Un nuevo escándalo le estalló al Gobierno nacional, cuando el presidente, Juan Manuel Santos, objetó una ley aprobada en el Congreso, que obligaba a contratar a las madres comunitarias, para convertirlas en trabajadoras estatales.

Las afectadas se declararon sorprendidas, aseguraron que se les están violando sus derechos laborales y amenazaron con ir a un paro. Especialmente señalan al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para el que prestan el servicio, por no apoyarlas en sus demandas.

La directora del Icbf, Cristina Plazas, defiende la decisión del presidente. De entrada, asegura que todas, las 60 mil madres comunitarias que hay en el país, están formalizadas. También dice que aceptar esa ley tendría un costo tan alto que disminuiría la calidad de atención a los niños, que haría inoperante al instituto y que, incluso, afectaría la posibilidad laboral de las propias madres.

- ¿Con la objeción del proyecto, cuáles son los beneficios que pierden las madres comunitarias?

Lo primero que quiero es hacer un reconocimiento a todas las madres comunitarias que llevan más de 27 años cuidando a los niños de los colombianos. Con la objeción del proyecto de ley por parte del Presidente no se les están violando sus derechos. Quiero aclarar que desde el 2014 las madres comunitarias están formalizadas. Ellas no están por un contrato de prestación de servicios. Al contrario, tienen un contrato de trabajo con todos sus derechos laborales garantizados, es decir, prima, vacaciones, cesantías, salud y pensión. Por tanto, el debate no es sobre la formalización.

- Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la formalización y que entren a la nómina del Estado?

El contrato de trabajo se hace a través de operadores. Desde el Icbf no contratamos directamente a las madres comunitarias. Esa es la diferencia y esa es la discusión. El 80% de la prestación de este servicio, en los Hogares Comunitarios, lo hacen ellas a través de asociaciones que conformaron. Ellas mismas son sus empleadoras. Lo que hace este proyecto de ley objetado no es formalizarlas, sino convertirlas en servidoras públicas. Esto quiere decir que yo tengo que abrir en la planta del Icbf 60 mil nuevos cargos laborales, cuando hoy tengo seis mil.

- Entonces es un tema económico, el del mayor costo de meterlas a la nómina estatal, en vez de tercerizar los servicios…

Aquí no están en discusión garantías laborales, porque nosotros no tercerizamos. Le voy a dar un ejemplo no de las madres comunitarias, sino de uno de nuestros operadores, los padres Capuchinos, que administran el sistema de responsabilidad penal para adolescentes: a ellos los contratamos porque son expertos en este tema y buscan el lugar, contratan a la persona de aseo, al celador, al jardinero, a la manipuladora de alimentos, a los educadores; son los que compran la dotación, los alimentos y hacen toda esta operación, y nosotros les pagamos. El Icbf tiene múltiples servicios: en protección, para los niños en proceso de restablecimiento de derechos, en los programas de familia, en los programas de niñez y adolescencia, y obviamente también los programas para la primera infancia. Son tantos servicios que si lo hiciéramos directamente nos convertiríamos en una empresa logística que desbordaría la capacidad. Por eso es que se hace, no por violar los derechos de los trabajadores.

Preguntas y respuestas 

- Se ha dicho que el Gobierno no quiere pagarles por la demanda en contra del Icbf que falló la Corte Constitucional, ordenando el año pasado el pago de pensiones…

El compromiso del presidente Santos fue formalizarlas y eso se hizo en 2014 través de una Ley de la Repúb lica y su decreto reglamentario. No fue la Corte Constitucional, fue el Congreso de la República, con aval del Gobierno nacional, el que las formalizó. Es que acá la discusión no es la formalización, insisto. Las madres comunitarias tienen los derechos de cualquier trabajador del país y muchos otros beneficios. Ellas tienen preferencias para recibir subsidio de vivienda, son las únicas personas que pueden comprar vivienda usada a través de un subsidio, las hemos capacitado, les hemos dado primaria y bachillerato. Hoy en día más de 20.000 tienen título universitario o son técnicas.

- Ellas insisten en el derecho a tener un contrato a término indefinido, como dice la ley que el Presidente objetó…

A lo que se comprometió el Presidente fue a formalizar a las madres comunitarias. El Código Sustantivo del Trabajo establece el contrato a término indefinido y también el contrato a término fijo. Entonces no vamos a decir ahora que los contratos a término fijo violan los derechos de los trabajadores. Las madres gozan de estabilidad laboral y están contratadas hasta el 2018, porque se pidieron unas vigencias futuras; en el 2018 nuevamente vamos a solicitarlas para que estén contratadas cuatro años más; por tanto, están gozando de estabilidad.

- ¿Cuánto gana una madre comunitaria?

Un salario mínimo. Las madres comunitarias, además, les cobran a los padres de familia entre 13.000 y 25.000 pesos en promedio, y hemos visto casos en que les cobran a los papás 40.000 pesos. Porque el programa empezó como un trabajo comunitario, con el tiempo la ley obligó al Instituto a pagarles una beca. Después de la formalización, ellas, el sindicato y todos los congresistas que las han apoyado, no dejaron que se desmontara eso, así que los papás pagan por dejar a los niños en un Hogar Comunitario. Así que no es solo el salario mínimo, sino también el aporte de las familias.

- ¿Cuál es el costo de afiliar a la nómina de Bienestar Familiar a estas 60.000 madres comunitarias?

Se estima en unos 800.000 millones de pesos y con eso se pueden atender a unos 400.000 niños que hoy no tienen atención integral.

- Si la ley permitiera que las madres comunitarias se convirtieran en servidoras públicas, ¿serían contratadas inmediatamente?

Si se pudieran contratar, las madres comunitarias tendrían que pasar por un proceso de convocatoria pública, como lo establece la ley, con el Departamento Administrativo de la Función Pública, que las obligaría a participar en un concurso de méritos, sin garantizar su vinculación, ya que se requiere el cumplimiento de los requisitos y perfiles establecidos para cada cargo. Eso quiere decir que tendrían que participar en un proceso de selección como cualquier otro colombiano que quiera trabajar en el sector público.

- Entonces, ¿cree que es suficiente con mantenerles la situación laboral como está hoy?

Hoy tienen todos sus derechos y beneficios como los que le estaba contando. Además, desde 1996 sus aportes a salud y pensión eran subsidiadas por el Estado, porque no tenían contrato de trabajo. En salud podían afiliar a los beneficiarios de su grupo familiar, que también lo pueden hacer desde el 2013. Hay un problema, porque durante muchos años las madres comunitarias no cotizaron, entonces las más viejitas no tienen las semanas para pensión. Por eso este Gobierno les dio un subsidio pensional de 280.000 pesos y el Estado les regala a todas las madres comunitarias cinco años de pensión, para que puedan llegar a cumplir el tiempo que requieren. Y es importante mencionar que durante todo el tiempo han estado afiliadas a las cajas de compensación, con un mínimo aporte.

Entonces tampoco podemos decir que durante todo este tiempo las madres estuvieron desprotegidas, porque no es así. Ellas han ganado unos derechos, entendiendo que el programa empezó como un trabajo voluntario y que a través del tiempo se volvieron una fuerza grande, gracias a esa labor tan maravillosa que han hecho durante años. Estamos hablando de 60.000 madres; si fuera tan malo, no se heredaría entre las familias el servicio.

- ¿Cuántos niños hay en el programa de madres comunitarias?

Ellas atienden, aproximadamente a 800.000 niños de 0 a 5 años. Lo que está buscando Colombia es que todos los niños tengan una atención integral. Es decir, no solamente una atención de cuidado, que es lo que hacen muchas madres comunitarias, sino que tengan profesionales que los atiendan y esa oportunidad que estamos dando a las madres, porque más de 20.000 ya son profesionales en primera infancia y tienen estudios en una universidad o en el Sena. Queremos que las madres comunitarias pasen a los Centros de Desarrollo Infantil y que todos los niños estén en esos jardines. Necesitamos que cada vez haya una mejor calidad de servicio, obviamente con nuestras mejores aliadas, que son las madres comunitarias.