Diez años después de que el Gobierno del entonces presidente de la República Álvaro Uribe Vélez rechazara la responsabilidad del Ejército en la masacre de San José de Apartadó, en febrero de 2005, y de que el exmandatario tildara a la Comunidad de Paz como auxiliadora de la guerrilla, el Ministerio de Defensa reconoció la responsabilidad por los hechos en donde fue asesinado el connotado líder Luis Eduardo Guerra Guerra.

Se conoció como la Masacre de San José de Apartadó. Ocurrió el 21 de febrero de 2005 en las veredas Mulatos y La Resbalosa y consistió en la muerte de siete de los integrantes de la Comunidad de Paz, un campesino del sector y tres menores de edad. Todos fueron torturados, asesinados y descuartizados a manos del Ejército Nacional en compañía de un bloque paramilitar al mando de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’. Algunos fueron enterrados en fosas comunes y otros dejados a los gallinazos en la intemperie.

El hecho produjo el desplazamiento de más de 100 integrantes de la comunidad hacia la zona del crimen para que no quedara duda alguna de que habían sido tropas de la Brigada XVII del Ejército las responsables de la masacre, a pesar de que el Ministerio de Defensa, la cúpula militar y la Vicepresidencia de la República negaron rotundamente el crimen.

En marzo de ese año, el presidente Uribe Vélez dijo al término de un consejo de seguridad que algunos integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó serían auxiliadores de la guerrilla de las Farc. Luego, en 2012, la Corte Constitucional ordenó al Ministerio del Interior que se hiciera una retractación oficial, cuyo acto finalmente no fue bien recibido por la Comunidad y ante el cual Uribe insistió en su momento que las Farc habrían utilizado a algunos integrantes de la Comunidad de Paz.

Lo cierto es que ese 21 de febrero fueron asesinados el líder la comunidad Luis Eduardo Guerra, su hijo Deyner Andrés Guerra de 11 años y su compañera Beyaniera Areiza en primer lugar. Luego mataron a Alfonso Bolívar Tuberquia, a sus hijos Natalia (5 años) y Santiago (de 2 años) y a su esposa Sandra Milena Muñoz, y a un trabajador de la finca llamado Alejandro Pérez.

Por estos hechos el Tribunal Administrativo de Antioquia condenó a la Nación en octubre de 2012, en sentencia que fue apelada por los representantes del Ministerio de Defensa. No obstante, la defensa de las víctimas adelantada por la firma Javier Villegas Abogados S.A. y el Ministerio llegaron a un acuerdo de conciliación que fue avalado por el Consejo de Estado.

En el documento conocido en exclusiva por Colprensa, se reconoce responsabilidad por la muerte de siete personas y se pactó un monto de indemnización para sus grupos familiares para un total de 3.800 millones de pesos, por motivo de perjuicio a la vida, por perjuicios morales, perjuicios materiales, daño moral y lucro cesante.

La Sección Tercera, con ponencia del magistrado Carlos Alberto Zambrano, indicó que no hay duda de que el Ministerio de Defensa debe responder por la masacre “a título de falla en el servicio, por cuanto miembros del Ejército Nacional, en un claro desconocimiento de sus deberes legales y constitucionales, omitieron tomar las medidas necesarias para proteger la vida de los habitantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó”.

“Encuentra también la Sala que el acuerdo logrado entre las partes no es violatorio de la ley, ni atenta contra el patrimonio público, como quiera que se concilió por el 100% de la condena impuesta, respecto de los perjuicios morales, materiales -lucro cesante- y el daño a la vida de relación, acreditados y reconocidos a los demandantes, en consideración a que este es un caso donde hubo una grave violación de los derechos humanos”, dice el fallo.

Además, se acordó que el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional, Brigada XVII, ofrecerán disculpas públicas a los familiares de las víctimas y a la sociedad en general por la masacre, en donde se reconocerán sus calidades.

En este caso, el Ejército Nacional terminó reconociendo perjuicios a personas que en el fallo de primera instancia no habían sido tenidas en cuenta.

Cabe recordar que la Comunidad de Paz de San José de Apartadó cuenta con medidas de protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el año 2000 y que en 2005 dicho organismo había pedido que se investigara y sancionara a los responsables de la masacre.