Las zonas veredales transitorias siguen adecuándose para que las Farc ingresen a más tardar el 31 de enero y se empiece con todo el proceso de dejación de armas. Es una tarea nada fácil que está coordinando Carlos Córdaba, gerente de las zonas.

Él mismo señala las difucultades que tienen, no solo por los accesos a las zonas escogidas sino también por la incertidumbre que se maneja respecto de cuántos son exactamente los miembros de las Farc, ya que por el momento se está trabajando solo con base en cálculos, lo que dificulta la planeación de las acciones a emprender y del presupuesto.

Sin embargo, señala que ya hay 22 zonas con avances de áreas comunes y que la última reunión que se efectuó con el Secretariado de las Farc sirvió para generar acuerdos que permitan seguir con la movilización de las unidades guerrilleras y que estas personas trabajen en sus propios alojamientos, independientemente de si el Gobierno ha terminado todas sus intervenciones o no.

El 31 de enero todos los integrantes de las Farc deben estar en las zonas veredales de normalización. ¿Cómo avanza la adecuación?

Hoy tenemos obras de zonas comunes avanzando en 22 de las zonas. Estamos haciendo unas construcciones para que vivan de 150 a 700 personas en estos campamentos que requieren de complejidades importantes en servicios públicos básicos: energía, agua potable, alcantarillado, pozos sépticos, campos de filtración, etc.

De las 22 zonas varias ya están en 90 % de la adecuación, pero en otras estamos en 10 %, dadas las dificultades.

¿Cuáles son esas dificultades?

La primera es que estas construcciones demoran meses, pero estamos realmente contra el reloj. La segunda es que estamos en unos terrenos en los que 80 % tiene fijación muy grande de centros poblados con carreteras muy complejas para llegar o con vías fluviales.

Adicional, varios terrenos tienen relieve que nos obliga a hacer terrazas, no todos son como Mesetas o el Yarí, que son planicies, sino la gran mayoría son como donde estaban las Farc, que son montañas. También, las demoras tienen que ver con el arrendamiento en los predios.

¿Cuáles son esas zonas en las que se ha avanzado solo 10 %?

Por ejemplo, en Vistahermosa en la Cooperativa; en el Yarí; en La Fila, en Icononzo; en el Oso; en Filipinas; esos contratos de arrendamiento los firmamos el miércoles de la semana pasada, los ingenieros entraron a hacer topografía el jueves o viernes, y la maquinaria entró el fin de semana. Estamos con adecuación de terrenos y de inmediato entramos con la construcción de zonas comunes.

Además debemos generar la menor afectación posible a la población vecina. Concertar, por ejemplo dónde ponemos el pozo séptico. El acuerdo es que las Farc, independientemente del avance de zonas comunes, se trasladan para ayudar a construir los alojamientos.

Es decir que ya no se esperaría a la terminación de las zonas comunes, como se había acordado anteriormente...

Sí. Hay unas cosas básicas que debemos garantizar, pero las Farc pueden pasar a hacer sus alojamientos así no hayamos construido la bodega de materiales, la biblioteca y la cancha de deportes. No se podrían pasar si no hay baños, por ejemplo, pero hay unas cosas en las que pueden comenzar a trabajar de manera paralela.

Eso garantizaría también la terminación completa de las zonas...

Es lo que estamos viendo ahorita: ellos entran a construir los alojamientos y van a decir cuándo están listos; pueden decir que en tres meses. Es también como pasar el balón a la cancha de las Farc.

¿La construcción de alojamientos reduce en algo la pena restaurativa que tendrán que cumplir?

No, eso es algo que habían dicho las Farc, pero eso no está establecido.

 ¿Específicamente, cuáles son las zonas más avanzadas?

En Antioquia, El Carmen; La Plancha, en Anorí; Carrisal, en Remedios, y Vidri, en Vigía del Fuerte. En Arauca, Filipinas, en Arauquita. En Cauca, Los Monos, en Caldono; La Elvira, en Buenos Aires, y Monte Redondo, en Miranda. En Cesar, San José de Oriente, en La Paz. En Chocó, Brisas, en Riosucio. En Guaviare, Charras, en San José del Guaviare. En La Guajira, Ondores, en Fonseca. En Meta, Yarí, en La Macarena, y La Guajira, en Mesetas. En Nariño, Betania, en Policarpa, y La Playa, en Tumaco, y en Tolima, El Oso, en Planadas, y La Fila, en Icononzo.

¿Allá ya se emprenden movimientos?

Hemos ofrecido toda la disposición para acompañar los movimientos de ingreso a esas zonas. Tenemos nueve definidos para esta semana y la otra, que estaban un poco paralizados por los acuerdos a los que se llegaron en el Yarí, pero ya se reactivan.

¿Cuáles son entonces las zonas que están mucho más atrasadas?

Santa Lucía en Ituango y Miravalle, en San Vicente del Caguán, que ya tienen los contratos de arrendamiento; el caso de La Montañita, que lo paramos para revisar el tema de agua y de distancia de cultivos ilícitos, y Caño Indio, en Tibú.

Caño Indio se moverá...

Si. Por el problema de cultivos ilícitos.

¿Eso de los cultivos es porque las comunidades no quieren unirse a la restitución?

El campamento no puede tener cultivos ilícitos a cierta distancia de la zona y si los hay, se debe hacer dos cosas: erradicación forzosa, que hicimos en el Cauca, por ejemplo, y/o sustitución.

Lo que pasa es que hay unas organizaciones muy fuertes que están exigiendo cosas que el Gobierno no puede cumplir, porque si se cede en una cosa de esas, le toca ceder para todo el país.

 ¿Cuál es el caso de Gallo, en Tierralta?

Hay unas condiciones de salubridad que se están revisando y si es absolutamente necesario se cambia. Creo que ese no está tan complicado y si se mueve se correría a Frasquillo, que es a 10 kilómetros.

Entrando a más detalles de la adecuación, ¿cuáles son esas intervenciones específicas que hace el Gobierno nacional?

Lo primero es la adecuación de servicios, algo que no se ve, pero de gran importancia. Luego, las zonas comunes están compuestas por comedores, cocinas, una cancha de deportes, oficinas y aulas móviles. Hoy estamos con carpas, unas bodegas para alimentos, víveres frescos y secos. Vamos a construir una biblioteca.

¿Hay algún tipo de coordinación con las autoridades locales?

Desde la Oficina del Alto Comisionado hemos hecho pedagogía de paz en todas las veredas y con las comunidades. Hay contactos muy importantes, pero claramente hay insatisfacciones. Son regiones que han sido muy olvidadas y se les abre la oportunidad de reivindicar y pedir cosas, entonces es una discusión permanente.

Claro, tenemos colaboración de la comunidad, pero sí se ve esto como una oportunidad para que digan ‘necesitamos una vía, el colegio’, cosas como esas.

Pero con la Alcaldía, con la Gobernación…

Sí. Esa coordinación es el trabajo de Carlos Correa.

¿Pero todos los recursos son del Gobierno nacional?

Sí. Incluso estamos recogiendo propuestas y solicitudes sobre todo en temas viales e inversión en energía eléctrica. La idea es tener como una primera avanzada con obras de impacto.

¿Cómo coordinan el tema de la alimentación? ¿Está involucrada la comunidad?

Por ahora lo estamos haciendo con la Agencia Logística del Ejército, porque debe hacerse un proceso público. Se han hecho dos intentos, pero no se ha podido. El primero, por el plebiscito, y en el segundo, se presentaron dos proponentes y ninguno cumplió las condiciones, entonces se declaró desierto.

Ahora, para compras regionales por acuerdo con las Farc vamos a abrir procesos regionales pero en el entretanto lo hacemos con la Agencia. El 100 % de los víveres frescos y un porcentaje de los víveres secos los compra en el pueblo, la cabecera o en la región cercana, pues es muy complejo garantizar una cadena de frío.

¿Cómo es todo este tema de la contratación para toda esta logística?

Lo que se estableció fue la posibilidad de una alianza entre Fondo Paz, un fondo creado para estas cosas, y la Unidad para la Gestión del Riesgo. Entonces se acordó tener la asesoría técnica de la Unidad y la contratación a cargo de Fondo Paz.

¿Cuál es el presupuesto que se está invirtiendo en esto? O solo se sabrá cuando terminen todo el proceso...

No necesariamente cuando se termine, pero sí un poco más adelante. Ahora las zonas comunes están teniendo un costo, pero los materiales para los alojamientos es otro, por eso esperamos tener un poco más de avance para tener todo el material comprado y puesto en cada zona. Así tendríamos una cifra más redonda.

Ahora: esto es costoso. No van a ser mil o dos mil millones de pesos, va a ser mucho dinero respetando todos los costos que se maneja en la Unidad de Gestión de Riesgo, pero sabiendo que mover una tonelada de materiales de Quibdó a Vidrí vale de seis a 10 millones, y una tonelada de material no alcanza para mucho.

¿Fondo Paz tiene un régimen especial, o los organismos de control vigilan los procesos?

Claro, son recursos públicos.

¿Cómo se está manejando el tema de salud?, ¿hay centros médicos?

Todavía no hay un centro médico, por eso es importante distinguir entre lo que es el aseguramiento y lo que será la atención en el sitio. Qué pasa: se enfermaba un guerrillero y había que llevarlo al médico pero no lo atendían al no estar afiliado.

La duda era cómo resolvemos la afiliación si no están identificados, entonces se les dijo (a las Farc) ‘deme una lista de los que están en los Puntos de Preagrupamiento, hago una afiliación de emergencia con esos nombres, cosa de que si se enferman los puedan atender’.

Esos son algunos de los problemas con que nos hemos encontrado, incluso muchos de los nombres de esas listas son alias, no tienen cédula. Eso lo hemos aceptado para estar abiertos a la atención, pero no es la lista oficial de las Farc.

El Ministro de Salud habla de seis mil 200 personas, ¿no serían todos los que están en los puntos?

Tengo una lista de más o menos unos siete mil 500 que están en los Puntos. Acá hay unos temas por precisar, por ejemplo para la entrega de alimentos tenemos solo un cálculo. En parte, porque el compromiso es entregarlos cuando lleguen a las zonas y también por la desconfianza.

O sea, nos dieron un dato aproximado por campamento. Pero cuando uno llega allá se le dice al contratista ‘acá son 400’ y ellos dicen ‘no, aquí son 450’ y terminan siendo 460. En todos tenemos cifras distintas, es otra dificultad de esta primera fase en cuanto a los costos.

En zonas comunes tenemos precios unitarios, pero una cosa es construir para 100 o 150 personas, y otra para 300, hay cosas que nos ha tocado ir resolviendo día a día para acomodarnos, porque no hay listas definitivas. Ellos están muy reacios a entregar la información y eso que el día 8, después del Día D, debían darla completa.

¿Cómo se va a manejar el tema de las visitas en las zonas?

El tema es que si estas personas están en las zonas, podemos regularizarlo todo, evitando cualquier incidente, y vamos a tener una recepción en la que ellos van a poder salir y recibir a sus familias.

El cambio de cronograma para dejación de armas cambia el tiempo total de seis meses, ¿se hace precisamente por los atrasos en las zonas?

Es un sistema. El tema de ir a buscar caletas de material inestable no se puede hacer cuando las Farc están todavía regadas. Se hará cuando las Farc estén concentradas, así, si hay algún ilegal allá, se puede enfrentar, pero ahora no podemos correr el riesgo de que tengan una caleta cerca a un punto de preagrupamiento y va el Ejército a revisar. Es muy delicado esto, cuando todavía hay armas.