Así lo afirmó el Superintendente Nacional de Salud, Norman Julio Muñoz, quien afirmó que la intervención está por finalizar y que la determinación se tomará teniendo en cuenta la garantía de la salud de los usuarios, la protección a los 30 mil empleados y el pago a las IPS y a los proveedores de servicios de salud.

El funcionario además se refirió a la situación de Caprecom y de otras EPS del régimen subsidiado en el país, al tiempo que habló sobre la “crisis financiera”, que atraviesa el sistema de salud y que tiene en jaque a los distintos hospitales del país como los universitarios del Valle, Santander y Cartagena.

Finalmente, le comentó a Colprensa sobre los servicios que le presta la entidad al ciudadano, cómo la gente puede quejarse o apoyarse en ella y las novedades de atención que tienen.

-¿Cuál ha sido su filosofía desde que recibió la Superintendencia?

Vinimos a poner la casa en orden. Estamos acá para poner mano dura a los que deben hacer la tarea y no la hacen bien. Esto quiere decir que vinimos a poner orden en el tema financiero que es el que genera la actual crisis de la salud, además de generar información relevante para el sistema. Queremos que nos perciban y que cuando los ciudadanos acudan a nosotros vean respuestas pertinentes para hacer respetar sus derechos.

-¿Cuál es el balance que hace de su gestión al frente de la Superintendencia Nacional de Salud?

Esta es una entidad que viene en transformación y que se está fortaleciendo desde el año pasado para controlar a sus 12 mil vigilados. Ahora es más técnica y más eficaz para evitar que las situaciones negativas que se vienen presentando en el país, con relación al sistema de salud, se repitan. Tenemos un nuevo diseño institucional enfocado en una atención más inteligente y efectiva de las 50 EPS y 10 mil IPS que vigilamos. Esto quiere decir que priorizamos en una vigilancia permanente de los ingresos y los gastos de cada una de estas entidades e instituciones, de la prestación de sus servicios y de sus gobiernos corporativos.

-Concretamente, ¿qué mecanismos emplean para ser más técnicos y eficaces?

Hoy tenemos una delegada institucional que hace una mirada más general de cada entidad. Antes existía un delegado que se encargaba de analizar el tema de la salud, otro del administrativo y otro del económico y, de vez en cuando, se reunían a socializar la información. Esta nueva metodología hace que tengamos una vigilancia integral y focalizada. Además, ahora contamos con otro delegado que se encarga de hacer la gestión del riesgo, encargándose de generar las metodologías para anticipar lo que puede afectar los servicios y a la economía del sistema de salud.

-En cuanto a la protección de los ciudadanos, ¿en qué se ha avanzado desde la entidad?

Precisamente el delegado para la gestión del riesgo trabaja para ofrecer una mirada más integral de los ciudadanos. El Gobierno nacional se puso la meta a 2018 de reducir en 14 mil el número de muertes en el país por enfermedades crónicas, en mayores de 30 años, lo cual hace que ya no solo se piense en tratar la enfermedad sino en prevenirlas. Esta iniciativa reduce los costos del sistema en 25 billones de pesos. Asimismo, estamos acercando la entidad a las regiones visitando las distintas zonas y descentralizando la entidad con la apertura de oficinas en Bucaramanga, Barranquilla, Cali, Neiva y Chocó y, próximamente, en Meta San Andrés y Nariño. Queremos minimizar la vulneración de los derechos de salud, el número de atenciones no oportunas e inadecuadas y garantizar la atención a poblaciones vulnerables como niños, ancianos y pacientes con enfermedades como el cáncer.

-¿Qué servicios tienen para el ciudadano y cómo se puede quejar?

Ahora mismo tenemos el grupo de Soluciones Inmediatas en Salud, el cual funciona las 24 horas del día de cada día del años. Este se encarga de gestionar la atención en casos prioritarios. En un año hemos resuelto más de 45 mil casos con este mecanismo. Para acceder a este servicio se comunican a la línea gratuita 0180005137 00 o escriben mediante las páginas de Twitter y/o Facebook. Además se puso en funcionamiento el ‘centro de contacto’ que se constituye en una línea de información y ayuda al servicio de los ciudadanos. Allí los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud puedan plantear sus inquietudes en relación con este sistema. Es importante que sepan que hay varios mecanismos para interactuar con la entidad, pero pedimos mayor participación ciudadana por medio de las líneas telefónicas y la página web.

-¿Cuál es la lectura que hace usted del sistema de salud en la actualidad?

Cuando uno compara este sistema con el de otros países encuentra avances importantes en cobertura universal, protección financiera de los hogares y acceso a las tecnologías para atender los problemas (medicinas). Son tres bondades importantes y por eso aparecemos ranqueados en los primeros lugares. Incluso la última medición de reducción de pobreza tiene un balance positivo, e indica que la principal razón tiene que ver con el aseguramiento en salud que protege el hogar y le da la posibilidad de atender situaciones que pueden llevarlo a ser más pobres, como una enfermedad rara que requiere de una atención que demanda costos muy elevados. El gasto de bolsillo del colombiano en salud es del 14 o 15% habiendo países que llegan al 50% de pagos que salen de los hogares. A pesar de ello sabemos que tenemos muchas dificultades y lo reconocemos. Sabemos además que donde más se ha exacerbado la problemática es en el tema financiero.

- ¿Por qué se da esa “crisis” financiera en el sistema de Salud?

Primero, porque tuvimos un gasto no ordenado y no planeado de un número importante de tecnologías que no estaban incluidas en el plan de beneficios. Esto creció de manera significativa y ese gasto no tuvo como ser cubierto. Gran parte de esta tecnología son medicamentos y hemos logrado estabilizarlo de alguna manera pero atrás dejó un hueco en ambos regímenes. De otra parte, en el régimen subsidiado hubo una expansión de cobertura y la financiación de eso era producto de los gobiernos locales; sin embargo, algunas zonas no entregaron los dineros completos y se generó otro hueco fiscal. Finalmente, al ser este un sistema de aseguramiento debía contar con reglas propias del aseguramiento como son el tener patrimonios suficientes para los asegurados y generar reservas en función del número de atenciones que va haciendo. Esas reglas no estuvieron y nunca se construyeron.

-¿Cómo resolver estos problemas?

Necesitamos recursos adicionales para lo cual ya tenemos leyes como la 1438, 1608, con el fin de financiar parte de ese hueco liquidez recursos adicionales. Adicionalmente, necesitamos una operación que se cubra con los recursos que se disponen para el sistema. Finalmente, el decreto de Habilitación Financiera vuelve y pone en orden al tema de patrimonios mínimos y reservas que debe tener cada entidad, esto en un tiempo razonable de siete años, donde deben atender las obligaciones acumuladas y que esto no se vuelva a presentar en el futuro. Deben convertirse en entidades financieramente sólidas.

-¿Son las EPS las culpables de esta problemática?

No. Acá hay situaciones complejas que se presentaron en entidades territoriales, en algunas EPS y en prestadores de servicio. Hay EPS que han logrado con manejo razonable tener utilidades. Cabe mencionar que las pérdidas acumuladas de las EPS en 2014 fueron de un billón de pesos. El de toda la historia lo conoceremos en tres semanas aproximadamente.

-¿Qué va a pasar con Saludcoop?

Este es uno de los retos más importantes durante nuestros cuatro años. Esta es la EPS más importante del régimen contributivo con más de 7 millones de afiliados en el país. Llegó la hora de tomar una decisión luego de más de cuatro años y en el último trimestre daremos la solución definitiva. Ya se acaba la intervención y la ejecutaré. La determinación tiene tres temas básicos: garantía de salud a los usuarios, protección a los 30 mil empleados que se necesitan para seguir atendiendo a esa población y garantía de pago a las IPS y a los proveedores de servicios de salud.

-¿Y en el caso de Caprecom?

A nosotros nos corresponde aplicar las medidas de vigilancia especial. Ya cumplimos con sacarla de las regiones más críticas como lo son Antioquia, Risaralda, Huila y Chocó, en donde hubo un retiro tranquilo garantizando la continuidad de los servicios a los más de 300 mil afiliados en estas zonas con el traslado a otras EPS. Actualmente analizamos situaciones similares en otras regiones. Hemos también activando temas específicos de atención en las regiones, en grupos específicos como pacientes con cáncer, trasplantados y maternas, entre otros, para mitigar las problemáticas que sufren para acceder al servicio. Adicionalmente, hemos garantizado el giro directo del 85 por ciento a los hospitales, lo que garantiza la financiación de la red y control para que estas acciones se cumplan.

- Aparte de estas dos, ¿existen otras EPS en alto riesgo de colapsar?

Existen tres EPS del régimen subsidiado que están en riesgo, en el Atlántico y en la zona centro, de acuerdo con nuestro monitoreo bimensual de los tres indicadores básicos: financieros, de salud y de peticiones, quejas y reclamos.

-¿En qué quedó el tema de Salud Andina?

Cuando yo recibí la entidad le pedimos la información financiera actualizada para darle la licencia de habilitación. Luego de tres peticiones directas nunca nos dieron respuesta. Como no nos mandaron la información no la habilitamos. Posteriormente recibimos una tutela que me obligaba a habilitarla sin los requisitos mínimos. Acudimos a la Corte Constitucional que verificó y sacó un Auto que desactivó dicha acción que incluía mi arresto y el pago de una multa. En este momento la Corte estudia el caso y será ella quien tome la última decisión.

Preguntas y respuestas 

-¿Cuál es la situación del Hospital Universitario del Valle y qué se está haciendo?

Ya terminamos de hacer la auditoría y mandamos los hallazgos al Hospital. Ellos deben responder la próxima semana, y con ello tendremos el material completo para tomar una decisión final. Creo que este hospital necesita cambiar la ruta de atención y se debe especializar en un tema para que pueda sostenerse y seguir prestando los servicios. Es importante salvarlo porque es emblemático y es la escuela de los estudiantes de medicina del Valle. Necesitamos cambios importantes y el departamento es consciente de eso.

-¿Y en la Clínica Rafael Uribe Uribe?

Allí hubo una transformación institucional donde se hizo una nueva sociedad para que el operador tuviera capital de trabajo y la reactivara. Hay un problema de pagos de salarios propios de la llegada de un operador nuevo. La próxima semana ya estará funcionando con normalidad. Los estudiantes pueden estar tranquilos. El cambio tocaba hacerlo o se habría puesto en riesgo la continuidad de la clínica.

-¿Cuál es la situación en el Hospital Universitario de Santander?

Este es un caso que verdaderamente preocupa porque este es un hospital casi nuevo, el cual fue liquidado y vuelto a armar, y otra vez está en problemas. Hay que hacer un análisis juicioso de la problemática de cartera que hay allí. Intervenimos para garantizar el giro directo, conciliando para llegar a acuerdos de pago de lo viejo y emitimos una circular de prácticas indebidas porque las EPS no los dejaban radicar y prescribían estas actuaciones. Aunque este es uno de los hospitales más importantes del oriente del país, es importante mencionar que la oferta privada en Bucaramanga está en aumento.

-Y el Universitario de Cartagena…

En el Universitario de Cartagena y otros hospitales del país los venimos acompañando permanentemente. La delegada para jurisdicción viene realizando jornadas específicas para adelantar el pago de deudas de las EPS, además de realizar monitoreos especiales que han generado una mínima estabilización.

-¿Qué sucedió con la Minerva?

Esta tenía un nivel importante de contratación y flujo, ya que el Federico Lleras no prestaba muchos servicios. Cuando el Federico Lleras empezó a funcionar, la Minerva inició con los problemas. Pero en este caso lo que se dio fue una decisión empresarial. Aunque había deudas fue una decisión legítima de un inversionista que tiene la potestad de decidir dónde debe poner sus recursos.

-¿Ha cambiado de alguna forma la manera de intervenir estas instituciones?

Antes se miraba si existía un problema, se intervenía y en el camino se iban resolviendo. Hoy en día miramos si hay un problema, luego analizamos si se necesita intervenir y, en el caso de que toque, enviamos a un interventor con un plan para cumplir en un tiempo determinado, bien sea para recuperar la entidad o para liquidarla. Además, ahora vamos a cambiar el registro de los interventores, vamos a hacer una depuración y deberán calificarse y presentar un examen para seguir siendo parte de este grupo.

- Ante este panorama, ¿Cuál es el mensaje que quiere dejar la entidad?

Acá hay que tomar decisiones difíciles y los vamos a seguir tomando. Tenemos que ser creíbles y eso se da con acciones. Llevamos 45 mil millones de pesos en sanciones en lo corrido del año, comparados con los 15 mil que se contaban a la misma fecha en el 2014. Tenemos auditorías por todo el país. Escuchar a la gente es fundamental para nosotros. Queremos mandar un mensaje de esperanza al país de que todo va a mejorar progresivamente.