Hace 10 años cambió de forma radical la forma como el Estado colombiano entendía el desplazamiento forzado y a sus víctimas. Fue debido no a una política pública, sino a un fallo de tutela de la Corte Constitucional, que marcó un hito en la historia del país.

Es la sentencia T-025 de 2004, en la que la Corte analizó 108 demandas, presentadas por mi 150 familias y encontró una vulneración masiva y sistemática de derechos, lo que la obligó a declarar un estado de cosas inconstitucionales en la materia y ordenó crear y ejecutar acciones para superar un atraso de carácter estructural.

Tal vez una de las decisiones más importantes de la Corte, fue no limitarse al “publíquese y cúmplase” sino mantener la competencia sobre el tema, para guiar el trabajo en favor de la población desplazada, incluso creando una Sala de Seguimiento.

“Esto rompió la tradición colombiana de que los derechos se ganan en la Constitución, se ganan en la Ley, pero se pierden en la realidad, por problemas de implementación y de voluntad política”, indicó el director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), Marco Romero.

Sin embargo, tras una década de trabajo, el balance es agridulce. Hoy, de acuerdo con la directora de la Unidad de Víctimas, Paula Gaviria, hay seis millones 300 mil víctimas registradas en el país, de las cuales cinco millones 537 lo son de desplazamiento forzado, esto es, un millón 200 mil familias.

De acuerdo con expertos consultados por Colprensa, es mucho lo que queda por hacer, pero es loable lo alcanzado, aún más si se tiene en cuenta que el Gobierno pasado, el del presidente Álvaro Uribe Vélez, no reconocía la existencia del conflicto armado.

Lo dijo muy claro Gaviria en un conversatorio realizado en la Universidad de los Andes, en Bogotá: “Antes no había conflicto, no había desplazados, había migrantes”.

Lo piensan igual integrantes de la Sala de Seguimiento, como el jurista Rodrigo Uprimny y Marco Romero, quienes dicen que el Gobierno actual cambió el enfoque, al promover nuevas Leyes, como la de Víctimas.

Pese a lo sucedido en los primeros años tras la sentencia, “la Corte logró que hubiera avances significativos durante el Gobierno anterior, que era muy resistente a tomar medidas vigorosas para proteger los derechos de las víctimas y de los desplazados, este Gobierno ha sido más abierto a tomar esas decisiones”, dijo Uprimny.

Avances

En la Corte Constitucional destacan que cada vez más se apropien recursos para los programas que necesita la población desplazada, sin decir que se trate de una situación de suficiencia.

Datos conocidos por Colprensa señalan que entre 1999 y 2002 los recursos destinados a la población desplazada, en cifras aproximadas, fueron de 490 mil millones de pesos. Entre 2003 y 2006 el monto ascendió a dos billones y entre 2007 y 2010, a 4.6 billones de pesos. Del 2011 hasta el 2021, que es el año límite previsto para la implementación de la Ley 1448, se estimaron para ese fin 54 billones de pesos, a precios del 2011.

Se destacan avances significativos, también, en temas como asistencia humanitaria y el ingreso a un sistema de seguridad en salud, “así sea uno malo, el del Ibuprofeno”, dice Romero. Así mismo, la existencia de cupos educativos a nivel nacional, el respeto al libre tránsito, el reconocimiento de que hubo despojo, entre otros logros.

Mucho por hacer

Pero el hito de la sentencia no quiere decir que las víctimas de desplazamiento estén en un goce efectivo de sus derechos. De hecho, la Corte, en el mes pasado, mandó sendos regaños a instituciones por un retraso alarmante en regiones como el Pacífico nariñense y Buenaventura, así como por la situación de riesgo de los líderes de tierras, entre otros.

“La perspectiva es que hay unos retos frente a pueblos indígenas o algunas ciudades del país que representan situaciones de conflictividad, como Buenaventura, donde en general la Ley de Víctimas tiene muchos desafíos”, señaló Gaviria.

Por su parte, Uprimny estima que es crítica la estrategia frente a soluciones a largo plazo, como son “la prevención del desplazamiento forzado, la generación de ingresos, de retorno, de restitución de tierras, en eso hay mucha precariedad”.

Igualmente, para Romero, hay retraso en política de vivienda en todo el territorio, pues “es mucho más que unas cuantas casas gratis que puedan terminar beneficiando a los desplazados”.

Se trata de brindar una solución a familias que generalmente viven hacinadas, en la periferia de las ciudades, o en zonas de alto riesgo. Los planes también deben abarcar, en su criterio, soluciones para aquellos que no van a regresar a sus lugares de origen, porque no pueden o porque ya no quieren, de niños nacidos en las grandes ciudades y que no tienen ni buscan un pasado rural.

Así, se plantea como principal reto que la Corte siga manteniendo su control sobre este tema y que no ceda a voces que afirman que ya es hora de levantar el estado de cosas inconstitucional dictado en 2004.

Órdenes de la Corte

En Auto 105 de 2014: hizo un llamado de atención a la Unidad de Víctimas por entregar de forma incompleta un informe que había sido solicitado sobre las medidas que se han adoptado para proteger a la población desplazada.

Indicó que no puede limitarse a describir las acciones adelantadas para indemnizar a las víctimas, sino que se trata de exponer un verdadero análisis acerca de las medidas encaminadas a garantizar el goce efectivo de los derechos de la población.

En Auto 103 de 2014: exigió explicaciones a la Unidad Nacional de Protección y a la Fiscalía General de la Nación sobre las acciones concretas y resultados de las medidas de protección adoptadas en el caso del líder de restitución Jesús Adán Quinto, asesinado el pasado 9 de abril.

En Auto 074 de 2014: requirió a los organismos de control ante la crisis humanitaria y de violencia que se vive en el municipio de Buenaventura (Valle del Cauca).

En Auto 073 de 2014: hizo un llamado de atención por el retraso evidente para atender a las comunidades afro en Nariño, en donde apenas se está en etapa de planeación y, además, se hizo mal, a pesar de múltiples advertencias, la consulta previa necesaria con las comunidades para establecer planes y medidas para proteger a la población.