El 7 de agosto de 2018, cuando Juan Manuel Santos esté terminando su mandato presidencial de ocho años, serán muchas las frases que la historia le juzgará. Una de ellas la dijo el 11 de junio de 2011 cuando en la Casa de Nariño y en presencia del Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, sancionó la Ley de Víctimas.

“Aquí estamos reunidos para decir ante el país y ante el más alto testigo de la comunidad internacional que valió la pena, valió la pena haber llegado a la Presidencia de la República”, manifestó el jefe del Estado al defender el alcance de esa novedosa ley, la cual tiene al 9 de abril de cada año como el día emblemático en que se recuerda a todas las víctimas del conflicto.

Esa ley marcó un punto de partido en el país sobre la atención y reparación a los millones de víctimas que ha dejado la violencia, asistencia que hasta ese año no era atendida de lleno por el Gobierno Nacional, y mucho menos por los Gobernadores y Alcaldes.

La nueva legislación le permitió al país entender que el problema de la violencia no sólo era de miles de desplazados que mes a mes llegaban a las grandes urbes. Por el contrario se convirtió en una política de Estado y que además tiene en la Corte Constitucional su más fuerte defensor que por medio de varias sentencias ha obligado al Estado a atender a estos colombianos.

Y contrario a otras leyes, está fijó un plazo de diez años y con metas concretas que el Ejecutivo cumpla con restituir a las víctimas. Hoy cuando ya se camina por el quinto año de aplicación hay muchos claros y oscuros sobre el cumplimiento de la misma.

Se ha hecho, pero falta

Una funcionaria que ha estado al frente de todo este proceso es Paula Gaviria, quien ocupa la Dirección de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, labor que relativamente la tuvo que arrancar de ceros ante la falta de una verdadera institucionalidad que trabajara de forma unificada la tragedia social de los desplazados por la violencia.

Al llegar al quinquenio de la ley, Gaviria asegura satisfecha que hoy el país tiene una información completa de cuántas son las víctimas en el país, y que la reparación prevista por el Gobierno ya comenzó aunque es mucho lo que falta en las metas presupuestadas.

“Hoy está la institucionalid, son 52 entidades que están articuladas en el Sistema Nacional de Víctimas, son más de mil mesas de víctimas trabajando de la mano de instituciones territoriales en política de víctimas, 140 puntos de atención que atienden a las víctimas, casi 20 mil diarias, 18 centros regionales que son la estructura mucho más grande”, explica la directora.

En cifras de atención, Paula Gaviria señala que ya se ha asistido a más de cinco millones de personas, en los diferentes servicios y ayuda humanitaria, mientras que en reparación “hemos logrado llegar a 590 mil víctimas del conflicto”.

Lo dicho por Gaviria es cierto, además de que ya existe una institucionalidad y los fallos de la Corte Constitucional a favor de los desplazados, el país ha empezado a entender que el lastre de la violencia se debe reparar pese a que la gran mayoría de los colombianos no han sido víctimas directas.

“Creo que hay un tramo por recorrer, que el país asuma que esto tiene que ver con todos. Un 14 % de la población fue víctima pero un 86% no se ha visto afectado”, plantea Gaviria al analizar que cada vez se entiende mejor la problemática.

Desde ese año 2011 cuando entró en vigencia la ley se empezó a hablar de costo real de esa nueva legislación. En principio se habló de que serían más de 10 billones de pesos, pero posteriormente el Gobierno en un replanteamiento incluyó en una cifra redonda todas las asistencias que se le hacen a esta población.

“Una proyección inicial en 2011 fue de 4.5 millones de víctimas, el universo hoy con corte a marzo es de 7.8 millones, la proyección inicial fue de 55 billones de pesos, de los cuales ya se han invertido casi 35 billones de pesos”, explica la Directora de la Unidad de Víctimas.

Una visión crítica a este planteamiento oficial lo hace el director de la Fundación Forjando Futuros, Gerardo Vega, quien considera que los alcances de la ley son muy buenos, pero que realmente se han quedado cortos en el cumplimiento y cubrimiento de las víctimas.

Vega, incluso, recuerda lo dicho por el exjuez español Baltazar Garzón cuando analizó la ley de víctimas de Colombia, y consideró que de cumplirse sería un mecanismo ideal para la reparación, pero que si se incumple será una tragedia peor a lo que se vive.

Frente a la realidad del momento la directora de la Unidad de Víctimas señala que “las expectativas siguen siendo más grandes que las respuestas que nosotros logramos dar a tiempo, aún hay muchas víctimas”.

Restitución, asignatura perdida 

Si bien la asistencia a las víctimas el Gobierno la ha empezado a cumplir en sus distintos campos, el tema que se ha convertido en un verdadero problema es el referente a la restitución de las tierras de los reclamantes.

Para avanzar en ese propósito el Ejecutivo logró crear una estructura judicial transitoria para que jueces especiales de tierras definan los procesos, pero aunque llevan un poco más de cuatro años es muy poco lo que han podido definir.

Cifras en concreto fueron entregadas en un informe por las Fundaciones Forjando Futuros y Paz y Reconciliación, las cuales desde el primer momento en que entró en vigencia la normatividad de restitución de tierras se han dedicado a hacerle seguimiento.

El informe dice que al inicio de abril se habían presentado 87.118 solicitudes, de las cuales 2.943 han sido resueltas para un total de 1.500 sentencias.

El balance de estas fundaciones a la restitución muestra que Córdoba es donde más solicitudes judiciales se han resuelto, 691 de 3.094 que fueron presentadas. En otros departamentos la tendencia es similar, muy poco se avanza, por ejemplo en el Valle van 311 de las 3.126; Nariño con 346 de 5.100; Tolima con 362 de 5.857 y Bolívar con 163 de 6.157.

Lo preocupante, según el informe, es que en Bogotá, Atlántico, Boyacá, Chocó, Vichada, Vaupés, Risaralda, Quindío, La Guajira, Huila, Casanare, entre otros, no ha habido ni una sola restitución en los más de cuatro años de vigencia de la ley.

Sumado a la demora el proceso judicial, a la restitución de tierras le ronda un nuevo problema, se trata de las trabas que salen de distintos lados para impedir que la normatividad pueda avanzar.

El analista León Valencia asegura que uno de los grandes opositores es el propio procurador General, Alejandro Ordóñez, de quien aseguró promovió un acto publico, con más de dos mil campesinos, en contra de la restitución en el municipio de San Angel, en Magdalena, región que fue emblemática por el poder territorial y armado que tuvo el paramilitar ‘Jorge 40’.

Valencia y otros defensores de la restitución ven en la representante a la Cámara por el Centro Democrático María Fernanda Cabal, a una enemiga más de la ley.

“María Fernanda Cabal, esposa de José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan, tiene un programa que se llama ‘La Vaquita por La Paz’; resulta que están utilizando este programa en Urabá para hablar con reclamantes, para hacerlos desistir de sus reclamaciones y para acusar a las organizaciones de víctimas que han trabajado por la restitución de tierras, hay una ofensiva de la derecha en territorios claves de la restitución como es Urabá y como es el Magdalena”, señaló Valencia.

El balance dado por estas fundaciones incluso cita a cinco personas y algunas empresas que desde el punto judicial se han declarado como opositores a esa eventual devolución de las tierras.

Entre los civiles figuran Hever Walter Alonso, Grabiel Jaime Vásquez, Gloria Henao, Gerardo Escobar y Miguel Ríos, quienes han reclamado en cerca de 400 procesos de las 1.500 sentencias resueltas. En el grupo de las empresas citan a Argos, Continental Gold, Exploraciones Chocó, Anglogold Ashanti Colombia, Sociedad Agropecuaria Carmen de Bolívar e Inversiones Futuro Verde, entre otros.

La expectativa de paz 

Esta quinta conmemoración del Día de las Víctimas se da en momentos que como nunca antes se había visto en el país, la negociación de dos procesos de paz con las guerrillas de las Farc y el ELN, los cuales tienen amplias posibilidades de llevar a que la terminación del conflicto sea una realidad.

Pese a ese momento especial, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) advierte que “en honor a las víctimas es imperativo también afirmar que lamentablemente las violaciones a los derechos humanos de muchos ciudadanos y ciudadanas en algunas regiones no cesan aún, y por el contrario, se profundizan situaciones recurrentes que vienen afectando a comunidades enteras después de años y años.

Un caso puntual es lo que pasa en las zonas ribereñas del río Baudó, en Chocó, en regiones de Tumaco en Nariño, donde entre enero y marzo como resultado de enfrentamientos entre grupos armados organizados en las dos zonas, más de 1200 personas han sido forzadas a desplazarse.

Acnur, igualmente, expresó su preocupación porque en este momento de expectativa creciente de paz en Colombia toman vuelo las acciones violentas contra líderes de derechos humanos y de restitución en las regiones.

“En medio de una arremetida preocupante de homicidios contra líderes comunitarios, reclamantes de tierras, defensores de derechos humanos, autoridades y líderes indígenas y afrocolombianos, Acnur hace un llamado especial a superar las causas profundas del desplazamiento forzado en las regiones que aún en medio de las negociaciones de paz siguen sufriendo las amenazas de actores armados ilegales y de otras múltiples faltas de garantía a sus derechos básicos, entre ellas las violencias de género”, señaló el organismo.

El director de Paz y Reconciliación, León Valencia, sostiene que es preocupante el silencio que ha mantenido el Gobierno Nacional en los últimos días ante la muerte de estos líderes regionales. Recordó las amenazas a una de las mujeres más emblemáticas en la lucha por los derechos de los desplazados y la restitución, Carmen Palencia, ante la falta de garantías para realizar su labor social y comunitaria.

El camino para cumplir la real atención y reparación de las víctimas aún no vislumbra estar cercano a su final, por el contrario son muchos los baches que el Gobierno Nacional deberá suplir para cumplir con la Ley de Víctimas de 2011.