La semana pasada llamaron a declarar a su comandante del Ejército. Hace un mes, capturaron a su secretario general y a dos de sus ministros. Su Comisionado de Paz está investigado y su exministro estrella y exprecandidato presidencial condenado y en el exilio.

Su reciente candidato presidencial también está en la mira de la Fiscalía. Esta semana se filtró la noticia de que su exdirectora del DAS colaborará con la justicia (aunque ella lo niega) y en un mes serán imputados dos de su guardia pretoriana: Edmundo del Castillo y César Mauricio Velásquez.

También se filtró a los medios que la Fiscalía le imputará cargos al secretario jurídico de Uribe y su jefe de prensa por haber presuntamente participado en el complot en contra de la Corte Suprema de Justicia y en la operación para desacreditar a Yidis Medina, una vez la excongresista reveló que había vendido su voto a favor de la reelección del expresidente Uribe.

Aunque varios medios han dicho que es específicamente por la visita del paramilitar ‘Job’ a Palacio, en lo que se conoció como el episodio de “la Casa de Nari”, el portavoz de la Fiscalía explicó a La Silla que el caso comprende otros episodios además de ese como el de Tasmania y el de las “señoras de los tintos” que pusieron grabadoras en la Corte Suprema para espiar a los magistrados.

En específico, a Del Castillo se le imputan los delitos de peculado por utilización de bienes públicos y violación ilícita de comunicaciones, por haber supuestamente dispuesto que los equipos del DAS se utilizaran para interceptar ilegalmente a los funcionarios de la Corte, y el de concierto para delinquir por obtener información privilegiada para desprestigiar a los magistrados y a Yidis Medina.

Del Castillo dijo que no “había violado norma disciplinaria o penal alguna” y en un comunicado explicó que esa reunión con Job se cumplió luego de que el abogado de ‘Don Berna’ “la solicitara asegurando que tenía una información que al parecer era muy importante en términos legales para la Presidencia”.

Dijo también que el abogado llegó con Job, “sin que en mi calidad de secretario Jurídico de la Presidencia hubiera sido notificado de esto con antelación”.

Con esta imputación de cargos, que se hará este 3 de agosto, estos se convierten en los decimocuartos funcionarios del círculo íntimo de Uribe procesados por la Fiscalía.

No los detendrán de manera preventiva, pero sí se les restringirá el derecho a salir del país mientras un juez decide sobre su futuro.

Imputaciones

Los hechos que le imputarán a Del Castillo y Velásquez ocurrieron en 2008, durante la intensa confrontación que tuvo la presidencia de Uribe con la Corte Suprema de Justicia a raíz de las investigaciones por parapolítica en la que varios de los aliados de Uribe -incluyendo su primo Mario Uribe- fueron condenados por sus vínculos con los paramilitares.

Durante ese período, según han revelado en sus confesiones varios funcionarios del DAS de la época, se fraguó un complot para desacreditar a la Corte Suprema.

El paramilitar ‘Don Berna’ dijo en la Fiscalía, ya hace un par de años también, que entre los paramilitares y el gobierno de Uribe había habido “una sociedad” para desacreditar a la Corte Suprema de Justicia.

Y fue en ese contexto que se dio la reunión con el paramilitar ‘Job’ que hoy tiene a los dos alfiles de Uribe en los estrados judiciales.

En ese encuentro dos delegados de ‘Don Berna’ (su abogado Diego Álvarez y el desmovilizado Antonio López ‘Job’) entregaron a Del Castillo y a Velásquez unas supuestas pruebas que vinculaban a magistrados de la Corte Suprema de Justicia con narcotraficantes.

Del Castillo las guardó por un mes en su oficina y luego las entregó al DAS, pero no denunció ante la justicia el hecho como debió haber hecho. Por eso, ese mismo año la Fiscalía y la Procuraduría les abrieron investigación.

Procuraduría 

En 2010, el procurador Alejandro Ordóñez absolvió en primera instancia a Del Castillo por la reunión con ‘Job’. Confirmó esa absolución el 3 de noviembre de 2012, después de que el entonces presidente de la Corte Suprema, Pedro Munar, apeló la primera decisión. A Velásquez también lo absolvió.

En la Fiscalía, en cambio, las investigaciones siguieron su curso y en 2011 los llamaron a interrogatorio. Un año después llegó Eduardo Montealegre a dirigir esa entidad.

Según la versión oficial, su Fiscalía encontró que el expediente estaba “desperdigado”, pues estaban metidos en el de ‘chuzadas’, que abarcaba desde el exdirector del DAS Jorge Noguera hasta a Velásquez.

Decidieron entonces avanzar primero con los procesos contra el secretario general de Uribe Bernardo Moreno y contra María del Pilar Hurtado, que fueron condenados hace algunos meses. Solo después se concentraron en Velásquez y Del Castillo. Por eso, dicen, se demoraron tres años en llegar a este pliego de cargos.

Los casos contra Andrés Peñate, Jorge Mario Eastman y Joaquín Polo quedaron para más adelante. Y el que había contra José Obdulio Gaviria lo mandaron a la Corte Suprema, pues como senador tiene fuero.

Eso indica que el capítulo contra la administración de Uribe continuará.

¿Persecución?

Al conocer la decisión de la Fiscalía de imputarles cargos, Uribe Vélez -como contó Semana.com- reiteró que ‘Job’ y el abogado Álvarez informaron a sus funcionarios que un magistrado auxiliar ofrecía beneficios a presos para que lo acusaran y cuestionó que la Fiscalía los acusara de una supuesta persecución a la Corte Suprema cuando en su concepto fue al revés.

“Justicia con sesgo político”, trinó en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el senador del Centro Democrático Ernesto Macías dijo que denunciaría penalmente al fiscal Montealegre porque esta decisión era una evidencia más de la persecución política del Fiscal contra el uribismo.

“El fiscal ha sido amanuense de Juan Manuel Santos, por lo tanto la persecución al uribismo viene del Presidente”, dijo Macías.

La Silla comprobó con una fuente del círculo del jefe paramilitar Salvatore Mancuso que en esa época a ellos los buscaron unas personas que dijeron ser delegados de magistrados de la Corte Suprema y que les ofrecieron blindarlos de la extradición a cambio de que cooperaran con información contra Uribe. Y que eso mismo habían hecho con Berna antes de que se produjera la reunión de Job en Palacio, una versión que el mismo Berna dio ante la Fiscalía y que reprodujeron los medios de la época.

“Era de lado y lado. La Corte siempre buscó a los bandidos para tratar de perjudicar a Uribe y a su hermano y también nos buscaban del Gobierno para hacer lo mismo con la Corte”, dijo esta fuente.

Explicó que de parte del gobierno Uribe los buscaron para que contaran los nexos de Giorgio Sale (cercano a Mancuso) con algunos magistrados.

“En ese momento, 2008 y 2009, la pelea contra las cortes estaba en su peor momento. Me necesitaban para ensuciar a los magistrados”, dijo Sale en la última entrevista a Semana y que publicaron en enero de este año, recién había vuelto al país a “limpiar su nombre” después de haber estado preso en Italia y antes de morir de cáncer.

Durante el resto del gobierno de Uribe se sotuvo su pulso con la Corte. Cuando dejó el poder pero con un sucesor fuerte en la Casa de Nariño (Juan Manuel Santos) y una terna para Fiscal armada, lo predecible era que la confrontación moriría allí. Pero las circunstancias políticas cambiaron.

Por eso, una de las primeras grandes rupturas con Uribe fue cuando Santos decidió que una vez se posesionara enviaría una nueva terna a la Corte Suprema para que eligiera Fiscal.

“El nombramiento de esa nueva terna podría significar la ruptura de la ya frágil relación entre él y Uribe”, pronosticó en julio de 2010 La Silla Vacía.

Cuando Montealegre, que había asesorado en el pasado a Uribe, fue elegido Fiscal General, algunos dijeron que llegaría a tapar muchos de estos escándalos. Como el fiscal puede crear un ambiente propicio para que se muevan unos procesos más que otros (por ejemplo, dando más o menos trabajo a los fiscales que los tienen a su cargo), esa tesis hizo carrera.

Sin embargo, casi desde su llegada -y ya con un proceso de paz andando al que se oponía Uribe y un presidente Santos enfrentado a su antecesor- el Fiscal siguió con los procesos en contra de uribistas que habían abierto sus antecesores, como los de Andrés Felipe Arias y Luis Carlos Restrepo. E impulsó todos los demás.
De esta manera, el mayor golpe al uribismo ha sido por el flanco penal, porque uno a uno han ido cayendo los funcionarios del anterior gobierno que protagonizaron los escándalos de la época.

Esto, sin embargo, no ha debilitado en la opinión pública la figura del expresidente, cuya popularidad en las encuestas sigue triplicando la de Santos y ni qué decir la del fiscal Montealegre.

El poder real del uribismo ahora con bancada en el Senado como fuerza de oposición se ha conservado y se ha incluso nutrido de la percepción que el expresidente y su partido han inducido -y con la que algunos han buscado y conseguido asilo- de que son víctimas de una persecución política.