“El proyecto tiene por objetivo conocer las condiciones económicas y laborales en que están tanto los medios como los periodistas, y cómo éstas influyen en el ejercicio periodístico y en la libertad de expresión de las regiones”, señaló la Flip.

En esta primera etapa se muestran los resultados de los departamentos de Guaviare, Putumayo, Chocó, Casanare, Cauca y Caquetá, y las Subregiones de Bajo Cauca y Catatumbo, donde se evidencia una restricción alta a la información, ya que de 141 municipios estudiados, 92 presentan esta problemática.

Para esta población que reside allí, es decir más de 1.730.861 personas, la principal dificultad es poder acceder a la información local, pues en el 65 % no existen medios de comunicación, o si existen, no cubren todo el territorio y no tienen contenidos con esta información local.

Cauca y Chocó son los departamentos donde esta problemática se ve con mayor frecuencia, pues en el primero, según los estudios adelantados por la Flip, hay 24 municipios, de los 42 en estudio, con restricción alta; mientras que en el segundo, hay 23 de los 30 municipios en esta condición.

A la restricción de la información se suman las condiciones laborales, donde de los 249 medios, sin incluir medios públicos y de la Fuerza Pública, el 50%, es decir 123, operan bajo la modalidad de cupos publicitarios, siendo uno de los principales problemas en la independencia de los periodistas.

Además, resaltó que en 67 medios los periodistas ganan en promedio menos de un salario mínimo mensual legal vigente, es decir menos de 689.455 pesos; mientras que solamente 43, de los mismos 249, reciben más de esta cifra por su trabajo.

El estudio reveló que la dependencia que tienen los medios de comunicación frente a la publicidad oficial varía según el departamento. Por ejemplo, en Chocó, Casanare y Cauca las emisoras comunitarias reciben, en promedio, el 40% de sus ingresos de esta.

Pero se debe tener en cuenta que, en promedio, las emisoras comunitarias representan el 20% del total de los medios de comunicación en las regiones investigadas. En Putumayo y Catatumbo, por ejemplo, tres de ocho emisoras comunitarias son propiedad de las parroquias.

Allí, la mayoría de estas emisoras se “autoimponen” el silencio frente a temas relacionados con el conflicto, corrupción y orden público, y prefieren informar sobre noticias más “positivas”.

De la muestra total de medios de comunicación, el 7%, es decir cerca de 22, son radios públicas -sin contar las de la Fuerza Pública: Cinco de universidades, tres de otras instituciones educativas, tres de Radio Televisión Nacional de Colombia. Una de la Alcaldía de Popayán, una de la gobernación de Yopal y nueve emisoras indígenas. En el Cauca solo existe un medio público.

En los municipios de Miraflores y Calamar, en Guaviare; Caloto, Guapi y Miranda, en Cauca; Solano, en Caquetá; y en El Bagre, en Bajo Cauca, la única emisora que existe es la de la Fuerza Pública. En estas regiones hay 27 emisoras: 17 del Ejército, 7 de la Policía y 3 de la Armada.

Estas emisoras alcanzan a cubrir hasta 400 kilómetros, mientras que las comunitarias cubren en promedio 10 kilómetros.