La investigación por las ‘chuzadas’ del hacker Andrés Fernando Sepúlveda a participantes de la campaña presidencial del año pasado y a negociadores del proceso de paz en La Habana, parece haber entrado al momento de definiciones.

Las citaciones a interrogatorio que formuló la Fiscalía General de la Nación al excandidato presidencial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, a su hijo David, y la versión ampliada que debe rendir el exasesor espiritual de esa campaña, Luis Alfonso Hoyos, se han prestado para toda clase de interpretaciones.

Una de ellas es la que formula el abogado Jaime Granados Peña, apoderado de Zuluaga, quien considera que su cliente no solo no cuenta con garantías suficientes en el proceso que adelanta la Fiscalía sino que, además, se trata de una “persecución política”.

Según el jurista, desde marzo de 2014, cuando estalló el escándalo del hacker Sepúlveda, la Fiscalía “no ha manejado este caso con la discreción y la reserva que le ordenan la Constitución y la ley, sino que lo ha hecho de una manera mediática, pública, mediante constantes filtraciones a algunos medios de comunicación”.

Incluso, el jurista sostiene que su cliente “no tiene garantías de la Fiscalía”, puesto que no ha podido acceder al video que supuestamente relacionaría al excandidato presidencial del Centro Democrático con el hacker.

Granados recuerda, además, que su defendido aún no ha sido imputado, ni siquiera indiciado, sino que apenas fue citado a un interrogatorio al cual asistirá, aunque jurídicamente no está obligado a hacerlo y hasta puede asistir y guardar silencio.

De todas maneras, son varias las actuaciones judiciales del organismo acusador del Estado que hacen prever que el proceso del hacker comenzará a producir prontas decisiones. Una de ellas, el próximo 13 de febrero, cuando el Juzgado 22 Penal de Conocimiento de Bogotá definirá si acepta o no el preacuerdo de la Fiscalía con Sepúlveda, quien se allanaría a los delitos de espionaje, concierto para delinquir, acceso indebido de comunicaciones, cohecho y simulación de investidura.

De aprobarlo -y así lo admite el abogado Granados Peña- “se puede hablar de otro escenario donde ya no se hablaría de presunción de inocencia”, para los indiciados.

Resumen de lo actuado

El hacker Sepúlveda fue capturado en mayo de 2014, y pocas semanas después fueron enviados a prisión un policía, dos Cabos del Ejército y un agente de la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército.

A ello se suma que este viernes la Inspección General de las Fuerzas Militares relevó de sus cargos a 20 integrantes de la Fuerza pública (10 oficiales, ocho suboficiales, un Patrullero y un civil) y retiró del servicio activo a tres oficiales, un suboficial y un patrullero de la Policía, vinculados al caso ‘Andrómeda’, primera oficina de interceptaciones ilegales vinculada a este escándalo.

Esto demostraría la tesis que ha planteado la Fiscalía de que ‘Andrómeda’ y el hacker “tienen total relación”.

A todo lo anterior se suma que el Consejo Nacional Electoral inició una indagación preliminar para establecer si los $230 millones que le habría pagado David Zuluaga a un hermano de Sepúlveda fueron a título personal o como gerente de la campaña del Centro Democrático, pues no figuran en los gastos electorales.

Con base en ese panorama, Colprensa consultó a expertos en Derecho Penal sobre el proceso que adelanta la Fiscalía y la eventual ‘persecución política’ que argumenta la defensa de Óscar Iván Zuluaga.