseño mismo de la ley de justicia y paz. Entonces el Estado tiene que honrar su compromiso y es un mensaje muy importante también de cara al proceso de paz de La Habana”, señaló.

Ahora bien, por otro lado está el temor razonable que podría generar la libertad de los exjefes paramilitares y su posible ubicación en las zonas en las que otrora delinquieron; así como incluso el temor de vuelvan a manejar redes delincuenciales o que se reúnan con sus antiguos subalternos.

No obstante, para Moreno esta posibilidad por ahora es una hipótesis, pues no se ha evidenciado que los ‘exparas’ próximos a salir estén incumpliendo con la Ley de Justicia y Paz, hecho que de ser comprobado es causal inmediato para que la Fiscalía pida su expulsión del proceso, tal y como sucedió con Diego Fernando Bejarano, alias ‘Don Berna’, o Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’.

“Siendo rigurosos y sin especular ninguno de ellos ha sido excluido, porque en estricto sentido están colaborando y están honrando su compromiso”, dice Moreno al agregar que no es serio decir que necesariamente van a salir a delinquir.

“El que ha incumplido es el Estado: ‘Diego Vecino’, ‘El Iguano y ‘El Alemán’ tienen sentencia ya, sino que siguen activos en el proceso porque siguen las imputaciones (…) Ellos tienen la posibilidad de rehacer su vida y si delinquen y vuelven a la cárcel, quedan excluidos de Justicia y Paz y la pena alternativa se revoca”, precisa.

Ahora bien, si los magistrados de Justicia y Paz conceden las libertades y las partes están en desacuerdo con la decisión, pueden apelar ante la Corte Suprema de Justicia, que tendría la última palabra.

El presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Luis Guillermo Pérez, dijo que aún no han empezado a revisar casos puntuales, pero que desde el comienzo han advertido su desacuerdo con los procedimientos de la Ley y la pena impuesta para los “aberrantes crímenes cometidos”, por lo que esperan que los jueces y la Fiscalía actúen en los casos que sea necesario.

“(...) para aquellas personas que no colaboraron efectivamente con la Justicia, no solicitaron perdón, que no contribuyeron a la reparación efectivamente ni a la verdad plena sobre los autores intelectuales de los aberrantes crímenes.

“Si la justicia considera que estas personas han cumplido con esas obligaciones y que pueden salir en libertad, pues así tendrán que demostrarlo ante la sociedad colombiana y ante la comunidad internacional, serán ellos finalmente los que se hagan responsables si estas personas vuelven a delinquir y siguen atentando contra la institucionalidad o la sociedad colombiana”, afirmó.

De fondo, el tema se hace más complejo, pues la posibilidad de la libertad por pena cumplida, sin que haya sentencia, podría evaluarse como una falta del estado e incluso un fracaso a la ahora de administrar justicia para las víctimas. Además, plantea la posibilidad, debatida recientemente, de convivir con quienes en el pasado fueron victimarios.

“Tenemos que pensar que sí es posible convivir pacíficamente con quienes se reintegran a la sociedad civil y ese es el reto que tenemos con las Farc. Si la sociedad no esta dispuesta a recibir en la sociedad a quienes tomaron las armas en algún momento, por las razones que hayan sido, el ciclo de violencia se va a repetir eternamente. Esta es una prueba muy importante”, indicó Moreno.

LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

Para Pérez, “la Ley de Justicia y Paz ha sido una gran frustración”. Como representantes de las víctimas y defensores de derechos humanos, las 14 sentencias existentes han dejado poca justicia y pocas víctimas reparadas, pues incluso ha habido demoras para identificar los bienes de los paramilitares desmovilizados a fin de que puedan ser utilizados para la reparación.

Para Moreno, el ensayo y error que llevó a que finalmente la Fiscalía y el Gobierno promovieran una reforma a la Ley 975 de 2005 (Justicia y Paz), fue la muestra de que el mecanismo estaba mal hecho ante la cantidad de personas a las que iba a estar dirigido, a pesar del esfuerzo de la Rama Judicial para llevar a cabo el proceso.

Incluso, la Fiscalía hizo un ‘mea culpa’ y reconoció que tal y como estaba direccionado el proceso era imposible cumplir, más si se tiene en cuenta que en la Unidad de Fiscalías para la Justicia y la Paz hay más de 400 mil hechos, que afectan aproximadamente a 456 mil víctimas.

Además, la inminencia de la libertad de los grandes jefes comandantes fue considerada al interior de la Fiscalía como una ‘carrera contrarreloj’, a fin de tratar de impedir que esas libertades se materialicen sin que los máximos responsables de graves crímenes hayan sido sentenciados.

La reacción, entonces, consistió en priorizar casos, elegir, e imputar a 16 excomandantes por algo más de 11 mil hechos que comprometen a 34 mil víctimas y la meta es obtener 16 macrosentencias para antes de junio de este año, cuando se prevé que empiece a quedar libre la mayoría de postulados que por ahora no tienen sentencia, en un hecho que podría ser considerado como “el fracaso” o “la debacle” de la Ley de Justicia y Paz.

El director de la Unidad Nacional de Fiscalías para Justicia y Paz, Juan Pablo Hinestrosa, reconocía en diciembre pasado que esa posibilidad preocupó a la Fiscalía, aunque señaló que en la apuesta de la priorización se espera poder cumplir con la justicia transicional. De esta manera, indicó que ahora dependerá de los magistrados conseguir el mencionado fin.

“Señores magistrados, el balón está en su campo, de ustedes depende que podamos sacar estas sentencias condenatorias antes de junio de 2014, que este esfuerzo marco no sea inocuo, que no se diga que en Colombia nos quedó grande la justicia transicional”, señaló.

Pero en esa ocasión el fiscal Hinestrosa fue más allá y agregó: “Que se diga que estamos en la Fiscalía y en la unidad, listos para recibir un eventual proceso de justicia transicional que llegará de La Habana”.

LA PREGUNTA

Ahora bien, entre las dudas que puede generar las libertades de los ‘exparas’, está el seguimiento que el Estado implementará para su reincorporación a la vida civil, pues se supone que el proceso incluye una función resocilizadora.

Si los exjefes paramilitares quedan libres, ¿qué harán mientras siguen su proceso en Justicia y Paz? Y los llamados mandos medios? ¿Se dirigirán a sus lugares de origen? ¿A qué se dedicarán?

Para el ICTJ, este es el interrogante más difícil en este proceso, pues, a diferencia de los paramilitares que no fueron postulados a la Ley de Justicia y Paz, los llamados rasos, no han vivido un proceso de reincorporación y adaptación a la vida civil.

Además, explica Moreno, al parecer existe un vacío en la normatividad, puesto que los programas de socialización están dirigidos a los reclusos que ya han sido condenados y no para los sindicados.

LA PRIORIZACIÓN DE JUSTICIA Y PAZ

Durante 2013, en Justicia y Paz la Fiscalía empezó con la priorización de casos, proceso que derivó en la imputación a 16 máximos responsables de más de 11 mil hechos que afectaron a 34 mil víctimas.

Además, 12 exjefes de las AUC, dos de las Farc (alias ‘Karina’ y ‘Martín Sombra’) y uno del Ejército Revolucionario Guevarista (ERG) están en procesos de imputación de cargos.

En el caso de Salvatore Mancuso, jefe de los Bloques Córdoba, Norte y Catatumbo de las AUC, la Fiscalía solicitó audiencia de imputación por 674 hechos priorizados de desaparición forzada, 794 de desplazamiento forzado, 209 casos de violencia basada en género, 505 reclutamientos ilícitos y 506 casos de connotación, que en total suman más de ocho mil 400 víctimas.

Igualmente, se imputaron cargos a Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’, junto con Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’, por mil 396 hechos que dejaron alrededor de tres mil víctimas.

Entre las imputaciones que vienen se destacan la de Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco Vanoy’, a raíz de 535 hechos en los que se vieron afectados 640 civiles; el de Edward Cobos Téllez, alias ‘Diego Vecino’, por cuenta de 574 hechos con 751 víctimas, y el de Hernán Giraldo Serna, alias ‘El Patrón’ o ‘Taladro’, comandante del Bloque Resistencia Tayrona, en donde la Fiscalía está a la espera de la audiencia de formulación y aceptación de cargos por 714 casos, que involucraron a 649 víctimas.

Por otra parte, Elda Neyis Mosquera, alias ‘Karina’, excomandante del Bloque José María Córdoba de las Farc, y Elí Mejía Mendoza, alias ‘Martín Sombra’, comandante del Frente 43, fueron imputados por delitos de lesa humanidad.

‘Karina’ deberá responder por 213 hechos por desaparición y desplazamiento forzados, violencia basada en género y reclutamiento ilícito y 40 secuestros y, a ‘Martín Sombra’, junto con nueve postulados, por siete tomas guerrilleras, 52 secuestros y 282 tomas de rehenes. En ambos casos las víctimas llegaron a dos mil 500.