A inicios de octubre que acaba de concluir, mientras *Juan tramitaba un crédito se enteró de que alguien en su nombre había adquirido un servicio de internet móvil con una empresa de telecomunicaciones de Medellín, por lo que estaba reportado a una central de riesgo, con deuda de $400 mil, hace siete meses.

La fraudulenta adquisición se presentó el 11 de diciembre de 2013. Los datos de dirección, teléfonos de contacto y referencias eran falsos, no así el número de cédula ni su fecha de expedición. De alguna manera el suplantador tuvo acceso a los datos del documento de identidad sin que éste hubiera sido extraviado. Alguien, con una fotocopia, concretó el delito.

Hoy el caso está en la Fiscalía, pero por la baja cuantía de la estafa, seguramente, tardará años. La empresa proveedora del servicio, a pesar de los argumentos de Juan, ratificó la responsabilidad de él con el pago, al igual que con los tres años de contrato a los que, sin vergüenza, se obligó el suplantador.

La última palabra en ese trámite administrativo la tiene la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), adonde, según el superintendente delegado para la Protección de Datos Personales, José Alejandro Bermúdez Durama, cada día, al menos, llegan dos casos similares. Eso convierte el de Juan en uno más en las estadísticas de personas que, sin saberlo, tienen a su nombre varias líneas celulares, o han adquirido obligaciones que no imaginaban tener.

Cifras alarmantes

Lo más preocupante es el incremento de este tipo de delitos. En 2009 se contaron 650 denuncias como estas; en lo que va de 2014 ya van cuatro mil, solamente en la SIC. La cifra es mayor si se tienen en cuenta los casos ante la Superintendencia Financiera y los que en tutela llegan a los jueces de la República.

Tanto ha crecido el fenómeno ilícito que del total de casos que llegan a la SIC, las denuncias por suplantación ocupan el 13% y la mayoría está relacionada con la telefonía celular, “pero prefiero no presentar nombres de empresas, pues muchas obraron de buena fe y fueron asaltadas por personas sin escrúpulos”, se apresura a aclarar el superintendente Bermúdez.

Entre las razones que explican por qué ese sector es protagonista en casos de fraude y suplantación, según el funcionario, están la penetración en el mercado, los bajos costos y el acceso fácil y masificado.

“A las compañías móviles, como a todos los sectores donde se presenten suplantaciones hacemos un llamado para que refuercen los controles, pues además de los ciudadanos suplantados, quienes resultan siendo los más afectados, también pierden las empresas que probablemente actuaron de buena fe”, dice Bermúdez.

Todo esto ha llevado a la SIC a concentrar esfuerzos para intentar frenar el avance de este delito.

“Las normas de protección de datos en el mundo buscan proteger y gestionar la información personal, que es un gran activo para las compañías”, señala el funcionario. El dilema al que se enfrentan las normas radica en saber si las compañías son lo suficientemente diligentes para recoger y administrar la información y determinar quién tiene acceso a la misma.

Más responsabilidad

Por eso, el Superintendente señala que cada organización tiene que ir más allá del deber legal, en el sentido de tener políticas adecuadas, programas de educación y mecanismos ágiles en favor de los ciudadanos suplantados.

“Muchas veces las compañías son víctimas de un montaje por un tercero, quien se aprovecha de determinadas circunstancias y suplanta personas. Ese tipo de riesgos son los que se deben disminuir”.

Lo cierto es que cada organización es responsable de los datos que recauda durante “todo el ciclo de vida del dato”, es decir, desde que se recauda hasta que se elimina y cualquier uso que le sea otorgado a dicha información debe contar con el consentimiento de los titulares.

Ante las dudas acerca de la información recaudada de manera extraoficial en centros comerciales o los que podrían quedarse en papelerías donde sacan fotocopias de documentos de identidad, la Superintendencia aclara: “Ninguna organización está exenta de que alguien, utilizando información de otra persona, quiera adquirir un producto, como son los típicos casos de líneas telefónicas, tarjetas de crédito o cursos contratados. Esas acciones son realmente sencillas de acometer, pues muchas veces se concretan con sólo la fotocopia de una cédula”.

En la ley de Habeas Data Financiero y una circular de la SIC se dispone que los afectados deben primero dirigirse a la compañía donde se presentó el incidente de suplantación y presentar la reclamación. La compañía está obligada a verificar la identidad real de quien alega ser víctima de un delito y, de comprobar la irregularidad, ordenar el retiro de la persona de las centrales de riesgo.

“Si la compañía no verificó adecuadamente la información y no constató que quien estaba pidiendo el producto efectivamente era quien decía ser, es decir, si no tomó las medidas necesarias para asegurarse que no se estuviera presentando una suplantación, tiene que asumir su responsabilidad y ordenar la eliminación de los reportes”, señala José Alejandro Bermúdez.

En caso de que el ciudadano afectado no esté de acuerdo con la respuesta, puede recurrir a la Superintendencia, no tiene que ir a la Fiscalía; en la SIC se revisa el proceder de la compañía. “Lo que hacemos en la SIC es, tras una investigación, ordenar que se elimine un reporte negativo, si es el caso”, agrega Bermúdez.

En todo caso, desde que se interpone el reclamo la empresa que hizo el reporte deberá informar a la central de riesgo para que incluya una leyenda “reclamo en trámite”. Así lo establece la ley con el propósito de no afectar la vida crediticia de quien es víctima del fraude. “Si este reporte no se hace, se está ante una violación de la ley, pues la empresa tiene la obligación”.

Como más vale prevenir que lamentar, no sobra recomendar cuidado con los documentos, evitando pérdidas. En todo caso, cada persona tiene la posibilidad de revisar en las centrales de riesgo eventuales reportes. Lo hacen de manera gratuita una vez al mes.

“Es bueno revisar con frecuencia el historial crediticio para conocer la acumulación de deudas tras una suplantación; ya que es obvio que a nadie lo pueden notificar, pues los datos entregados son falsos. Si usted revisa ese historial, puede saber realmente las responsabilidades que ha adquirido”, señala Bermúdez.

La SIC también adelanta investigaciones a aplicaciones móviles gratuitas, en las que es posible conocer información personal con datos mínimos.

“A los desarrolladores de aplicaciones móviles también les son exigibles todos los deberes dispuestos para quienes gestionan información personal. El hecho de gestionar información pública no exime a nadie del alcance de la ley”, señala el Superintendente Delegado de Datos Personales. Recuerda la orden de bloqueo temporal que se impartió a una página jurídica, por considerar que no estaba cumpliendo los principios orientadores de la protección de datos personales.

“No queremos de ninguna manera ser promotores de la cultura de no pago, por lo que miramos con muy malos ojos a quienes pretenden aprovecharse del sistema para evitar sus obligaciones”, concluye Bermúdez al exaltar la función social que cumple el reporte crediticio.

Datos sobre el delito

Las multas a las que se enfrentan las empresas por incurrir en irregularidades pueden llegar a los mil 232 millones de pesos. Estas sanciones dependen de la dimensión del daño, del beneficio económico para el infractor, de la reincidencia en el error, de la resistencia a la investigación y de la renuencia a las órdenes de la SIC. Se puede tener como atenuante que la empresa reconozca su equivocación.

- Si una persona va a ser reportada a una central de riesgo, debe ser informada de esa posibilidad 20 días antes, para que pueda controvertir la decisión o cumplir el pago.

- El reporte en una central de riesgo estará vigente hasta por el doble del tiempo de la mora, en caso de ser inferior a dos años; pero si es superior a dos años, lo estará hasta por un tiempo de cuatro años. En caso de nunca cumplir la obligación, el reporte deberá durar hasta, máximo, 14 años.

- En la Superintendencia de Industria y Comercio funciona una Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales, que está dividida en el grupo de habeas data y en el de investigaciones administrativas.