¿Qué tan viables son las zonas de concentración si hay cese al fuego?

COLPRENSA - EL NUEVO DÍA
¿Cuántas zonas de concentración deben ser? ¿Dónde deben estar ubicadas? ¿Quién las debe vigilar? ¿Los guerrilleros podrían tener armas en ellas o no?

Cuando en marzo pasado el Centro Democrático, CD, planteó la propuesta de crear una zona de concentración para las Farc muchos pensaron que se trataba de una manera de poner más palos a la rueda de la paz.

Sin embargo, cuatro meses después, analistas, organizaciones sociales y hasta los propios negociadores han hallado en esa iniciativa una alternativa que podría conducir al cese bilateral al fuego que claman los seguidores del proceso, como camino intermedio para la firma de un acuerdo final en La Habana.

Así lo reconoció el domingo pasado el jefe del equipo negociador oficial, Humberto de la Calle, quien calificó la propuesta del uribismo de “constructiva”.

“La idea que uno tiene para acabar el conflicto es que sí es necesario y realista promover esas zonas de concentración, que pueden ser para gente temporalmente armada que se someta a un proceso de dejación de armas, condición esencial para que haya acuerdo y se reincorporen a la vida civil”, agregó, dejando claro que el Gobierno solo anticiparía un cese al fuego si estas zonas se establecen.

Logística

Ahora bien, en lo que sí se apartan esos sectores es la logística con que se debería poner en práctica la iniciativa que esta semana recordó el senador Álvaro Uribe y ya tiene antecedentes de todo matiz, como la experiencia del M-19 en Santo Domingo, la de las Farc en el Caguán y las de las AUC en Ralito.

¿Cuántas zonas de concentración deben ser? ¿Dónde deben estar ubicadas? ¿Quién las debe vigilar? ¿Los guerrilleros podrían tener armas en ellas o no? Son algunos interrogantes que generan debate alrededor de la propuesta.

En el documento ‘Diálogos de paz sin afectar la institucionalidad democrática’, el partido liderado por el exmandatario plantea “una concentración inmediata de las Farc” como forma de lograr un cese de acciones “criminales” que sea “verificable, irreversible y definitivo”.

Para ello, precisa, todos los guerrilleros “y todas sus armas” se deben reunir en un sitio “que no debe estar en ningún casco urbano, en zonas de frontera, en áreas estratégicas, ni en lugares de alta producción agrícola o ganadera” y postula a la ONU, la OEA o al Comité Internacional de la Cruz Roja para que hagan la verificación.

No sería una sino varias

Sin embargo, parece haber consenso en que no sería una sola concentración y en que sería mucho más factible que las Farc acepten asentarse en los sitios donde actualmente tienen mayor presencia.

Eduardo Álvarez, coordinador de la fundación Ideas para la Paz, sostiene que “una sola zona de concentración no es coherente con la presencia territorial, realidad organizacional y número de estructuras de las Farc y, por consiguiente, lo más práctico sería pensar en un número determinado de zonas de concentración que sí tengan en cuenta estos factores”.

A su vez, Jhon Marulanda, experto en seguridad, indicó que “podría establecerse una zona en la frontera con Venezuela y otra en los límites con Ecuador, puesto que ya están concentrados allí. Además, cambiarlos de sitio sería darles la posibilidad de que aumenten su presencia en otras partes del país”.

En su opinión, si bien el mayor peligro de ubicarlos cerca de las fronteras es que, de producirse una ruptura en los diálogos, los guerrilleros se dediquen con mayor fuerza al negocio del narcotráfico, una auténtica veeduría sería suficiente para contrarrestar esa posibilidad.

Como antecedente, Camilo González Posso, presidente de Indepaz, recuerda que en 1992, en el marco de los diálogos de Tlaxcala con las Farc, el EPL y el ELN, el Gobierno aceptó la fijación de 80 zonas de concentración en todo el país, en el propósito de garantizar un cese el fuego previo a la negociación.

Claro, reconoce que las circunstancias políticas del país y la polarización que hay en torno al proceso de paz de La Habana harían impensable una decisión similar, pero anota que tampoco se puede pretender que la guerrilla acepte replegarse en “un campo de concentración o en algo así como La Catedral, la cárcel de Pablo Escobar”.

De otra parte, Otty Patiño, exdirigente del M-19, piensa que en Cuba las partes ya han analizado que la única manera del cese el fuego es mediante concentración de fuerzas, pero no ve factible que el país lo entienda mientras las conversaciones sigan tan alejadas, incluso geográficamente, de los colombianos.

“En el caso de Santo Domingo, el Gobierno quiso que el repliegue se hiciera lejos de la población, pero no hay que tener miedo a la gente; por el contrario, cuanto más participación tenga, se sube el volumen a la política y se logra bajar el volumen a las armas”, plantea.

Otro aspecto sobre el que llama la atención es que la perspectiva de posconflicto que ha manejado el Gobierno indicaría que deben ser varias zonas, correspondientes a las regiones regidas por economías ilegales.

“Esto puede ser el principio para empezar a recomponer zonas como el Catatumbo, para expulsar el narcotráfico del Pacífico o los cultivos ilícitos del Putumayo, porque las Farc tienen que ser parte de la solución a los problemas que hay allí”, afirma.

¿Y quién las cuida?

Según Marulanda, la vigilancia de las zonas de concentración debe estar a cargo de una entidad de corte técnico militar.

“Han propuesto Unasur, pero no goza de mucha credibilidad en el país y además tiene sesgo político. Tampoco la Cruz Roja, porque es de corte humanitario, lo mejor sería dar la vigilancia a organismos como la Otán o los Cascos Azules de la ONU”.

Agrega que ello permitiría incluso que los guerrilleros conservaran las armas, pero que de lo contrario sí tendrían que entregarlas “porque al no ser técnicos pueden ser fácilmente engañados y el país seguiría siendo víctima de la actividad delictiva”.

Ya sobre el manejo de las armas, el CD afirma que “la dejación o declaración de no uso de las armas es insuficiente” y que se deben destruir durante la refrendación popular de los acuerdos.

González, por su parte, considera que la verificación debe ser mixta, nacional e internacional, mientras que Patiño va más allá y plantea que la Policía debe ser la fuerza institucional encargada de la vigilancia de la zona de concentración, ojalá alimentada por personas de esa misma región. Sin embargo, reconoce que sería conveniente que haya una entidad foránea “que ayude a controlar que a la gente que está allá no la vayan a matar y que el Estado pueda hacerse cargo de quienes opten por salir”.

Por su parte, Álvarez plantea que la experiencia vivida con el ELP muestra que estas zonas buscan “arar el terreno para restringir al mínimo las hostilidades entre las partes, verificar la cantidad de integrantes y de armas, y preparar a los guerrilleros para la dejación de armas en espacios con suficientes condiciones de seguridad, contribuyendo al desescalamiento de las acciones armadas”.

De ahí que los expertos coincidan en que esta propuesta es una de las alternativas más viables para desescalar el conflicto e inyectarle algo de optimismo al horizonte de la paz. Sin embargo, para ello se requiere que los colombianos comprendan que no se trata de una reclusión de los guerrilleros, sino de un paso dentro de la negociación y que las Farc entiendan que no pueden convertir esas zonas en repúblicas independientes donde hagan lo que les parezca.

El M-19 en Santo Domingo

 Un año duró la concentración de la mayoría de los integrantes del M-19 en el corregimiento Santo Domingo, Cauca, como paso previo a su desmovilización, mientras que un grupo pequeño lo hizo en El Hobo, Huila.

Según Otty Patiño, cofundador de ese movimiento guerrillero, en realidad lo que hubo fue un esquema de separación de fuerzas, ya que ellos de manera anticipada decidieron frenar las hostilidades. “No era un sitio encerrado. Se instaló un retén del Ejército en Tacueyó y luego había una amplia zona despejada y luego Santo Domingo, donde no había población y después de lo cual no había nada, de manera que si las cosas no salían bien, nos pudiéramos replegar”, explica.

Agrega que mucha gente llegó a los campamentos para anunciarles su respaldo político, si seguían adelante con las negociaciones, que no estuvieron exentas de tropiezos: “Uno de los encargados de salir por la remesa murió, al parecer, a manos del Ejército, y al final el Congreso no aprobó las reformas acordadas con el Gobierno. Sin embargo, seguimos adelante”, relata Patiño. 

El caso EPL

En septiembre de 1990, en el Acuerdo de Pueblo Nuevo y Juan José, Gobierno y EPL definieron la creación, en 15 días, de nueve campamentos en las zonas donde esa guerrilla había tenido presencia.

Luego fueron reducidos a siete y tras varios memorandos se definió, en octubre de ese año, un acuerdo sobre las normas de los campamentos de paz, cuenta Eduardo Álvarez, coordinador de Ideas para la Paz.

En un documento, también indica que “definieron aspectos logísticos y de infraestructura, otros sobre la entrada y salida de personas e inclusive paquetes de capacitación, formación y recreación. Se dividieron en tres zonas: una interna para los guerrilleros, una franja externa de tipo neutral y no patrullada, y la tercera del Ejército, cuya responsabilidad fue la protección del campamento.

Allí, 600 guerrilleros portaron armas, vistieron camuflados y mantuvieron el orden interno hasta la dejación de armas y la desmovilización.

Contaron con veeduría de la Conferencia Episcopal, la Internacional Socialista y el Partido socialista español. Según él, esto ilustra que la propuesta de las zonas de concentración es la vía para bajar al máximo las hostilidades entre las partes. 

Las Farc en el Caguán

42 mil kilómetros pertenecientes a cuatro municipios de Meta y uno de Caquetá permanecieron desmilitarizados entre noviembre de 1998 y febrero de 2002, debido a las negociaciones entre el Gobierno y las Farc. Según analistas, uno de los errores que se cometieron en este proceso fue que no se pactó un cese el fuego, por lo que el conflicto siguió su curso.

“En ese tiempo las Farc construyeron una muy buena retaguardia en esa zona, que les sirvió de resguardo por mucho tiempo, pero los bombardeos que terminaron con la muerte de ‘Mono Jojoy’ y ‘Cano’ dejaron en evidencia que la guerrilla ya no es insuperable en la selva, por lo que la protección de sus integrantes debe ser una prioridad para los jefes”, dice Otty Patiño.

A su vez, el documento ‘A los diez años del Caguán: algunas lecciones para acercarse a la paz’, elaborado por varios expertos, indica que para el éxito de cualquier negociación es indispensable “que las partes asuman un horizonte de tregua” y que otra de las fallas fue la cantidad de intermediarios y ‘amigos’ internacionales del proceso que llegaron a la zona. 

Ralito, el de las AUC

Para Camilo González, de la experiencia del sometimiento a la justicia de los paramilitares se podría retomar la idea de que solo sea la cúpula de las Farc la que se ubique en la zona.

Lo que no se debe repetir de ese proceso es que “durante ese tiempo ellos siguieron desarrollando sus negocios y expandiendo sus relaciones políticas, lo que les dio cierto dominio en la zona y derivó en la parapolítica”, plantea Otty Patiño.

Otro punto positivo de ese proceso fue su corta duración.

“Un proceso demasiado largo mina la confianza de las partes y da mucho espacio a las presiones externas”, dijo. 

CALI, COLPRENSA

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