La iniciativa que no es nueva se ha puesto de moda debido a que en plena campaña de reelección el presidente Juan Manuel Santos prometió llevar a cabo este proyecto.

Sin embargo, luego de que el primer mandatario presentó su reforma de equilibrio de poderes la cual no incluía esta propuesta, las agremiaciones de autoridades regionales empezaron a presionar.

El proyecto está en manos del Ejecutivo, el mismo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que se está estudiando su contenido para presentar un documento definitivo al Congreso.

La propuesta no sólo tiene enredo en su planteamiento, pues aún no se tiene clara la herramienta para lograr este fin, también tiene contradicciones entre las mismas autoridades territoriales.

Álvaro Cruz, quien ha gobernado dos veces el departamento de Cundinamarca, es uno de los líderes de esta iniciativa, afirma que lo más importante de la nivelación de los periodos es evitar la ineficiencia en el ejercicio administrativo, ya que los departamentos se terminan rigiendo por dos planes de desarrollo impuestos por el Gobierno nacional.

Asegura también que la Ley de Garantías se convierte en un impedimento para los ejercicios de contratación durante el periodo electoral.

A estas afirmaciones se unen las de la gobernadora de Quindío, Sandra Paola Hurtado, quien dice que para hablar sobre un verdadero equilibrio de poderes se debe considerar la unificación “para que no nos toque la mitad con un Presidente y la otra con otro, cuando hay mirada distintas desde lo programático”, asegura.

Aunque las agremiaciones dicen que hay consenso, otros mandatarios difieren de esta medida. Sergio Fajardo, actual Gobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín, asegura no estar de acuerdo con esta propuesta.

“A nosotros nos eligieron por cuatro años con una regla clara, no pienso que haya que unificar los periodos y la Ley de Garantías no es un problema, eso obliga a tener cierto orden y cierto rigor en la contratación”, dice.

Advierte que el problema de la administración pública es el clientelismo y la politiquería que le abre la puerta a la corrupción y destruye la confianza de la ciudadanía.

Sobre la coherencia del Plan Nacional de Desarrollo con el regional, Fajardo anota que no es un inconveniente ya que ni siquiera las Alcaldías y Gobernaciones tienen planes de desarrollos conjuntos.

“No sé cuántas personas de los municipios de Antioquia hicieron en su Plan de Desarrollo sincronizado con el de la Gobernación, ese no es el problema (…) yo ya fui Alcalde y me ha tocado pasar de un Presidente a otro y esa no es la sustancia de las diferencias”, afirma el mandatario antioqueño.

A su turno, el gobernador del Valle del Cauca, Ubeimar Delgado, dice que antes que todo se debe analizar el sistema electoral que es un sistema que es “imperfecto”, y añade que no se puede pretender que problemas de la política impliquen una reforma constitucional.

Asegura que los periodos son diferentes, y reconoce que como está hay una verdadera práctica de equilibrio de poderes, mientras que si se hace una sola elección se lleva al Ejecutivo a ejercer un poder totalitario.

“Cada que pasan los años el poder Ejecutivo absorbe al poder Legislativo, prácticamente el Congreso de la República, se transformó en una apéndice del poder (…) de tal manera que deben diferenciarse los procesos electorales de los entes territoriales, como hoy en día está establecido”, señala Delgado.

Inconstitucional

Entre tanto, el exalcalde de Bogotá, Jaime Castro, agrega que la medida sería inconstitucional y que lo que buscaría sería concentrar el poder.

“No veo la necesidad de hacer coincidir los periodos del presidente de la República con los de gobernadores y alcaldes, porque eso en vez de equilibrar el poder lo que hace es concentrarlo”.

Dice también que si se unifican los periodos el paso siguiente va a ser que sean elegidos el mismo día, lo cual haría desaparecer la autonomía de municipios y departamentos.

“Los periodos actuales de alcaldes y gobernadores no le están causando problemas a nadie para que le meten la mano a algo que está actuando bien, hay un dicho sabio de los campesinos boyacenses que dice: ‘lo que no está dañado no lo arregle”, anota Castro.

Para el alcalde de Quimbaya (Quindío), Jhon Édgar Pérez, la propuesta serviría para que exista una coherencia con la postura constitucional de descentralización.

“Hoy estamos sometidos a los planes de desarrollo nacional, ya que cuando construimos los planes de desarrollo, en plan nacional ya va en un 50 por ciento de ejecución”.

A juicio de Pérez, la iniciativa permitiría que esta ruta de gobierno se construya de manera única enfocado a un país diverso y rural.

Por su parte, Rodrigo Guerrero, alcalde de Cali, dice que la unificación simplificaría los procesos electorales y agilizaría las administraciones especialmente con la aplicación de la ley de garantías.

“Al unificarse ahora permitiría concretar proyectos que no quedarían listos en estos cuatro años. Pero por el otro lado, esa decisión tiene otro problema y es que exige un grado de compromiso mayor y compromete dejar de lado lo personal y familiar. Acepto en lo que su sabiduría disponga el Gobierno nacional”, concluye Guerrero.

La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, también se pronunció sobre el tema, afirmando que “no puede hablarse de equilibrio político si no se tiene en cuenta la reforma al sistema de ordenamiento territorial”.

Barrios añade que esta transformación causaría un desbalance en todos órganos de control locales produciendo una inestabilidad que trae problemas presupuestales y de vigilancia a los funcionarios públicos.

COHERENCIA

El Comité Intergremial de Autoridades Territoriales, está siendo asesorado por el exmagistrado y expresidente de la Corte Constitucional Humberto Sierra Porto, quien sostiene que no es coherente que se hable de equilibrio de poderes sin tener en cuenta el ordenamiento territorial.

Sierra Potro habría presentado ya un estudio jurídico que sustenta constitucionalmente las herramientas para lograr la unificación, que sería contemplar la posibilidad de que en las elecciones próximas se pueda reelegir a los actuales mandatarios por dos años o ampliar el periodo a seis años de los que queden elegidos para que en 2018 terminen su administración en conjunto con el del Presidente.

Así las cosas, quedaría en manos del Congreso “correr” a fin de que esta medida antes del inicio formal de las campañas para autoridades regionales y locales que según el calendario de la Registraduría arranca en junio de 2015, con la inscripción de candidatos y candidatas.