La propuesta que en días pasados hizo el presidente de la República, Juan Manuel Santos, para que se contemple la posibilidad de ampliar el delito político, y entender el narcotráfico como un delito conexo a éste, revivió en muchos los recuerdos de Pablo Escobar Gaviria quien quiso justificar sus acciones de terror en la “ayuda” que decía le dio a los pobres, y así evadir su extradición.

Otros sectores recordaron el caso de Eduardo Restrepo Victoria, alias ‘El Socio’, uno de los considerados ‘narcos purasangre’ quien en su momento fue señalado de haber adquirido, como otros tantos, franquicias de bloques paramilitares para hacerse a los beneficios de la ley de Justicia y Paz.

“La discusión sobre la ampliación de los delitos conexos a los delitos políticos se circunscribe específicamente a que se tenga en cuenta para el día en que miembros de las Farc quieran participar en política. A eso se restringe, y de eso se trata esta discusión”, precisó sin éxito el primer mandatario al querer ahogar el revuelo causado.

“Es evidente que el narcotráfico ha hecho parte del conflicto y lo ha ayudado a financiar”, dice la senadora Claudia López, quien si bien celebra que el narcotráfico esté sobre la mesa de negociaciones en La Habana, cuestiona el hecho de que esto pueda abrir la puerta para “graduar de políticos, a los narcotraficantes colombianos”.

Para López no es posible que la motivación para ser cubiertos por el delito político sea invitar a secuestrar, a reclutar niños y a hacer tomas de pueblos, por lo que propone que se estipule claramente que “quienes se desmovilicen en el marco jurídico para la paz, no serán extraditados, más sí procesados por narcotráfico y cobijados por un esquema de justicia transicional”.

Así están las cosas

En este escenario es en el que hoy se mueve la propuesta hecha por Santos, la cual recibió desde un inicio el respaldo del fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, y del defensor del Pueblo, Jorge Armado Otálora, y las recias críticas del procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez.

“Es absolutamente posible que el narcotráfico sea considerado un delito conexo con el delito político, pues la conexidad significa que algo tiene relación con otra cosa y es indiscutible que en el conflicto armado colombiano el narcotráfico ha sido utilizado en la lucha armada de la guerrilla”, dijo Montealegre al explicar las razones que lo llevan a darle el sí a la postura esbozada por el Gobierno nacional.

Este criterio fue compartido por el expresidente de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán Sierra, quien consideró que muchas son las experiencias que se han dado en el pasado en cuanto a delitos comunes que han llegado a tocarse con el delito político. Sierra cita casos como el hurto a un banco, donde los dineros robados son usados para financiar el conflicto interno.

Lo cierto es que en estos eventos hay que demostrar la existencia del delito político, lo mismo que del delito común, y claro, la conexidad que se quiere atribuir.

“Si uno observa el delito del narcotráfico de manera aislada es claro que es común; sin embargo, en la práctica ocurre que para llevar a cabo el levantamiento en armas se tienen que cometer otras clases de delitos comunes”, señala Otálora, al sustentar su respaldo a la iniciativa gubernamental.

Pero, ¿cómo queda el país frente al resto del mundo? Colprensa habló con los penalistas Jaime Granados y Augusto Ibáñez, este último expresidente de la Corte Suprema de Justicia.

1) ¿Puede el narcotráfico ser un delito conexo a los delitos políticos?

2) ¿Qué jurisprudencia o casos internacionales se han dado en los que se haya aplicado este tipo de salidas?

3) ¿De asumirse esa postura podría Colombia estar bajo la lupa de algún organismo internacional o ser sancionada?

4) ¿Se está violando la Constitución, el Código Penal?

5) ¿De pasar esto… estaríamos ante una caja de Pandora en favor de guerrilleros, paras, narcos? etc.

Jaime Granados 

1) Eso no es posible por la legislación internacional. Colombia desde 1988 se comprometió en la Convención de Viena a no considerar el narcotráfico como una figura asociada a delitos políticos. De ahí la extradición de reconocidos jefes guerrilleros a Estados Unidos, el caso de ‘Simón Trinidad’. Desde 1986 cuando se empezó a delimitar el alcance del delito político, se decidió considerar que de este sólo hacen parte las conductas típicas de rebelión y sedición. Hoy no hay espacio para el delito político, pues si se trata de expresiones de opinión, éstas no están considerados como reprimidos, sino deben ser hacer parte de la libre expresión. Y si se trata de conductas de carácter violento deben ser sancionadas como tales: homicidios, secuestros, etc.

2) No. Los cuatro Convenios de Ginebra establecían en 1949 la posibilidad de que al finalizar los conflictos se dieran las amnistías más amplias posibles.

Y bajo el amparo de esa visión se quiso creer que había que incluir el narcotráfico (opio), pero todo eso se dio con países que no habían suscrito la Convención de Viena de 1988 ni la Convención de Roma en 1998 que creó la Corte Penal Internacional. En el mundo es que se está tratando de reducir a su mínima expresión el delito político, y en Colombia vamos contra la corriente.

3) Al incumplir de manera grave los convenios como el de Viena, estaríamos incumpliendo una obligación internacional que nos llevaría a los tribunales internacionales, donde no hemos tenido mayor fortuna. Esas son responsabilidades internacionales y tenemos que ver por las generaciones venideras. Cómo se les puede reclamar a los policías y a los militares que repriman el narcotráfico cuando lo estamos considerando un delito conexo a los delitos políticos. Estamos legitimando el narcotráfico.

4) Uno de los reclamos fundamentales en 1987 y 1988 que hizo Pablo Escobar para lograr un acuerdo con las autoridades y dejar su lucha, fue decir que él lo que ha querido es mejorar la vida del pueblo y señaló que sus acciones deberían ser consideradas conexas para ayudar a los pobres. Por eso pidió que se declararan conexas sus acciones al delito político y así evitar la extradición. Lo que estaríamos haciendo ahora es legitimar a Pablo Escobar.

5) Sí, sería una caja de Pandora y además una ‘Llave mágica’ para que todos los delincuentes de Colombia terminen libres y que el país se convierta en su refugio. Creo que el presidente Santos se dio cuenta del error de su propuesta y precisó que esta era solo después de la firma de los acuerdos con las Farc y que se daría dentro del Marco Jurídico para la Paz.

Augusto Ibáñez 

1) La conexidad es un tema fáctico, es decir, una relación entre dos hechos. Desde luego que tal punto sería del resorte no propiamente de la negociación sino de la ley. Lo que sucede es que la conexidad así vista es un tema de alta política que sin detrimento de los acuerdos bilaterales y multilaterales se puede observar. La pregunta es ¿qué sucede si en Colombia estos hechos se declaran como conexos, y la persecución internacional sigue? El esfuerzo sería improcedente.

2) En Sierra Leona se procedió en forma parecida frente a los delitos de contenido económico y de alto impacto como la guerra por los diamantes. Pero no como delito político, sino como fórmula de transición en la recuperación de la legalidad. El punto es que el protocolo II ordena la amnistía más amplia sobre crímenes de guerra y conexos al cese total de hostilidades.

3) En dado caso Colombia estaría haciendo un gran esfuerzo, un esfuerzo improductivo y, frente a la persecución internacional, se estaría enviando una señal contraria a los requerimientos internacionales. Por eso creo es puramente una decisión de alta política.

4) Obvio, sería un cambio legislativo, pero habría que asumir las implicaciones internacionales.

5) Más grave que la caja de Pandora en este tema, es lo que suceda con la ‘Comisión de la verdad’, pues si el narcotráfico es tenido como una fuente de financiación del conflicto, tal fuente lo fue de todos los actores políticos beligerantes o alzados en armas contra el Estado o, en respaldo de la seguridad del mismo. Este último es el caso de los paramilitares. Y, ¿qué pensar con fuerzas del Estado mismo que han cooperado con ello? Impensable. La reflexión no es tan fácil pero ha de darse.