La inesperada solicitud de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial pidiéndole al Congreso de la República el archivo del proyecto de reforma constitucional de Equilibrio de Poderes y a cambio convocar una asamblea constituyente para reformar la administración de justicia, no solo ‘nació muerta’, sino que además terminó acercando a contradictores políticos, cerrando filas en torno del acto legislativo en curso y, por supuesto, dividiendo aún más a las altas Cortes.

Sin embargo, es claro que detrás de esta solicitud “atenta y respetuosa”, matizada por “razones de inconveniencia y vicios de procedimiento legislativo”, se esconde la animadversión de los magistrados a perder los privilegios que hasta ahora les da la Constitución (ver recuadro).

Veamos. En primer lugar, todos los sectores políticos, sin excepción, académicos y expertos, consideraron “extemporánea, inviable e innecesaria” la petición de la Comisión Interinstitucional, no solo porque sería un gran desgaste convocar una constituyente para reformar un solo aspecto del Estado -la administración de justicia- cuando todo apunta a que una vez se concrete el acuerdo de paz con las Farc en La Habana necesariamente estos tendrán que ser refrendados con el voto popular.

De hecho, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, por primera vez abrió la posibilidad de convocar a una constituyente con ese propósito. “Una constituyente debe corresponder a la construcción de un nuevo país, seguramente después del posconflicto, pero es una posibilidad que debe evaluarse hacia futuro…No hay que temerle a la discusión sobre una asamblea para resolver algunos problemas estructurales del país, eso no es un ‘coco’, es un debate que hay que darlo tranquilamente”, dijo.

Paradójicamente, el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez, jefe de la oposición, fijó una posición muy similar a la del ministro Cristo.

“No estamos de acuerdo con una constituyente. ¿Por qué? Porque en este momento las circunstancias de La Habana, serían un factor de desviación de esa constituyente”, afirmó, sin olvidar que la bancada del Centro Democrático no está de acuerdo con el proyecto de Equilibrio de Poderes.

No obstante, el Gobierno y el Congreso han expresado la necesidad de sacar adelante el proyecto de reforma constitucional al que solo le faltan dos debates en la Cámara de Representantes, aunque reconocen que no es la panacea y que de ser necesario se le harán los ajustes del caso.

Sigue la división

La petición de la Comisión Interinstitucional evidenció, una vez más, las profundas divisiones entre las altas Cortes y que agudizan la crisis de la administración de justicia, afectada por recientes escándalos de corrupción.

“La idea de una asamblea constituyente fue una amenaza descomedida al Gobierno, pero resultó mal porque no todas las Cortes ni los jueces del país están de acuerdo”, sostiene el analista Ramiro Bejarano.

A Bejarano no le falta razón, pues esa propuesta fue respaldada apenas por la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo de Estado, pero no así por la Corte Constitucional -que no puede pronunciarse porque tiene que hacer el estudio jurídico del acto legislativo- ni la Corte Suprema de Justicia que desautorizó a su presidente José Leonidas Bustos.

“Es cierto que el proyecto de Equilibrio de Poderes es insuficiente, es un paño de agua tibia, pero no está bien que la Judicatura salga a pedir una asamblea cuando es uno de los organismos a eliminar y que los miembros de la Comisión Interinstitucional no consulten a sus Cortes y terminen desmentidos. Eso muestra la descoordinación de las altas Cortes”, sostiene el exmagistrado Jaime Arrubla Paucar.

Y es que hasta el Procurador General de la Nación rechazó la idea de la constituyente. “Lo que plantea la Comisión Interinstitucional es inconveniente. Modificar nuestra institucionalidad requiere ponderación y debe realizarse en momentos no como los presentes donde está tan comprometida la constitucionalidad en el marco del proceso de paz”, aseguró Alejandro Ordóñez.

Para el senador Armando Benedetti, uno de los ponentes del acto legislativo, la carta de la Comisión Interinstitucional “es una ofensa al Legislativo y al Ejecutivo, pero lo más triste es que a ambos les ha faltado pantalones para responderles a las Cortes.

¿Diálogo de sordos?

Según el presidente del Consejo de Estado, Luis Rafael Vergara, los firmantes de la carta al Congreso “queremos que se nos escuche, solo estamos buscando un diálogo abierto y franco”.

Sin embargo, el coordinador de ponentes en el Senado, Hernán Andrade, lo desmiente. “No es cierto que (las Cortes) no hayan tenido la oportunidad de hablar, sí la han tenido y siguen teniéndola. Hay temas centrales que ellos nos plantearon, unos los acogimos, otros no. Pero decir que el Congreso no los ha escuchado es falso”, sostiene el parlamentario.

Lo cierto es que habrá una nueva oportunidad de diálogo a instancia de la Cámara de Representantes, donde el coordinador de ponentes, Hernán Penagos, espera que “la Rama Judicial participe con sus opiniones sobre los verdaderos alcances”, del proyecto Equilibrio de Poderes. “Esta audiencia pública programada para el martes, será el escenario adecuado para argumentar a favor y en contra del proyecto”.

Mientras, el Gobierno designó a tres de sus ministros -Interior, Justicia y de la Presidencia- para “tender puentes de diálogo con las altas Cortes” y sacar adelante la reforma constitucional.

Simultáneamente, el expresidente Uribe, el procurador Ordóñez y la Corte Suprema de Justicia insisten en la necesidad de sacar adelante una reforma a la justicia consensuada y estructural.

Reajuste Institucional 

Con ayuda de las fuentes consultadas, Colprensa presenta un resumen de los principales cambios que contiene el proyecto de Equilibrio de Poderes y Reajuste Institucional que rechazan las altas Cortes.

- Comisión de Aforados: reemplazaría a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, tendría la facultad de investigar y juzgar penalmente a los magistrados de las altas Cortes, al Procurador, Contralor y al Fiscal General, y acusarlos ante la Corte Suprema de Justicia.

Frente a casos de indignidad, puede acusar directamente ante el Senado.

- Inhabilidades: Se establece un lapso de uno a cinco años -está por definirse- para que los exmagistrados no puedan litigar ante su antigua Corte.

- ‘Puerta giratoria’: Se propone que un magistrado que termine su periodo constitucional no pueda postularse a otra Corte sino cuatro años después.

- Nominaciones: Las Cortes ya no podrán postular candidatos a Contralor y Procurador, ni a conjueces o a sus propios reemplazos. Tampoco podrá postular o elegir a familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad.

- Consejo de Gobierno Judicial: Es el organismo que integrará las ternas de las cuales se eligen los magistrados mediante concurso de méritos y dando participación equitativa a la Rama Judicial, la academia y los litigantes.

- Calidades para ser magistrado: el proyecto establece nuevos requisitos para los magistrados como edad, años de ejercicio profesional y experiencia académica.