“Por hacer parte del movimiento social y estar organizados al interior de él, somos sospechosos permanentes del Gobierno y en el afán de dar con resultados los estudiantes, campesinos e indígenas somos blanco fácil”, cuenta en diálogo con Verdadabierta.com Alberto Castilla, senador del Polo Democrático y miembro del Congreso de los Pueblos.

Este movimiento tiene sus orígenes en la minga de resistencia indígena de 2009, cuando cerca de 12 mil indígenas se tomaron la vía Panamericana en reclamo por el incumplimiento de los acuerdos que habían suscrito con el Gobierno en 2004. Posterior a ello, se sumaron procesos sociales, juveniles, estudiantiles y sindicales para dar nacimiento a una minga social y comunitaria.

Un año después, alrededor de 10 mil personas provenientes de varias regiones del país se dieron cita en Bogotá para llevar a cabo el congreso constitutivo de la organización, en el cual definieron como proclama la “propuesta de país para la vida digna”.

“Desde ese entonces hemos venido trabajando desde las veredas, barrios, universidades y con la gente de abajo para la construcción de una alternativa de país”, afirma el Senador.

En el movimiento confluyen con fuerte presencia el sector estudiantil -articulado a la Mesa Amplia Nacional Estudiantil-, el sector del campesinado -articulado con el Coordinador Nacional Agrario- y las comunidades indígenas, organizadas estas en la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca y el Consejo Regional Indígena, del mismo departamento.

“A las acciones de masas se suman los congresos que hemos celebrado para trazar nuestro modelo de acción política, como lo fue el de tierras, territorio y soberanía en 2011, o el de paz en 2013. En ellos quedaron plasmadas las propuestas que tenemos, como es el caso de una mesa de diálogo, independiente de la de las guerrillas, con los movimientos sociales o el mandato por la tierra y el territorio”, afirma el congresista Castilla.

A pesar de que el movimiento incide socialmente en regiones donde la guerrilla de las Farc y el ELN tienen presencia, voceros de esa organización afirmaron que no existe relación alguna con la insurgencia.

“Ellos tienen sus espacios y nosotros los nuestros, nos distanciamos de la lucha armada como salida política a la situación del país”, expone Sebastián Quiroga, politólogo y vocero del Congreso de los Pueblos.

Y agrega: “Siempre se ha usado la movilización como mecanismo de protesta, la cual se aleja tajantemente del uso de la violencia política por medio de armas”.

¿Existe relación con el ELN?

Miembros del Congreso de los Pueblos dicen que no por confluir en algunas regiones con las guerrillas o por oponerse a la explotación de petróleo o, además, por compartir la visión del ‘poder popular’ heredado de la teología de la liberación del cura Camilo Torres, deben ser tratados como guerrilleros.

“Las guerrillas tienen agendas y puede haber coincidencias, pero nuestra acción política es desde la vida civil y pareciera que el Gobierno no lo entendiera”, asegura Quiroga.

La semana pasada la Policía adelantó un operativo en contra de una supuesta red urbana del Frente ‘Domingo Laín’ de la guerrilla del ELN, a la que acusan de ser la responsable por los dos petardos contra las sedes de la AFP Porvenir y otros hechos que alteraron el orden público durante 2014 y principios de este año.

En el desarrollo de la audiencia de imputación de cargos la Fiscalía solo ha podido comprobar la participación de David Camilo Rodríguez, alias el ‘Profe’, en los hechos que sacudieron a la capital del país el pasado 2 de julio. Y, según voceros de la organización, Rodríguez no pertenece al Congreso de los Pueblos.

Frente a los otros 12 detenidos, el ente investigador señaló que participaron durante una jornada de protesta el 20 de mayo en la Universidad Nacional, en la que salieron heridos nueve integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, agregando que tienen la evidencia de la conexión entre el ‘Profe’ y varios de los participantes de la manifestación para la producción de ‘papas bomba’ y otros elementos de propaganda. Estos son hechos que aún están por esclarecerse y que desvinculan a los procesados con lo ocurrido en Porvenir.

Terminada la audiencia de imputación de cargos, Gerson Alexánder Yacumal y Heiler Lamprea fueron sindicados de los delitos de rebelión y terrorismo. Los restantes nueve integrantes del Congreso de los Pueblos fueron acusados de tráfico, porte, fabricación de explosivos y violencia contra servidor público.

Para el caso de la ibaguereña Paola Salgado, quien trabajó en la Secretaría de Salud en el Hospital de Suba, se suma porte de armamentos explosivos con uso privativo de elementos de la Fuerza Pública.

Ante la situación, Castilla dice que los procesados son víctimas de montajes judiciales y que, por el contrario, todos son activistas defensores de derechos humanos de los diferentes sectores del movimiento.

“La Fiscalía condena el hecho de leer a Camilo Torres y expresar sus ideas como apología a la guerra, cuando hay diversas vertientes del camilismo, como el cristianismo, que no son armadas”, dice Sebastián Quiroga.

De igual manera, el movimiento establece que el Gobierno los debe reconocer como el actor político legal que son, donde han servido de interlocutores en el desarrollo de varios espacios sociales tales como en el campesino con la MIA (Mesa Nacional de Interlocución y Acuerdo).

La Fiscalía General presentó una serie de fotografías y audios, producto de las interceptaciones telefónicas adelantadas a la abogada Paola Salgado Piedrahíta, procesada por su presunta participación y conocimiento en la fabricación y transporte de ‘papas bomba’ desde el barrio Galerías hasta la sede de la Universidad Nacional.

Dichos artefactos fueron utilizados en las protestas que se registraron el 20 de mayo de 2014. En la misma resultaron heridos nueve agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), “quienes llegaron al lugar para controlar la situación y recuperar el orden público que estaba alterado por las manifestaciones”.

La Fiscal Séptima de la unidad en contra del terrorismo aseguró que Salgado tuvo conocimiento de primera mano sobre la fabricación de las ‘papas bomba’. Pese a que las interceptaciones a su teléfono celular son reducidas, en éstas se establece su relación con alias ‘El Profe’, Herley Alexander Lamprea y Gerson Alexander Yacumal.

En la conversación, interceptada el 19 de mayo, se habla sobre una reunión en un lugar cercano a la casa de ‘El Profe’ en la carrera 33 con calle 28. El ente investigador presentó fotografías de los seguimientos hechos en la panadería ‘La Isabella’.

Según la Fiscal, en dicha reunión se fijó el traslado de unos elementos desde la casa de Sergio Segura Güiza hacia la Universidad Nacional. Al otro día se registraron varias llamadas en las que se manifiesta que no se podían encontrar a la hora prevista porque tenía un “pedo” en la oficina.

En el transcurso de la mañana se registraron otras llamadas telefónicas en las que se fija el nuevo lugar de encuentro. “Siendo las 6:57 horas sale Gerson de la vivienda ubicada en la carrera 28 A número 52-07 y “empacan algunas cajas en un vehículo de placas RGZ 835, posteriormente conduce el vehículo hacia la Nacional”.

“Gerson (Yacumal) se moviliza en una bicicleta realizando el acompañamiento del automotor”. A las 8:57 “salen de la Universidad dos hombres no identificados en el vehículo de placas RKR 984 y se dirigen hacia la calle 28 número 33-44 (frente a la vivienda), donde revisan los paquetes y los cambian de ubicación dentro del vehículo. Posteriormente regresan a la Universidad Nacional”.

Salgado fue identificada por un vigilante en un registro fotográfico. El hombre la reconoció de ser una de las personas que estaban en el sector del Conservatorio, con otras personas y con varias cajas. Otras que fueron trasladadas a otro edificio del centro universitario.

Según las pruebas, fueron cerca de 810 elementos los traslados a la Universidad que fueron utilizados contra los agentes. El análisis científico indicó que cada bomba tenía un peso de ocho gramos y estaba compuesta por cloruro de potasio, aluminio y azufre.

En la tarde de ese 20 mayo Paola Salgado manifiesta a Heiler Lamprea que hay una persona herida pero “nada preocupante, ni nada enreda”. Al otro día fijan una reunión para encontrarse con ‘El Profe’ y revisar los “resultados del primer examen”.

La Fiscalía le imputó porte, tráfico y fabricación de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares en calidad de coautora y violencia contra servidor público agravado. Por esto podría pagar una pena de entre 22 y 30 años de prisión.

Al final de la imputación la fiscal del caso manifestó que en ningún momento se cuestionó el derecho a la protesta, ni su ideología o su pertenencia a una Universidad Pública. Lo que se ha presentado es la participación de tres personas en la realización de actos terroristas en nombre de un grupo armado ilegal que generaron zozobra en la sociedad.

Así como la participación de estas tres personas en el uso de explosivos durante una protesta en la Universidad Nacional; así como el uso de pasamontañas para ocultar su identidad. “Se presentaron elementos para generar una inferencia razonable. En ningún momento se ha debitado responsabilidad”.

La fiscal del caso manifestó que los implicados ignoraron el impacto de un artefacto explosivo, indicando que pueden provocar lesiones, imputación e incluso la muerte. En el caso materia las ‘papas bomba’ tenían una adición que eran tachuelas metálicas “que las convertían en proyectiles”.

¿Persecución política contra los movimientos sociales?

A finales de 2014, la Marcha Patriótica denunció la persecución y criminalización de la que habían sido víctimas sus militantes desde su constitución como movimiento político en 2010. El documento señala que durante los cinco años de existencia han sido asesinados 28 miembros en el territorio nacional, de ellos 12 por la fuerza pública y 16 por actores desconocidos.

A ello se han sumado las detenciones y procesos de judicialización contra estudiantes, profesores y sindicalistas de la organización, como el caso del maestro universitario Francisco Tolosa, a quien sindicaron de rebelión agravada por, supuestamente, pertenecer a la comisión internacional de las Farc y ser el segundo al mando de la Red Urbana Antonio Nariño de esta guerrilla. Los hechos meses después no pudieron ser corroborados, por lo cual recobró su libertad.

De igual manera sucedió con Omar Marín, Jorge Eliécer Gaitán y Carlos Lugo, estudiantes pertenecientes a la Federación de Estudiantes Universitarios, a quienes capturaron y sindicaron de rebelión en el desarrollo de las protestas de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Tres años después y al no haber sido comprobado el acervo probatorio de la Fiscalía, recobraron su libertad.

Ahora bien, aunque es la primera vez que se presenta una detención masiva contra integrantes del Congreso de los Pueblos, en varias ocasiones se ha denunciado la persecución y judicialización de varios líderes en Santander, Arauca y Bogotá.

Uno de los casos más conocidos, por ejemplo, fue el asesinato de Carlos Pedraza, coordinador Movimiento de Masas Social y Político del Centro Oriente, quien en extrañas circunstancias apareció con un tiro de bala en la nuca así como signos de tortura en su cuerpo.

Señala Quiroga que el respaldo a los diálogos de paz de La Habana, Cuba, y la petición de abrir la mesa de diálogos con la guerrilla del ELN pone en riesgo a los activistas de derechos humanos por parte de los grupos de ultra derecha.

Por ahora, de llegarse a comprobar el acervo probatorio contra los 12 integrantes del movimiento, sus representantes se reunirían para analizar los hechos y emitir un pronunciamiento ante la opinión pública. No obstante, concluye Castilla, permanecen en su posición de la presunción de inocencia y del derecho a ejercer la protesta social.

La historia aún no termina y se espera el veredicto final del juez, quien determina si hay o no medida de aseguramiento.

Las pruebas de la Fiscalía contra Paola Salgado

TOMADO DE EL ESPECTADOR.COM

La Fiscalía General presentó una serie de fotografías y audios, producto de las interceptaciones telefónicas adelantadas a la abogada Paola Salgado Piedrahíta, procesada por su presunta participación y conocimiento en la fabricación y transporte de ‘papas bomba’ desde el barrio Galerías hasta la sede de la Universidad Nacional.

Dichos artefactos fueron utilizados en las protestas que se registraron el 20 de mayo de 2014. En la misma resultaron heridos nueve agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), “quienes llegaron al lugar para controlar la situación y recuperar el orden público que estaba alterado por las manifestaciones”. 

La Fiscal Séptima de la unidad en contra del terrorismo aseguró que Salgado tuvo conocimiento de primera mano sobre la fabricación de las ‘papas bomba’. Pese a que las interceptaciones a su teléfono celular son reducidas, en éstas se establece su relación con alias ‘El Profe’, Herley Alexander Lamprea y Gerson Alexander Yacumal.

En la conversación, interceptada el 19 de mayo, se habla sobre una reunión en un lugar cercano a la casa de ‘El Profe’ en la carrera 33 con calle 28. El ente investigador presentó fotografías de los seguimientos hechos en la panadería ‘La Isabella’.

Según la Fiscal, en dicha reunión se fijó el traslado de unos elementos desde la casa de Sergio Segura Güiza hacia la Universidad Nacional. Al otro día se registraron varias llamadas en las que se manifiesta que no se podían encontrar a la hora prevista porque tenía un “pedo” en la oficina.

En el transcurso de la mañana se registraron otras llamadas telefónicas en las que se fija el nuevo lugar de encuentro. “Siendo las 6:57 horas sale Gerson de la vivienda ubicada en la carrera 28 A número 52-07 y “empacan algunas cajas en un vehículo de placas RGZ 835, posteriormente conduce el vehículo hacia la Nacional”.

“Gerson (Yacumal) se moviliza en una bicicleta realizando el acompañamiento del automotor”. A las 8:57 “salen de la Universidad dos hombres no identificados en el vehículo de placas RKR 984 y se dirigen hacia la calle 28 número 33-44 (frente a la vivienda), donde revisan los paquetes y los cambian de ubicación dentro del vehículo. Posteriormente regresan a la Universidad Nacional”.Salgado fue identificada por un vigilante en un registro fotográfico. El hombre la reconoció de ser una de las personas que estaban en el sector del Conservatorio, con otras personas y con varias cajas. Otras que fueron trasladadas a otro edificio del centro universitario.

Según las pruebas, fueron cerca de 810 elementos los traslados a la Universidad que fueron utilizados contra los agentes. El análisis científico indicó que cada bomba tenía un peso de ocho gramos y estaba compuesta por cloruro de potasio, aluminio y azufre.

En la tarde de ese 20 mayo Paola Salgado manifiesta a Heiler Lamprea que hay una persona herida pero “nada preocupante, ni nada enreda”. Al otro día fijan una reunión para encontrarse con ‘El Profe’ y revisar los “resultados del primer examen”.

La Fiscalía le imputó porte, tráfico y fabricación de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares en calidad de coautora y violencia contra servidor público agravado. Por esto podría pagar una pena de entre 22 y 30 años de prisión.

Al final de la imputación la fiscal del caso manifestó que en ningún momento se cuestionó el derecho a la protesta, ni su ideología o su pertenencia a una Universidad Pública. Lo que se ha presentado es la participación de tres personas en la realización de actos terroristas en nombre de un grupo armado ilegal que generaron zozobra en la sociedad.

Así como la participación de estas tres personas en el uso de explosivos durante una protesta en la Universidad Nacional; así como el uso de pasamontañas para ocultar su identidad. “Se presentaron elementos para generar una inferencia razonable. En ningún momento se ha debitado responsabilidad”.

La fiscal del caso manifestó que los implicados ignoraron el impacto de un artefacto explosivo, indicando que pueden provocar lesiones, imputación e incluso la muerte. En el caso materia las ‘papas bomba’ tenían una adición que eran tachuelas metálicas “que las convertían en proyectiles”.