Con la aprobación del principio de oportunidad al representante legal de la empresa Casamotor, Adolfo Castillo, y a su contador Deibin Rojas, la familia tolimense Alvarado, a través de su abogado, Alejandro Carranza, aseguró a EL NUEVO DÍA que acudirá a un juez constitucional, y solicitará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) medidas de protección, por considerar que la justicia colombiana la está revictimizando.

Carranza aseguró que en el proceso en que los socios de Móvil Gas Ltda. y las estaciones de servicio Alvarado Rico han sido víctimas, se habrían generado irregularidades en beneficio de Castillo y Rojas, quienes han pasado a ser testigos, mediante un acuerdo con la Fiscalía, que varias de las víctimas desconocían; pero aún así acordó que a cambio de información no serían investigados, ni tendrían antecedentes penales por este caso, y que a manera de compensación entregarían 250 millones de pesos.

El caso

En 2006 la familia Alvarado fue acusada por el guerrillero ‘Olivo Saldaña’ de lavar dinero a las Farc, por lo tanto en 2010 la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) embargó varios de sus bienes, entre estos 15 estaciones de servicio, pero luego se determinaron algunas irregularidades que dejaron sin piso la extinción de dominio, reconociendo así que se habría tratado de un error, lo que posteriormente produjo varias capturas, y se inició una investigación contra los directivos de Casamotor, entidad que de manera irregular se le habría nombrado depositaria de la red de estaciones.

Además, la DNE habría autorizado un contrato para el arrendamiento de las estaciones a Casamotor por cinco años, y a pesar de que las gasolineras generaban ganancias cercanas a los 800 millones de pesos por mes, a la DNE por el canon de arrendamiento sólo le llegaban aproximadamente $84 millones. Pero al determinarse el error tuvieron que concluir el contrato, y devolver las estaciones.

Esto hizo que se conocieran algunas irregularidades, por lo tanto se ordenó la captura a Castillo en marzo de 2015 y con vigencia de un año; pero el día que supuestamente le iban a dar medida de aseguramiento, el empresario de Casamotor no asistió, y salió del país, para estar 17 meses en Estados Unidos. Fue hasta agosto de este año que lo detuvieron en el aeropuerto Eldorado, al llegar de Miami, ya que venía adelantando acuerdos con la Fiscalía para obtener el principio de oportunidad.

“Las víctimas acudimos innumerablemente a los jueces para exigir que se expidiera la Circular Roja, y la Sala Penal de Bogotá ordenó a la Fiscalía que hiciera la audiencia para ese fin, los abogados de Adolfo Castillo tuvieron impedimentos y no asistieron, por lo tanto no se emitió, y luego el señor Castillo regresó al país porque habían hecho de manera oculta, oscura, tapada, callada y desleal un principio de oportunidad con el exfiscal (e) Jorge Perdomo, quien dejó firmado el principio de oportunidad”, aseguró Carranza.

Los dineros

La familia Alvarado ha considerado que los 250 millones de pesos que entregarían Castillo y Rojas en manera de indemnización no serían suficientes, ya que Casamotor interpuso una demanda contra el Estado por 17 mil millones de pesos, para reclamar los ingresos que habrían dejado de percibir con la cancelación del contrato de cinco años otorgado para la administración de las estaciones de servicio.

“Ellos en su propia demanda reconocen que alcanzaron a recibir $9 mil millones, pero es curioso que se les dé un principio de oportunidad por $250 millones para reparar a las víctimas, a sabiendas de que ganaron en delito $9 mil, y que paralelamente en Villavicencio ante el Tribunal Administrativo del Meta, tienen demandado al Estado por $17 mil millones. Aquí hay algo muy extraño”, afirmó el abogado.

Y complementó: “Es injusto que Casamotor en 2011 estuviera en el ranking de las empresas con más éxito en el país por sus ingresos, ocupando el puesto 101 según la revista Semana, pero luego de tener las estaciones irregularmente dejó de estar en esos lugares, siendo una empresa dedicada a la distribución de combustible que al parecer quería abrirse espacio de una manera rápida e ilegal con bienes ajenos”.

Carranza también afirmó que Casamotor estaría debiendo en sobretasa cerca de $10 mil millones a varios municipios, y por esto, tendría medidas cautelares preventivas, además estaría tratando de vender sus activos; por lo tanto, consideró que no sólo se está afectando los derechos al debido proceso, sino también apoyando a una firma que habría hecho daño al país.

El acuerdo

Según el abogado, ni sus apoderado, Móvil Gas Ltda., ni una de las socias, la señora Marina Rico Narváez, conocieron del principio de oportunidad, ya que el 13 de junio citaron a los a bogados a una reunión con la Fiscalía a la que asistió Javier Ricardo, abogado de Estaciones de Servicio Alvarado Rico, haciéndose mención de la negociación que se estaba gestando con Adolfo Castillo, pero dieron por hecho que la información se trasladó a las demás víctimas, sin hacerlo de manera directa, ni escuchándolos si estaban o no de acuerdo.

El 21 de julio se anunció que los empresarios de Casamotor habían llegado a la concertación con la Fiscalía de hacer entrega de los $250 millones, y brindar información en la que se relacionaría a David Francisco Neira Barreto, Óscar Buitrago Londoño, Antonio José Carvajal y Eladio Borrero Arce, estos serían algunos nombres que también han sido relacionados con el supuesto caso de corrupción en la DNE, en el que se habría atendido favor políticos de congresistas.

Las víctimas expusieron sus quejas en la primera instancia que negó el principio de oportunidad; pero la Fiscalía, el pasado 12 de septiembre, pidió en segunda instancia que se aprobara la negociación por considerar que no solo se podría entregar información valiosa contra Neira Barreto, quien al parecer habría sido el enlace de los políticos con la DNE, sino que se conocería el ‘modus operandi’ de triangulación.

Aunque para Carranza, no se podría garantizar que los testimonios logren judicializaciones o llegar a congresistas, ya que la información estaría relacionada con unos pagos que se le habrían hecho a Neira, por medio de la empresa ‘Servimos’ que al parecer su representante legal sería pariente del abogado Jaime Lombana, apoderado de Rojas y Castillo.

“La empresa podría decir que s e d edica a cambiar títulos valores y que no hay algún delito en ellos. También están Antonio Carvajal y Óscar Buitrago, representantes legales de una empresa de papel (Petroquality), que, a pesar de las pruebas, no se han judicializado. Además, Camilo Bula y Ómar Figueroa ya suministraron información”.

El apoderado de los Alvarado también aseguró que la Fiscalía ha solicitado acciones disciplinarias ante el Consejo Superior de la Judicatura, contra algunos abogados de las víctimas, porque supuestamente habrían dado aviso a uno de los procesados de Petroquality que lo iban a detener, pero asegura que realmente lo que ocurrió fue un mal procedimiento de la Fiscalía, al impartir un allanamiento sin orden de un juez.

Las acciones

La familia Alvarado, con sus socios y abogados, viajará a Washington para solicitar de manera personal, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las medidas cautelares al principio de oportunidad, por considerar que no les fueron respetados sus derechos, y esperan que antes de finalizar el año la entidad internacional ordene la suspensión de la medida.

Carranza indicó: “Espero que antes de terminar este semestre hayamos logrado anularlo, por la gran violación al debido proceso, por los delitos que se cometieron al legalizar ese principio de oportunidad, pues la juez de segunda instancia al parecer fue inducida al error gravemente por la Fiscalía; además tememos por la seguridad jurídica de todos, ya al paso que vamos, estamos esperando a cuál de todos nos toca una imputación de la Fiscalía por cualquier razón, en una retaliación, porque es claro que no se está protegiendo a las víctimas”.