El llamado de atención ocurrió en Ginebra (Suiza), donde la delegación de Colombia entregó el séptimo informe sobre la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los pasados 19 y 20 de octubre.

Este reporte fue cuestionado por los expertos que integran el Comité debido a la falta de información precisa sobre denuncias, investigaciones y procesos con sentencia, la libertad de expresión, la protección a los periodistas y a los líderes sociales, por solo mencionar algunos casos.

Fueron dos escenarios distintos. Uno en el cual Colombia soportó un informe que había sido entregado para examen de la ONU en 2014 y sobre el que el organismo hizo preguntas que fueron remitidas en agosto.

Luego, hubo una sesión de preguntas ante los integrantes de la delegación, que fue escenario de fuertes críticas. A esto se suman informes alternos al del Gobierno realizados por diversas organizaciones sociales que ‘rajan’ al país en el avance de derechos humanos.

¿Qué críticas hizo el comité?

Uno de sus integrantes, Víctor Rodríguez Rescia, cuestionó por el avance de los procesos de justicia a los paramilitares y la efectiva reparación a sus víctimas, así como la extradición de algunos, la lentitud del proceso de restitución de tierras, el presupuesto para esta tarea y la protección a la vida de los habitantes en zonas de conflicto.

De hecho, aseguró que “hay dos colombias, una en Bogotá, donde sí se cumplen los mandatos de la Ley y la Corte Constitucional, y otra en las regionales, donde las mismas leyes parecen no aplicar”.

El Comité, igualmente, consideró que pareciera que hubiera personas invisibles para el Estado, en tanto que llamó la atención sobre los casos particulares de Buenaventura y Tumaco, por presencia de bandas criminales y de campesinos que podrían estar siendo forzados a participar en el programa de erradicación de cultivos, teniendo en cuenta el riesgo de la actividad.

La demora en las investigaciones y la forma como se priorizan delitos, según el programa que ha desarrollado la Fiscalía, no tiene hasta el momento una medición real, por lo que se requirió por información precisa y no generalizada.

Además, hubo una preocupación manifiesta por si el Estado estaría incurriendo en violación de la privacidad al recopilar data y metadata, por la supuesta falta de control de bases de datos y por las amplias facultades de monitoreo que se le estaría dando a las autoridades con el nuevo Código de Policía, por ejemplo.

Sin duda, el reclamo por la impunidad fue el más insistente entre los comisionados que citaron los reportes de las organizaciones sociales como Somos Defensores, que en su reporte más reciente aseguró que entre julio y septiembre de 2016 se registraron 63 agresiones individuales contra defensores: 38 amenazas, 19 asesinatos, cinco atentados y un hurto de información. De estos, los paramilitares serían responsables en 15 casos, la Fuerza Pública en cuatro, el ELN en uno y de los otros 43 no hay información todavía.

El Comité citó el incremento reciente de las amenazas a los defensores de derechos humanos y los precarios resultados y resaltó que la Unidad Nacional de Protección protege actualmente a 6.500 personas.

Ante el llamado de atención, la Alta Consejera de los Derechos Humanos, Paula Gaviria, reconoció que el combate de la impunidad es el gran reto para el país. “Hay una reforma que se ha venido dando en la Fiscalía en materia de investigaciones y hay avances significativos, pero el Comité pide mantener los esfuerzos y lo ve como un gran desafío del Gobierno”.

Pero, no todo es malo. El reporte del Gobierno evidencia apropiación de una cultura de derechos humanos en el país y avance en la atención a la población desplazada, así como de la indemnización a 600 mil personas. Esto, teniendo en cuenta que hay ocho millones de víctimas registradas, de las que 6,8 millones lo son por desplazamiento. De estas, 1.504 son de la comunidad Lgbti, 170 mil 398 son indígenas y 69 mil 473 son afrocolombianos.

Gaviria también resaltó la decisión del Gobierno para salir del conflicto armado por el diálogo. Dijo que la manera óptima de asegurar un mejor panorama en derechos humanos es avanzar hacia la paz: “Nuestro sueño es que haya una sola Colombia en paz, una paz con derechos humanos, una paz sin impunidad y una paz con diversidad”.

¿Qué dicen las cifras del Gobierno?

El informe del Gobierno revela una situación preocupante, aunque también pone de presente el avance en el reconocimiento de estos hechos de manera transparente. Por ejemplo, se señala que del 1 de noviembre de 2014 al 2 de junio de 2016 se instauraron 528 denuncias penales por racismo o discriminación.

Sobre los procesos por homicidio adelantados a integrantes de la Fuerza Pública se reportaron tres mil 348 casos, que abarcan a 7.567 víctimas y a mil 199 condenados. De estos procesos, al menos dos mil 154 son de los llamados ‘falsos positivos’.

Sobre la situación carcelaria se indicó que Colombia tiene una capacidad para tener presas a 78 mil 181 personas y que hay 122 mil 16. De estas, 43 mil 944 son sindicadas, es decir, el 36,01 %. Acá se resaltó que el Inpec adoptó medidas para el respeto a las personas Lgbti y a la población indígena privada.

Hay 127 registros por malos tratos a presos entre 2013 y 2016 y 42 sanciones a los funcionarios del Inpec implicados, así como el inicio de once investigaciones disciplinarias contra integrantes de la Policía por privaciones ilegal de la libertad. De estas, dos están aún vigentes, cuatro han terminado en el archivo de la investigación, uno en absolución, tres en suspensión y una en destitución.

Sobre Justicia y Paz, se reseñó la emisión de 36 macrosentencias condenatorias, dedicadas a cuatro mil 983 hechos punibles de que los que fueron víctimas 30 mil 955 personas y responsables 160 postulados.

Sobre la trata de personas, el informe se limita a decir que durante 2015 y hasta el 3 de junio de 2016 se han reportado 95 casos de víctimas directas que han sido atendidas, sin especificar cómo han avanzado los procesos penales respectivos.

En materia de violencia sexual en el marco del conflicto, el Gobierno hizo referencia a 176 casos que la Corte Constitucional priorizó en un auto reservado: en 30 ya hay sentencias, de las que 16 fueron condenatorias por delitos de violencia sexual, doce fueron condenatorias por delitos distintos de violencia sexual y dos fueron absolutorias.

En 71 investigaciones hubo archivo, en 12 se precluyó la indagación, en tres hay escrito de acusación, tres están en verificación y una está siendo tramitada bajo la jurisdicción indígena.

En materia de restitución de tierras se cuenta con 192 mil hectáreas restituidas correspondientes a 12 mil 700 casos sometidos ante los jueces de restitución de tierras.

EL INFORME ALTERNO

El informe publicado por la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos señala que la vulneración de derechos humanos persiste con fuerza y que la normatividad existente no ha sido implementada de forma adecuada. En especial se señala que no se ha avanzado significativamente frente a las recomendaciones priorizadas por la ONU hace cinco años sobre Justicia y Paz, ejecución extrajudicial e interceptaciones de comunicación.

Por eso recomiendan que se tome medidas para agilizar los procesos a paramilitares, que se deroguen las disposiciones que criminalizan el ejercicio de la protesta y que asegure el derecho a la reparación integral de las víctimas por la vía judicial y no excluya a quienes ya hayan accedido a reparación por vía administrativa.

¿QUÉ DICE COLOMBIA DIVERSA?

De acuerdo con la organización que promueve los derechos de la comunidad Lgbti, entre 2012 y 2015 fueron asesinadas 405 personas, siendo 2015 el año con más casos: 110 en comparación con los 94 de 2012, los 104 de 2013 y los 97 de 2014. Del total de homicidios, 162 de las víctimas fueron registradas como hombres gais. 

Otras 120 fueron personas trans, de las que 119 tenían identidad femenina y una, identidad masculina. 22 eran mujeres lesbianas y 13 fueron identificadas como personas bisexuales. Por último, no fue posible establecer la orientación sexual o identidad de género específica de 88 de las víctimas, aunque las fuentes las reportaron bajo la categoría Lgbti.

De acuerdo con el reporte entregado a la ONU, la mayoría de las investigaciones penales por estos crímenes no ha avanzado: para finales de junio del presente año, 206 continuaban en etapa de indagación, 13 fueron archivadas, tres finalizaron con preclusión y dos con la absolución de las personas imputadas. Sólo 29 avanzaron a juicio y en 15 casos fueron condenados los responsables.

En el reporte se asegura que la Policía criminaliza a las personas Lgbti más excluidas y sobre todo a las personas trans, pues entre 2012 y 2015, se registraron 321 hechos de violencia.

¿QUÉ DICE EL INFORME DE LA FLIP?

Durante 2015 la Fundación para la Libertad de Prensa registró 147 agresiones directas contra la prensa en Colombia, con un total de 232 víctimas, de las que 77 sufrieron amenazas. Entre enero de 2012 y abril de 2016 se presentaron 603 agresiones contra periodistas. Los autores que más atentaron contra la prensa fueron funcionarios públicos y políticos, particulares, la Fuerza Pública, los grupos criminales o reductos de paramilitares, los grupos guerrilleros y la delincuencia común.

Sobre impunidad, se tiene que de los 153 asesinatos hoy solo se cuenta con cuatro condenas para los autores intelectuales. Respecto de las amenazas, solo se conoce una condena contra autores materiales o determinadores.