Lo que se quiere, según el Gobierno, es revivir tres herramientas que se quitaron cuando en 2010 se hizo la última reforma a esta ley y que daban la posibilidad de crear zonas de ubicación temporal para facilitar el proceso de dejación de armas; suspender en esas zonas la ejecución de las órdenes de captura mientras dejan las armas y dar órdenes de localización a la fuerza pública.

Esas zonas de ubicación serán los espacios a donde llegarán los guerrilleros que están en proceso de desmovilización y reinserción a la vida civil. La preocupación de varios sectores es que sean similares a las antiguas zonas de distensión, lo que según el gobierno es falso, pues éstas serán transitorias y no se establecerán para llevar a cabo las negociaciones, que fue lo que se hizo en San Vicente del Caguán y Santa Fe de Ralito.

Con el segundo punto concerniente a levantar las órdenes de captura, se teme que dentro de las personas que serán beneficiadas con las suspensión se colen quienes no procedan de la guerrilla.

En este proyecto se establece que las Farc o cualquier grupo armado que esté en proceso de paz, entregará la lista de sus combatientes al Alto Comisionado para la Paz, pero que esta dependencia tendrá que verificar que efectivamente todos procedan de la guerrilla que se desmovilizará.

Y por último, pero no menos importante, si es aprobado el proyecto tal y como está establecido, quedaría por ley que se deben crear mecanismos de verificación y monitoreo para el proceso de dejación de armas y que serán organismos internacionales quienes se encarguen de la administración, registro, control, destrucción o disposición final del armamento que entregaría el grupo guerrillero.