Nicaragua considera que el fallo fue “justo”, mientras que para Colombia es “inaplicable”, porque viola el ordenamiento interno.

Esta semana el presidente Juan Manuel Santos ordenó a la Cancillería “iniciar la negociación con Nicaragua de un tratado en donde los derechos de los raizales sean uno de los puntos fundamentales”. Además, la Corte Constitucional, al fallar la exequibilidad del Pacto de Bogotá, advirtió que el fallo de la CIJ debe cumplirse, pero primero debe haber un tratado bilateral aprobado por el Congreso y ratificado por esa corporación.

Para conocer el ambiente de cara a esa negociación del tratado, COLPRENSA habló con dos catedráticos: el colombiano Ricardo Abello Galvis, profesor de Derecho Internacional en la Universidad del Rosario, y el nicaragüense Norman Miranda Castillo, catedrático y jurista, experto en Derecho Internacional.

- ¿Qué alcance tiene el anuncio del presidente Santos? 

Lo que dijo el Presidente es mucho más amplio que un tratado de límites que ya está en la sentencia de la CIJ del 19 de noviembre de 2012. Lo más importante es que haya acuerdos sobre aspectos como: administración de esa zona -entre Quitasueño, Providencia y Santa Catalina- donde confluyen derechos de ambos Estados; cómo se van a manejar las vedas de pesca, la reserva Seaflower, la seguridad, las medidas sanitarias y fitosanitarias, los derechos de pesca de los pescadores artesanales, etcétera. Son muchos los temas que debe incluir ese tratado. 

- El presidente Santos habló, justamente, de proteger los derechos de pesca de los raizales… 

Hay un problema con la pesca que se está realizando en Quitasueño: cuando los buques regresan a San Andrés y Providencia son interceptados por naves nicaragüenses y no se sabe dónde se realizaron esas actividades de pesca. Cómo se va a manejar eso, es lo que debe definirse en el Tratado. 

- O sea, no va a ser un tratado exclusivo de límites… 

No, es que ya la Corte Constitucional se pronunció sobre los límites. En la sentencia de constitucionalidad del Pacto de Bogotá la Corte dijo que tenía que haber un tratado sobre límites, pero que el fallo de la CIJ debe ser acatado. 
Todo eso hay que manejarlo al mismo tiempo. Pero el tratado debe incluir esos otros temas. 

¿Cómo se recibe en su país la propuesta de negociar un tratado de límites con Colombia? 

Es positivo que el presidente Santos haya procedido con el diálogo y no haya escuchado al mandatario anterior, que ha clamado por desacatar el fallo de la CIJ. Pero me causa extrañeza: durante décadas Colombia no tuvo ninguna disposición para negociar con Nicaragua. ¿Por qué ahora sí quiere un tratado? Eso es extraño, pero enhorabuena que lo haga. 

- ¿Es decir, Nicaragua sí quiere negociar ese tratado? 

La pregunta es ¿negociar qué y para qué? Si es una negociación para implementar el fallo de la CIJ, sobre todo la responsabilidad conjunta frente al manejo de la reserva Seaflower, que tiene 300 mil kilómetros cuadrados compartidos, bienvenida sea. Si es para que ambas armadas hagan patrullajes de prevención contra el narcotráfico, pues para eso no se necesita tratado, solo un acuerdo. Pero lo que no es viable, en lo que no puede haber negociación, es en cambiar la sentencia de la CIJ. Nicaragua no puede aventurarse a quedar bajo el artículo de la Constitución de Colombia que dice que una modificación de límites tiene que hacerse mediante un tratado; eso no tiene asidero desde el punto de vista del Derecho Internacional. 

- ¿Qué ambiente percibe en la Asamblea Nacional de Nicaragua? 

El Congreso, de manera monolítica, aportaría un sí a un acuerdo que sea a favor de la sentencia del 19 de noviembre de 2012. En eso, aquí el poder Legislativo está en sintonía con el Ejecutivo. De eso no hay duda. 

- El presidente Ortega dijo que Nicaragua reconoce la soberanía colombiana sobre las áreas raizales… 

Bueno, él no habló de “soberanía”. El comandante Ortega recordó que hace dos años, en la posesión del presidente de México, habló personalmente con el presidente Santos y reconoció el derecho de los raizales. Pero mire: Nicaragua no tiene la culpa de que los raizales colombianos tengan menor desarrollo que los colombianos continentales. Con eso lo que hace el presidente Santos es lanzar una especie de sofisma, eso nada tiene que ver con la sentencia de la CIJ. 

- Usted, como experto en Derecho Internacional, ¿cómo cree que se puede solucionar esta situación? 

Nicaragua tiene que apegarse literalmente al fallo de la Corte Internacional de Justicia, porque Colombia puso objeciones preliminares y luego siguió con el juicio, entonces no viene al caso que ahora Colombia reniegue de la sentencia. En el ambiente de Nicaragua no hay probabilidad de hacer ningún cambio sobre la extensión del mar que nos reconoció la CIJ. Donde cabría negociación es en las dos modalidades que ya le dije: manejo conjunto de la reserva Seaflower y vigilancia contra el narcotráfico en esa área marítima. 

- Es decir, Nicaragua negociaría un tratado pero sin modificar la sentencia de la CIJ… 

Claro, Nicaragua no tiene por qué aceptar que se cambie el tenor de la sentencia. Lo bueno de todo esto es que hay por lo menos una actitud de acercamiento. Además, recuerde que hay otras dos demandas de Nicaragua contra Colombia: una, del 16 de septiembre, para pedir extensión de plataforma continental más allá de las 200 millas reconocidas, y otra de noviembre del año pasado, para pedir a la Corte que obligue a la Colombia a cumplir la sentencia. Es decir, estaríamos dispuestos a negociar un tratado de límites pero sin ceder una pulgada del mar que nos fue reconocido.

- Nicaragua dice que negociará un tratado, siempre que se respete integralmente el fallo de la CIJ, pero para Colombia ese fallo es inaplicable. ¿Qué va a pasar? 

Mientras no haya un acuerdo para modificar ese fallo, Colombia tiene que cumplirlo. Pero si las partes se ponen de acuerdo en negociar una modificación de esa sentencia de la CIJ, es viable hacerlo. 

- ¿Cree que Nicaragua estaría dispuesta a negociar el alcance de ese fallo? 

Pues por eso se trata de una negociación. Si no hay negociación se deben cumplir esos parámetros que ya fijó la Corte Internacional de Justicia. 

- El presidente Ortega dijo que hace dos años acordó con Santos respetar los derechos de los raizales. ¿Es un buen síntoma? 

Lo que pasa es que el tratado no va a ser fácil ni rápido: hay que nombrar las comisiones negociadoras, después negociar el tratado, eventualmente hay que hacer consulta previa, luego una ley aprobatoria en el Congreso que debe pasar el control de constitucionalidad en el caso colombiano, y por último la ratificación mediante el intercambio de notas de canje. Todo eso, si nos va bien, tomará varios años. 

- Y si en ese tiempo hay cambio de gobiernos… 

Bueno, en dos o tres años aquí también habrá cambio de Gobierno. Lo importante es que se inicien las negociaciones. Yo pienso que estos temas son de Estado, no de Gobierno, y en ese sentido no tiene por qué haber cambio de políticas.