El 2016 será otro año álgido para las Altas Cortes, que tendrán protagonismo en asuntos cruciales para el país como el futuro de las herramientas jurídicas para implementar los acuerdos de paz y su refrendación, la polémica reforma de equilibrio de poderes y la elección del sucesor de Eduardo Montealegre en la Fiscalía General de la Nación, lo mismo que la per-manencia del procurador general, Alejandro Ordóñez, como la cabeza del Ministerio Público.

Sumado a esto están juicios claves como el del general Miguel Maza Márquez, la definición de las denuncias que hay contra el hoy senador Álvaro Uribe y el futuro de la venta de Isagén, la consolidación de la nueva institucionalidad y la eliminación ya efectiva del Consejo Superior de la Judicatura.

La puesta en marcha del Consejo de Gobierno Judicial

En 2015, tras intentos frustrados y 23 años de funcionamiento, se eliminó el Consejo Superior de la Judicatura y se creó en su reemplazo, mediante la Reforma de Equilibrio de Poderes, el Consejo de Gobierno Judicial para los asuntos de administración y la Comisión de Disciplina Judicial para llevar los procesos disciplinarios a los abogados y empleados judiciales.

No obstante, no se pudo cumplir con la expectativa de tener el primer organismo completamente conformado para enero y no se ha eliminado todavía la Sala Administrativa de la Judicatura.

De nueve miembros, cuatro están suspendidos provisionalmente mientras se estudian demandas en contra de sus elecciones y, por esto, no se ha podido elegir al gerente de la Rama.

Y sobre la Comisión, y para detalles básicos del funcionamiento de la nueva institucionalidad, aún es necesario que el Congreso tramite la ley estatutaria de la administración de Justicia y que se expida algunos decretos. Entre tanto, está detenido el reto de recuperar la imagen de la Justicia, deteriorada por un sinnúmero de escándalos; para la muestra el que enreda al renunciado presidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt.

La paz

El plebiscito y el acto legislativo por la paz tendrán su debate en la Corte Constitucional y no estarán listas para marzo próximo, cuando se espera firmar el acuerdo para la terminación del conflicto con las Farc. El primero, que buscará refrendar los acuerdos, no tiene ponente todavía, aunque se espera que tenga un trámite expedito que recorte el periodo normal de 150 días que tiene una revisión de este estilo.

No obstante, al esperado concepto negativo que rendirá la Procuraduría, el pulso interno de la Corte da cuentas mayoritarias a favor de la iniciativa, si es que no cuenta con errores insalvables de trámite que obliguen a devolverlo al Congreso. Con la iniciativa el Presidente podrá someter a consideración de los colombianos el Acuerdo Final con las Farc mediante un plebiscito, con la firma de todos los ministros. Ahora, el Acto Legislativo por la Paz, que busca herramientas para tramitar las reformas que se deriven de los acuerdos de paz, apenas va por su primera vuelta y este volvería a debatirse cuando el Congreso regrese a sus actividades.

El equilibrio de poderes

La Corte Constitucional también deberá definir si pasa la polémica reforma de Equilibrio de Poderes que no solo eliminó a la Judicatura sino también a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara, donde se lleva los procesos penales contra altos funcionarios del Estado considerados como aforados; entre ellos los magistrados de las Altas Cortes y el Fiscal General de la Nación. La norma creó un Tribunal de Aforados que todavía no tiene ley que lo desarrolle, eliminó la reelección presidencial, dio fuero al Procurador y al Defensor del Pueblo, entre otros. La Corte estudia dos demandas: una que ya tiene ponencia favorable y, otra presentada por el fiscal Eduardo Montealegre, y que promete amplio debate en el alto tribunal.

Matrimonio igualitario

Siguiendo con la Constitucional, en el primer trimestre se espera que finalmente este tribunal se pronuncie sobre la posibilidad de que las parejas del mismo sexo contraigan matrimonio, único aspecto que hace falta para considerar que hay completa igualdad para la comunidad Lgtbi.

Se trata de una tutela que podría definir si las uniones gays se harán por un contrato civil de matrimonio, que implica mismos derechos; o bien si siguen formalizándose mediante contrato innomidado que tiene el aval de la Procuraduría, pero no todas las garantías jurídicas, según lo expresan los directos afectados. El caso está en manos del polémico Jorge Pretelt, quien proyectó una ponencia negativa que podría ser derrotada por la mayoría liberal de la Corte actual.

El procurador Ordóñez

Por los lados del Consejo de Estado, el proceso más sonado es el futuro del procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado. Después de meses, casi años discutiendo impedimentos y de llenar vacantes, ya la Corporación tiene el quórum para fallar la demanda que se presentó contra su reelección, debate polémico en el que no participarán los magistrados Danilo Rojas, Jaime Orlando Santofimio, María Elizabeth García y Augusto Serrato.

El caso, que en principio le correspondía al magistrado Alberto Yepes, tuvo una ponencia a favor del Procurador y otra en contra, en medio de una polémica por el cambio de posición y por filtraciones que derivó en que el caso saliera de la Sección Quinta y pasara a Sala Plena. Ahora, el caso está en manos de la magistrada Rocío Araújo, quien deberá proyectar una nueva ponencia. Sin duda, si el Procurador sigue o no en el cargo la decisión será polémica, pues Ordóñez se ha caracterizado por sus críticas al Gobierno nacional y otros sectores lo ven como un posible candidato presidencial.

Isagén, Uribe, Maza, Ramos, Tapasco…

Otras decisiones que se esperan en las Altas Cortes son de trascendencia nacional. En el Consejo de Estado cursan dos demandas contra la venta de Isagén y se espera que en la Corte Constitucional terminen las tutelas que ya se han presentado en este mismo caso.

Entre tanto, en la Corte Suprema de Justicia seguirán su curso los juicios que van adelantados y que terminarían este año. Por un lado, el proceso que por ‘parapolítica’ se lleva en contra del exsenador y exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, quien es figura política importante del Centro Democrático y a quien hasta el momento han favorecido los testimonios entregados en audiencia pública.

Igualmente, está el juicio contra del exdirector del DAS Miguel Alfredo Maza Márquez, por su presunta responsabilidad en el magnicidio del candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento. Este juicio de trascendencia histórica llevaría a determinar la segunda responsabilidad de un alto funcionario en el crimen, ocurrido en 1989 en Soacha, esto claro, en caso de que el oficial sea encontrado responsable.

Por este homicidio, valga decir, se adelantan también en juzgados de Bogotá los juicios contra el coronel (r) de la Policía, Manuel Antonio González Henríquez, quien el día del homicidio de Galán se desempeñaba como jefe de la Oficina de la División de Orden Público del DAS, y del mayor (r) Luis Felipe Montilla Barbosa, quien era comandante de la Policía en Soacha.

En manos de la Corte Suprema de Justicia también está la indagación preliminar que se adelanta al senador Álvaro Uribe Vélez por supuestos vínculos con el hacker Andrés Fernando Sepúlveda, condenado por las interceptaciones ilegales de las que fueron víctimas los negociadores del proceso de paz. La Corte analiza si Uribe Vélez tuvo conocimiento de dichas actuaciones ilegales, como lo aseguró Sepúlveda en declaraciones públicas.

Finalmente, otro caso de interés nacional que estudia la Corte es la demanda de casación que interpuso la defensa del político Ferney Tapasco a fin de ‘tumbar’ la condena de 36 años de prisión que le impuso el Tribunal Superior de Manizales por el homicidio de Orlando Sierra, subdirector del periódico La Patria. De acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).

“El asesinato de Sierra es el primer caso en Colombia en el que la cadena criminal, desde los autores materiales hasta los intelectuales, es condenada por la justicia”.

Montealegre y su sucesor 

El próximo 28 de marzo, el fiscal Eduardo Montealegre dejará su cargo por cumplimiento de periodo. El presidente Juan Manuel Santos deberá presentar una terna a la Corte Suprema de Justicia para escoger su reemplazo. El inconveniente para elegir al nuevo jefe de la Fiscalía para los primeros años, tras la eventual firma de paz, es garantizar una pronta votación mayoritaria, que permita tener lo más rápido posible el nombre del sucesor.

Esto obedece a que la Corte tendrá para esa fecha siente vacantes que suplir, por lo que apenas quedarían los 16 votos que se requieren como mínimo para que el humo blanco en el caso del Fiscal se vea. Es decir, que el candidato que gane tendría que hacerlo por unanimidad. Ahora bien, es claro además que la falta de magistrados podría paralizar el funcionamiento de la Corporación y provocar de nuevo la interinidad en la Fiscalía a manos del actual vicefiscal Jorge Fernando Perdomo.

El caso Pretelt

El controvertido magistrado Jorge Ignacio Pretelt corre el riesgo de ser el primer magistrado de una alta corte que sea suspendido de su cargo y enfrentar un juicio por indignidad ante el Senado. Ya fue acusado por la Cámara de Representantes por concusión, por el caso de un supuesto pago millonario para fallar un proceso en favor de Fidupetrol, y en caso de que la acusación sea aceptada por el Senado, será suspendido de forma inmediata.

Esto implicaría la designación de un magistrado en calidad de encargado para ocupar su silla en la Corte Constitucional.