La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por el holocausto del Palacio de Justicia, ocurrido entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, que dejó más de 100 muertos y un número no determinado de desaparecidos.

En el expediente se comprobó que más que la complejidad del caso, fue la falta de voluntad política la que impidió un verdadero avance durante todo este periodo y poder hacer justicia con lo sucedido.

Con el ánimo de establecer el avance en este proceso, Colprensa resume las investigaciones y resultados que se han adelantado durante este tiempo.

Los responsables

Por la desaparición forzada de dos víctimas del Palacio de Justicia, la exguerrillera Irma Franco y el administrador de la cafetería del lugar Carlos Augusto Rodríguez Vera, el coronel (r) Alfonso Plazas Vega fue condenado a pagar 30 años de prisión.

El fallo indica que Plazas Vega “dispuso el traslado de varios sobrevivientes a diversas guarniciones militares, primordialmente a la Escuela de Caballería, y permitió que sobre estas personas recayeran tratos crueles e inhumanos para luego ser desaparecidas”.

En este caso, la Corte Suprema de Justicia decidirá la casación presentada por la defensa y por la Procuraduría General de la Nación (PGN), que argumenta la falta de pruebas para establecer la responsabilidad del oficial.

Después de este fallo histórico vino la condena a 35 años de prisión en contra del general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, por su participación en los hechos que rodearon la desaparición de cinco personas que salieron con vida del Palacio y cuyo paradero hasta ahora es desconocido.

Se trata de Carlos Arturo Rodríguez Vera, Bernardo Beltrán Hernández, Luz Mary Portela León, David Suspes Celis (trabajadores de la cafetería), y la guerrillera Irma Franco.

En el extenso fallo se tuvieron en cuenta los videos de las cámaras de televisión, aportados por la televisión española, y noticieros colombianos que registraron la salida de los rehenes de la edificación en la tarde del 7 de noviembre hasta la Casa del Florero, que funcionaba como centro de operaciones del Ejército y era el lugar estratégico para llevar a los rehenes.

El general en retiro fue hallado responsable del delito de desaparición forzada agravada, puesto que como jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército, impartió instrucciones a sus subalternos tanto para el desarrollo de operaciones dentro del edificio así como el manejo de rehenes.

Esta decisión ha tenido fallos en primera y segunda instancia y la Procuraduría General de la Nación anunció recurso de casación, que hasta el momento no ha sido presentado ante ninguna autoridad competente.

Otros militares también están pendientes de las decisiones de la justicia ordinaria. En el Tribunal de Bogotá está por resolver la apelación en contra de la resolución de absolución del general (r) Iván Ramírez Quintero, el sargento (r) Gustavo Arévalo y el mayor (r) Fernando Blanco, y otros dos militares dentro del proceso que se les adelantaba por el delito de desaparición forzada.

Asimismo, están pendientes los procesos contra Jesús Armando Arias, Iván Ramírez, Edilberto Sánchez, entre otros oficiales, quienes hacían parte del B2 de la XIII Brigada del Ejército, quienes fueron llamados a juicio.

También están pendientes las decisiones en contra de los generales (r) del Ejército Carlos Alberto Fracica y Rafael Hernández, quienes fueron llamados a indagatoria por el crimen del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, quien, aunque imágenes de noticieros de la época mostraron que salió con vida del Palacio de Justicia, apareció con un tiro de gracia en el interior del edificio un día después de la retoma de las Fuerzas Militares.

Y por último están pendientes las investigaciones en contra de jefes de la Fuerza Pública vinculados a las torturas de las que fueron víctimas las familias de los desaparecidos cuando intentaban averiguar la verdad sobre lo que había ocurrido con sus familiares. Además, de la investigación contra otros miembros del Ejército que comparecieron al proceso como testigos y ahora son investigados por el delito de testimonio y fraude procesal.

Fiscalía prepara nuevos llamados

El fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, aseguró que la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), por la desaparición de personas en la toma del Palacio de Justicia, no implica que “automáticamente” se deba hacer un juicio de responsabilidad individual para los generales involucrados en los hechos, ya que esta figura cuenta con unos fundamentos distintos.

“El hecho de que se haya condenado al Estado colombiano por la desaparición de personas en la toma del Palacio de Justicia no implica que automáticamente tengamos que hacer juicios de responsabilidad individual en materia penal para los generales que están siendo investigados y procesados por los hechos”, puntualizó Montealegre.

En este sentido, aseguró que cuando se condena al Estado es por fallas estructurales en la administración de justicia o en la protección de derechos humanos, mientras que la responsabilidad individual tiene unos fundamentos distintos, donde se debe demostrar la participación directa de la persona en los hechos.

Sin embargo, el jefe del ente investigador aseguró que el fallo será tomado en cuenta por los fiscales que adelantan las investigaciones: “desde luego que el fallo de la Corte Interamericana sí será incorporado a las investigaciones que en este momento adelanta la Fiscalía General de la Nación y haremos una lectura minuciosa del fallo y lo vamos a incorporar como elemento de las investigaciones en curso”, dijo Montealegre.

De la misma manera, confirmó que el ente investigador prepara nuevas vinculaciones al proceso en contra de más miembros de la Fuerza Pública, esto como resultado de la reorientación que se le dio al caso, al asignarlo a un Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia para que asumiera en conjunto todo el proceso.

“El Grupo Palacio creó dos líneas de trabajo: una investiga los 11 desaparecidos del caso del coronel Alfonso Plazas Vega, y la otra los casos de civiles, guerrilleros y militares desaparecidos. Otra línea está enfocada a definir las responsabilidades de la Fuerza Pública en las torturas de las que fueron víctimas los sobrevivientes y familiares de las víctimas”, dijo a Colprensa la nueva fiscal del caso, quien lleva cinco meses al frente de la investigación.

Es así como los primeros resultados del Grupo Palacio permitieron que en septiembre pasado fueran identificadas plenamente los restos de dos mujeres. Se trata de las guerrilleras del M-19, Mónica Molina Beltrán y Carmen Cristina Garzón Reyes, quienes no hacían parte de la lista ‘oficial’ de los 11 desaparecidos del Palacio de Justicia.

La identificación de las guerrilleras se logró gracias al rastreo de denuncias de personas que desaparecieron para la fecha de los trágicos hechos y el cotejo con los restos no identificados. A la fecha los restos siguen en estudio por parte de la Fiscalía, por lo que no han sido entregados a sus familiares.

Así las cosas, según una fuente del ente investigador, en las próximas semanas serán llamados a indagatoria otros miembros de las Fuerzas Militares de la época, quienes tendrán que responder por las nuevas indagaciones que adelanta la Fiscalía para esclarecer este caso, que 29 años después todavía no tiene una respuesta clara al llamado de justicia de las familias.

Inspecciones judiciales 

La Fiscalía prepara órdenes para hacer inspecciones judiciales a la Universidad Nacional, al laboratorio de antropología, que tuvo en custodia varios de los cuerpos recuperados de fosas comunes de Bogotá para la fecha de los hechos y a dos unidades militares, en la búsqueda de nuevas pistas sobre el holocausto del Palacio de Justicia.

Estudian nuevas fosas 

Además del estudio de 33 restos encontrados en el Cementerio del Sur en Bogotá, unidades del CTI de la Fiscalía adelantarán revisión de otras fosas comunes encontradas en Boyacá, Meta y Cundinamarca, para determinar si tendrían relación con los desaparecidos del Palacio de Justicia.