- ¿Qué piensa el Gobierno sobre la crisis de la justicia, particularmente en las altas cortes? ¿Cómo se les puede devolver la confianza a los colombianos?

Este es un momento importante para reflexionar sobre el ejercicio del derecho y la administración de justicia. Lo primero es que no podemos caer en la tentación de acabar con las instituciones por cuenta de los errores que cometan sus funcionarios. Las que delinquen no son las instituciones, sino las personas que las componen. Por eso, en momentos de crisis como este es indispensable acudir a los mecanismos que la Constitución y la ley establecen para superar las crisis. De eso se trata la democracia. Lo segundo, es que este episodio no puede ser solo un escándalo en el que se sancione a los culpables y pasemos la página. Por eso el Ministerio de Justicia está impulsando varios proyectos de ley que permitan devolver a los colombianos la confianza en la justicia.

- Que son los que usted anunció durante la semana. ¿Son suficientes para este momento?

Está el proyecto de Equilibrio de Poderes, en el que se plantean cambios estructurales que actúan como filtros frente a la corrupción en las altas cortes. El Ministerio también impulsará un proyecto contra el cabildeo judicial, para prohibirlo y regular sus excepciones. Pero además, y tan importante como estos, tenemos una serie de proyectos que pretenden incidir directamente en la justicia del ciudadano de a pie. Por ejemplo, nuevos regímenes procesales que sean más rápidos, eficientes y más cercanos a los ciudadanos. Todo esto sumado es una gran reforma a la justicia, a la cual nos invita un momento como este.

- Pero con la cascada de sucesos de los últimos días en la Corte Constitucional parece estarse en una sin salida…

Insisto en que hay unos mecanismos establecidos en nuestra Constitución y nuestras leyes que nos permiten corregir equivocaciones de las personas. Cuando hay problemas, lo que hay que hacer es actuar con prudencia e inteligencia, de acuerdo con lo que nos ofrecen nuestras leyes, por eso tenemos que dejar que esos procedimientos funcionen. En la última reunión que tuvimos con los jefes de la rama, se vio que al interior de las cortes no hay un mecanismo que les permita a ellas mismas corregir una situación como la que se presentó en la Constitucional. Ahí discutimos la necesidad de que las propias cortes tengan esas facultades de autorregulación, para ir corrigiendo los errores cuando vayan apareciendo. Lo que realmente no es conveniente es que la actuación de algunos haga que acusen a las instituciones, o pensar que hay una persecución de alguien en contra de otra persona por razones políticas, o decir que las instituciones están persiguiendo a ciertas personas. Si hay personas que están incumpliendo su deber, entonces que caiga todo el peso de la ley, pero debemos preservar las instituciones. Porque uno de sus miembros haya incurrido en un error o en algo indebido, no se debe acabar con la Corte Constitucional.

- La inconformidad de la gente no es sólo con la justicia. ¿A qué se debe la acumulación de paros y otras protestas sociales?

No hay un malestar con el Gobierno nacional de manera directa y por el contrario se reconocen nuestros esfuerzos en concertar y dar respuesta a las diferentes peticiones.

La protesta social hace parte de todas las democracias. Este gobierno ha abierto el espacio para el diálogo constructivo y pacífico.

Se han creado instancias estructuradas para darles voz a los que no están de acuerdo y, sobretodo, para avanzar en la solución de las diferencias. No se puede abusar del legítimo derecho a la protesta social por intereses políticos o electorales.

Muchas de las protestas que están planeadas son legítimas, pero otras obedecen a intereses generados alrededor de las próximas elecciones o buscan debilitar al Gobierno y al proceso de paz.

- Los últimos cambios que anunció sobre el proceso de paz, particularmente el nuevo consejo asesor, ¿materializan la idea de incorporar a todo el país al diálogo? ¿Cómo piensan acercar a los sectores que aún se mantienen lejos?

La Comisión Asesora de Paz es solo lo que su nombre indica: me ayudará a tomar las mejores decisiones. No dejaré de insistir en que la paz no es mía, de Juan Manuel Santos, sino de todos los colombianos. Todos los colombianos están invitados a hacer aportes para que logremos la mejor paz y el fin del conflicto.

- Si ese fin llega, vendrá el posconflicto, un tema del que usted habló en todos estos recientes consejos regionales. ¿Tienen claro cómo será esa etapa en cada departamento? ¿Los beneficios y compromisos que implica?

Hemos creado en la Presidencia de la República el Ministerio del Posconflicto, que está liderado por el general Naranjo. El reto que tenemos con él es prepararnos para ese momento, hacer pedagogía de lo que significa el proceso de paz e implementar los acuerdos. Desde el inicio de las negociaciones hemos realizado diálogos con los mandatarios regionales, lo que incluye trabajo de pedagogía de paz y discusión acerca de los impactos, preocupaciones y expectativas frente a los acuerdos de la Mesa de Conversaciones y su futura implementación.

Estos espacios han permitido que tanto gobernadores como alcaldes, conozcan de primera mano los avances del proceso, expresen sus preocupaciones y analicen las implicaciones de la etapa de implementación en sus territorios.

- En estas reuniones regionales, la mayoría de gobernadores expresaron preocupación por el recorte del presupuesto nacional y por la caída de las regalías. ¿Cómo intenta tranquilizarlos?

El Plan de Desarrollo tiene un monto de inversiones que entre 2014 y 2018 asciende a $703 billones. Este un incremento del 12% con respecto al de 2014, a pesar de la reducción de 17 billones que tuvimos que hacer por la coyuntura de la baja en los precios del petróleo. Este plan apunta, entre otros, a un crecimiento promedio del PIB de 4.5% en los próximos cuatro años; una tasa de desempleo de un dígito y a alcanzar niveles de inversión equivalentes al 29% del PIB. Adicionalmente, se inyectarán $400 mil millones producto de los rendimientos financieros acumulados por el Sistema General de Regalías (SGR), los cuales se asignarán al rubro de regalías directas de las entidades territoriales productoras y portuarias. Así mismo se sumarán $366 mil millones, producto del desahorro que se realizará del Fondo de Ahorro y Estabilización entre 2015-2016.

- El lema de esa gira nacional fue “Destrabar y hacer cumplir”. ¿Detállenos cuáles fueron esos puntos en los que se destrabó y en los que se empezaron a cumplir compromisos retrasados del Gobierno?

Me gustaría explicarle que esta estrategia que llamamos “El Presidente en las Regiones” busca dar continuidad al trabajo de articulación que hemos venido desarrollando desde hace más de cuatro años con gobernadores, alcaldes y comunidades.

En menos de mes y medio hemos llegado a todos los departamentos. Estos encuentros permitieron que ministros, directores, el vicepresidente y hasta la misma María Clemencia, atendieran de primera mano las inquietudes de las comunidades y llevaran soluciones concretas, de forma articulada con los gobiernos territoriales. El 2015 es especial. Es un año de concretar resultados y las 195 inauguraciones realizadas en 50 días son prueba de eso.

En los ocho encuentros se hicieron inauguraciones y entregas de equipos y dotaciones por más de un billón de pesos y se hicieron anuncios de proyectos y obras a desarrollarse entre 2015 y 2018 por más de $1.8 billones. El trabajo conjunto con los mandatarios locales y departamentales permitió agilizar y resolver problemas del día a día de 231 proyectos. Esta labor permitirá que este año cerremos con éxito obras de educación, salud e infraestructura, entre otros. Estos resultados son posibles gracias a que este Gobierno ha invertido como ningún otro en las regiones. Durante el primer cuatrienio se invirtieron $271 billones en los 32 departamentos, esto es 50% más que entre 2007-2010.

Preguntas y respuestas 

- ¿Cómo avanza el plan de austeridad anunciado para las regiones y sus entidades medias?

El plan de austeridad es una iniciativa del Gobierno nacional que busca generar ahorros en el funcionamiento de la administración pública. Se trata de ahorrar para hacer más y mejor, o lograr mayores resultados con los mismos recursos. Los gobiernos locales no hacen parte de él. Este plan tiene medidas que reducen los gastos generales, y otras que generan ahorros. Menciono tres ejemplos: al comprar de forma agregada bienes y servicios, la Agencia Colombia Compra Eficiente estima que en 2014 se generaron ahorros por cerca de $70 mil millones de pesos y nuestra meta para 2015 es de 150 mil millones. Con la Agencia de Defensa Jurídica estamos ahorrando cerca de un billón de pesos en los pleitos judiciales contra la Nación. Y finalmente, queremos una mejor administración de los patrimonios autónomos, es decir los que se usan para administrar recursos con destinación específica. Solo en el caso del sector de salud podemos ahorrar 200 mil millones de pesos este año.

- Aunque se anunció que el emporio rentístico de licores se mantendrá, persiste preocupación en algunos departamentos productores, como Antioquia. ¿Cómo avanza esa medida que se estaba estudiando con el Minhacienda?

Este es un tema que hay que resolver porque nos puede costar muchísimo. Lo que está en juego es la credibilidad del país ante el mundo, en el cumplimiento de las obligaciones comerciales y las adquiridas en los tratados internacionales. Estos compromisos vienen de gobiernos anteriores y es mi responsabilidad que se cumplan. Las consecuencias de no hacer nada pueden ser, a la larga, muy costosas para el país. Precisamente lo que presentamos en la ponencia para el primer debate del Plan Nacional de Desarrollo es el resultado de las mesas de diálogos entre los gobernadores, la Federación Nacional de Departamentos, la industria y el Gobierno. Estos cambios persiguen cuatro objetivos. El más importante, no afectar el recaudo o rentas de los departamentos. Además, mantener la responsabilidad en ese recaudo en las entidades territoriales, no modificar su destinación y cumplir con los requerimientos de los tratados.

- Si bien la inversión en el Pacífico se duplicó, Buenaventura sigue siendo foco de crisis social. ¿Cómo se transformará esa inversión en desarrollo social del Pacífico? 

Es cierto. Hemos hecho un gran esfuerzo por el Litoral Pacífico. Esta región representa la mayor apuesta de mi gobierno por la equidad. El acceso a educación de calidad es la mejor herramienta para lograr equidad. Precisamente esta semana lanzaremos con la ministra de Educación un ambicioso plan de infraestructura educativa para el Pacífico. Vamos a construir mil 104 nuevas aulas en la región. Adicionalmente, construiremos una nueva y moderna sede del Sena en Buenaventura. Esta semana entregamos también en la Ciudadela San Antonio de esa misma ciudad 565 viviendas gratuitas a población desplazada.

Allí vamos a construir un moderno mega-colegio, cuyo valor aproximado será de 25 mil millones de pesos. También realizaremos inversiones en infraestructura hospitalaria en Buenaventura, Guapi, Tumaco y Quibdó, y un plan ambicioso para solucionar los problemas de acceso a agua y saneamiento. En Buenaventura ya tenemos financiada la solución de acueducto. Este año se entregarán las plantas de tratamiento de Escalerete y Venecia. Para liderar todo este esfuerzo, desde principios de este año pusimos en operación la Gerencia del Pacífico, que desde ya está coordinando la formulación de la estrategia y el plan de desarrollo integral para la región.

- Tras su recorrido y el de sus ministros y asesores, ¿cuáles departamentos les preocupan más, porque los vean atrás en desarrollo, búsqueda de equidad y disminución de la pobreza?

Todas las regiones son importantes. Las brechas y los retos existen tanto entre zonas, como al interior de las mismas. Con el Plan de Desarrollo buscamos ante todo cerrar esas brechas. Para seguir con el ejemplo del Pacífico, se han priorizado los 50 municipios del litoral, lo que no significa que en el resto de la región no continuemos trabajando.

- En la frontera con Venezuela se destacó la construcción de un puente internacional, pero allí critican la falta de presencia del Estado para atender asuntos como las deportaciones masivas. ¿Qué responde el Gobierno?

La presencia ha sido permanente para asistir a los connacionales que han sido deportados desde Venezuela por encontrarse en situación migratoria irregular. La Cancillería, en coordinación con Migración Colombia, Cruz Roja, la Defensoría del Pueblo y demás entidades regionales, viene brindando ayuda humanitaria. Más de 700 personas han aceptado, en lo corrido del año, la asistencia que se ofrece a través de la Cancillería y que consiste en hospedaje, alimentación, atención médica cuando se requiere y traslado a sus zonas de origen, entre otras. Además, a través de los canales diplomáticos y consulares, se han venido presentando a las autoridades venezolanas las quejas expresadas por los colombianos y se ha solicitado la revisión de los protocolos aplicados durante los procesos de deportación.